Guillermo Moreno acusa al ministro Julio De Vido de generar una política energética inconsistente y de realizar transacciones poco claras y ruinosas en la importación de combustibles. Lo venía haciendo de manera solapada hasta que Cristina Fernández lo consagró “supersecretario”, y ahora de modo explícito delante de grupos más o menos numerosos de empresarios que reúne en su despacho. Es lo que comentan, confidencialmente, los ejecutivos, quienes, por supuesto, fueron a quejarse ante De Vido, su interlocutor habitual. Por ejemplo, el propio Sebastián Eskenazi, CEO de YPF, molesto con las intromisiones y el estilo de Moreno. Pero no solo con eso. En una reunión de directorio de la petrolera el 2 de noviembre pasado, Roberto Baratta –coordinador del ministerio de Planificación, mano derecha de De Vido y director de la compañía en representación del Estado que aún conserva la acción de oro- había votado por segunda vez en el año contra la distribución de dividendos y el alto nivel de reparto de ganancias de la compañía.
Paradójico: fue el propio Gobierno el que había convalidado políticamente a los Eskenazi para adquirir su participación en Repsol YPF –primero del 14% y actualmente del 25,4%- a partir de la distribución y giro del 90% de sus utilidades para afrontar el plan de cuotas previsto hasta el 2018. Sin embargo, hacia fines del año pasado, apareció Moreno y mostró sus dientes en un área ya regulada –los precios de los combustibles, incluidos los del gasoil a granel para el transporte-, aunque esta vez desesperado por frenar la salida de divisas que ponía en riesgo el saldo comercial.
Lo que está en juego. Moreno, De Vido y Eskenazi tienen cuentas pendientes ahora porque el Gobierno busca sinuosamente cambiar acuerdos y reglas que hasta ayer nomás proclamaba y que tenía a cada uno del trío como referente. Por eso, se trata de un choque sórdido de intereses. Es una pelea que se libra sin piedad en la trastienda del poder. Para De Vido, Moreno era un subordinado; ahora no tiene más remedio que obedecerlo. En Gobierno dicen que no es que Moreno se mueva con impunidad: “El resto de los ministros ‘balconea’ y prefiere no meterse ni discutir”, observan, también distantes, en la Jefatura de Gabinete. La dimensión económica del precio del gasoil al transporte de pasajeros y carga -con toda la carga social que representa- resulta marginal al lado del volumen político de la confrontación.
Es lo que surge detrás de la aparentemente escandalosa denuncia oficialista contra la ‘corpo’ petrolera, que apunta a cinco -YPF, Shell, Pan American Energy, Petrobras y Oil-pero se concentra en la marca local porque concentra el 65% del mercado de refinación. “La culpa no es de De Vido antes o de Moreno ahora –arriesga un secretario de Estado vinculado a la negociación con las petroleras-, es de todo el Gobierno por no saber qué hacer en una situación de achique. Y Eskenazi no puede entender cómo lo que para el mismo Gobierno era negocio en el 2008 ahora sea una traición”. Para el funcionario, el esquema del “garrote y la zanahoria”, según la sintética definición de la ministra Debora Giorgi, funcionó. Al fin y al cabo, Paolo Rocca o Cristiano Rattazzi tuvieron que calmar sus pasajeros malos humores y acudir a la Casa de Gobierno a prometer inversiones. En Planificación aseguran que el próximo en cumplir el ritual será Eskenazi. A todo esto, la táctica combonada del “apriete” y la “prebenda” no pareciera afectar el privilegiado diálogo que sostenía, hasta antes de su operación, la Presidenta de la Nación con José Ignacio de De Mendiguren, el titular de la Unión Industrial.
Eso dice el pragmatismo oficial por estos días. Pero no llega a esclarecer el panorama. Mientras tanto, ¿el Gobierno estaría dispuesto, por ejemplo, a admitir el déficit energético al que condujo la política de De Vido que terminó por hundir la balanza comercial que ahora dice defender Moreno? A mayo del 2011, por ejemplo, se pagaba al productor nacional en boca de pozo 2,6 dólares por millón de BTU; por el gas boliviano 8,7; por el gasoil importado a través de Venezuela 23,2 y por el extraído de los barcos regasificadores de Bahía Blanca y Escobar entre 13 y 15 dólares. ¿Cómo fue que persistió durante tantos años semejante desatino importador, o sea, el desaliento de la producción nacional y la promoción de las importaciones? El rojo energético ascendió a 3.000 millones de dólares en el 2011 y se proyecta a 8.000 millones este año.
“Sobreprecio” y “ajuste”. Entre los empresarios, el interrogante clave no tiene más que respuestas confusas. ¿Cómo hará el Gobierno ahora para disimular los inevitables aumentos tarifarios en el transporte detrás de la forzada denuncia contra las petroleras que aplicarían “sobreprecios” cuando, en realidad, fueron autorizados a partir del 2003, en base a un acuerdo que se renovaba anualmente, por la propia Secretaría de Energía?
Dicen que la sangre no llegará al río pero que los acuerdos preexistentes cambiarán. El lunes 23, un grupo de técnicos de YPF se encontró con funcionarios del Gobierno en la Comisión de Defensa de la Competencia, controlada por Moreno, supuestamente para comprobar o desmentir la existencia de “cartelización” en la venta de gasoil al transporte, ampulosa denuncia encabezada nada menos que por un vicepresidente (Amado Boudou) -por entonces a cargo del Poder Ejecutivo-, dos ministros (Hernán Lorenzino y De Vido) y un secretario de Estado (el de Transporte, Juan Pablo Schiavi). Pero la diferencia de precios entre los 90 centavos el litro de gasoil que pagan las empresas de transporte de pasajeros de corta distancia y los 4,50 o 4,80 que llega a costar en los surtidores no es más que el fruto de una regulación oficial que determinó un valor promedio entre el gasoil más caro y el más barato en las estaciones de servicio de las principales abastecedoras de combustibles (ver recuadro).
Los técnicos de YPF explican que en sus estaciones venden el gasoil más barato, pero que para el transporte aplican el precio promedio de los surtidores de las otras refinerías y por lo tanto, existen diferencias: “Si querían cambiar el criterio que aplica la Secretaría de Energía desde el 2003, porque tienen que reducir los subsidios al transporte, lo hubiéramos sincerado a través de una negociación transparente en la mesa de diálogo y no intimidando con denuncias”, se enoja el directivo de otra petrolera local en riguroso off the record. Recuerda, con cierta malicia, que aproximadamente el 70% del precio del combustible en la Argentina se va en pago de impuestos. El año pasado el Tesoro nacional habría entregado unos 6.500 millones de pesos en subsidios para que las empresas transportistas compraran el gasoil (ver recuadro).
Parte de la escalada oficialista centrada contra YPF consiste en apurar las inversiones de su controlante española Repsol. De Vido acaba de retarlos por la demora en poner en valor los últimos descubrimientos de hidrocarburos no convencionales: “Esos descubrimientos han sido producto de políticas acertadas del Gobierno y estimamos que estamos ante unos 200 trillones de pies cúbicos de gas y petróleo que es algo así como multiplicar por diez las reservas de la Argentina –advirtió el ministro-. Que no solo sirvan para hacer crecer el balance de las empresas, no estamos dispuestos a que nos condicionen el valor de esos recursos”. Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, respondió a su modo: “Sí, hay un colosal potencial de producción de gas y petróleo no convencionales (shale gas y shale oil), pero necesitamos mucha plata, producir un barril costará unos 30 dólares solo en exploración y desarrollo”.
Las posiciones fueron distanciándose. Brufau pide “estabilidad regulatoria” para que fluyan las inversiones. Pero en el Gobierno le achacan que si no hubiera sido por Néstor Kirchner -que habría impulsado la participación del capital nacional en las petroleras- hoy esas empresas “no invertirían ni un peso en resolver la ecuación energética argentina”, como suele decir De Vido. Entre los gestos de buena voluntad de los Eskenazi habría que incluir la creación el año pasado del Camión Club Argentino, una alianza estratégica para ofrecer servicios a las empresas de transporte de mercaderías y a los choferes en paradores situados en puntos de alta circulación. En la inauguración de la primera estación acompañaron a Eskenazi, De Vido y Hugo Moyano.
En la mira. Pero los llamados empresarios amigos del poder están en la mira: “Ahora que tienen que cortar subsidios, tratan de descargar las culpas en los demás –constata uno de ellos, decepcionado-: los ricos que pagaban la luz barata, Mauricio Macri que aumenta la tarifa del subte un 127%, las petroleras que aplican sobreprecios, y así seguirán a la caza de culpables reales o imaginarios. No quieren pagar costos políticos. Ni sincerar que erraron el diagnóstico. Están obligados a ir por el ajuste justo cuando empezamos a crecer menos y los dólares no fluyen como antes”. Pronostica, sin embargo, que hay tiempo hasta marzo para que Cristina Fernández reencauce lo que se ha desmadrado.
La escenificación de presuntas y diversas peleas contra las corporaciones -petroleros, bancos, exportadores o multinacionales (aunque tengan participación argentina como Techint)- forman parte del nuevo libreto que convierte mágicamente a ex amigos en enemigos. Una lección de marketing que los empresarios conocen pero que no pueden desenmacarar en público porque, al fin y al cabo, funciona una ley no escrita de llevarse bien con el poder de turno.
por José Antonio Díaz
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