Seguí el caso de Marita Verón con casi la misma superficialidad informativa que la mayoría. Nunca accedí al expediente judicial ni escuché en profundidad a los testigos, acusados o denunciantes. En fin, puedo decir nada sobre la sentencia absolutoria, más que lamentar que la Justicia siga sin condenar a los culpables.
Lo curioso es que, si la mayoría sabe lo mismo o menos que yo sobre esta causa (solo un puñado de personas son de verdad expertas, entre ellas Susana Trimarco, la madre de la víctima), cómo llegó esa mayoría a dictar un fallo social condenatorio e inapelable sobre los acusados que, además, declara la culpabilidad de los jueces de la Cámara Penal de Tucumán.
Me lo pregunto porque le asigno posibilidades a que el instinto colectivo esté en lo cierto:
1) Los sospechosos son culpables, pero los jueces son corruptos y recibieron algo a cambio para dejarlos en libertad.
Pero no tengo información suficiente para descartar que puedan haber sucedido otras cosas:
2) Los sospechosos son mala gente e, incluso, podrían haber cometido otros delitos, pero no estos de los que se los acusó.
3) Los sospechosos son culpables, pero la Justicia genuinamente no encontró pruebas suficientes para condenarlos.
4) Los sospechosos son inocentes de todo delito.
La primera opción -la que vota un jurado social integrado, entre otros, por la Presidenta, ministros, gobernadores, toda la oposición y los medios sin distinción ideológica- está basada en el background de una sociedad que vive en un país en donde los jueces pueden ser comprados y los delincuentes caminar libres. Más cuando están en el banquillo actividades como la trata de personas y la prostitución, que solo existen porque cuentan con la complicidad de jueces, policías y políticos. Los políticos saben bien de qué se trata esto de manejar jueces como si fueran empleados a los cuales se usan hasta que dejan de servir, por eso quizás impulsan la hipótesis de la corrupción con conocimiento de causa.
Ahora, si la opción correcta fuera alguna de las otras tres, y los jueces se ajustaron honestamente a derecho, me dolería estar en sus zapatos. Si el juez Oyarbide se sintió violentado moralmente y se alejó de una causa porque 50 personas le hicieron un cacerolazo, imagínense ser sometidos a un juicio sumarísimo y ser condenados por toda la opinión pública, desde la primera mandataria hasta el periodista más junior.
No tengo idea cuál será la verdad y ninguna de las alternativas me sorprendería demasiado. Incluida la de que la mayoría opina, condena o absuelve, sabiendo poco y nada de una causa judicial.
Dicen que hablar es fácil. Y que ser bueno tampoco es tan difícil. Lo complejo, lo realmente complejo, es ser justo.
Casi preferiría que estos jueces no lo hayan sido. Porque sino, pobrecitos ellos. Y también nosotros.
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