Blogs / 9 de marzo de 2013

Justicia para todos

La “democratización” declamada esconde el verdadero problema de la justicia argentina.

El primero de marzo, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias legislativas, el envío de un proyecto destinado a “democratizar” la justicia.

Lo hizo en el marco de un período signado por la aprobación del acuerdo con Irán donde se subordinó una decisión judicial firme (orden de captura internacional para ciudadanos iraníes) a una decisión política (trocar esa orden por un interrogatorio en el país de origen). Nada de democracia.

Para obtener el quórum necesario, dos legisladores que habían resignado sus cargos para ocupar otros del Ejecutivo provincial, renunciaron a ellos, vinieron desde su lejano destino y fueron devueltos a sus provincias como si fueran “hombres-bala” de los viejos circos. La democracia? Bien gracias.

Es cierto que la Argentina tiene un inmenso déficit respecto de la calidad institucional de la Justicia. En gran parte por la brutal intromisión de que es objeto por parte de “la política”. Sólo en la Justicia federal hay pendientes 57 nombramientos con ternas completas y a la espera de que un “indeciso” Poder Ejecutivo formule el pertinente acto administrativo. El año pasado CFK designó sólo 33 jueces, 74 menos que el año anterior.

La lentitud de los procesos es la otra queja permanente. 6 años de promedio en la justicia civil y 8 en los juicios contra el Estado. Las cámaras de casación que el proyecto esbozado por la Presidente propone, no son de gran ayuda para acelerar los procesos. El otro gran incordio, los largos procesos de familia, fueron dramáticamente mejorados con el proyecto Lorenzetti de reforma del código civil. Bastó que el presidente de la Corte esbozara su voluntad hipotética de “correr” para presidenciable, para que el transatlántico que había montado el oficialismo con la reforma, se detuviera. Para colmo a Lorenzetti se le ocurrió que el “per saltum” en la causa Clarín era una locura.

Del ranking de las mejores justicias de Latinoamérica, la Argentina integra la parte más baja del pelotón junto a Bolivia y Paraguay. Detrás incluso de Venezuela que pese a las apariencias, ocupa un decoroso cuarto puesto después de años de chavismo (régimen poco propicio para la división de poderes, si los hay).

Ahora bien. Dónde está el verdadero déficit de nuestra justicia. Contrariamente a lo que se piensa, el verdadero problema está en el acceso a ella. A la justicia más simple y cotidiana. La del vecino que no puede cruzar de noche las cinco cuadras que lo separan de su casa o vive amenazado por una patota que en la esquina se reúne por las noches. La de aquél al que el Estado le incumple la obligación de llevarle los servicios más básicos y elementales. La del empleado que trabaja “en negro” y no tiene forma de denunciarlo sin perder el trabajo. La del ciudadano que no tiene forma de conseguir un abogado que defienda sus derechos porque no puede pagarlo y el Estado no le provee servicios jurídicos gratuitos. Se sorprenderán cuando les diga esto. Hay 145.000 abogados en la Argentina. Uno cada 260 personas. Uno cada 60 familias, si tomamos la familia tipo. Pero la suma se achica aún más si excluimos a los pobres, cuyo acceso a la justicia es casi nulo. La cuestión es fácil. Los abogados “descremamos” la población. No atendemos a pobres ni indigentes, básicamente. Y el Estado se desentiende de ellos. Capitalismo salvaje. Como parte de las tareas legislativas, montamos un servicio de orientación legal gratuito. Sólo en febrero recibí y contesté 295 consultas. Casi diez por día. Y hablamos sólo de consultas vía twitter, Facebook o mail. Estamos, todavía, hablando de justicia de clase media.

Sumémosle a ello una cultura de violencia para la solución de los problemas. Social y de la otra. La “protesta”, a veces organizada desde los mismos poderes del Estado, acrecientan la idea de la eficacia de la Justicia por mano propia antes que la que el mencionado Estado proporciona.

Un buen “piquete” es la forma más directa para resolver un conflicto. De ahí al “piquete de ojos” sólo hay un paso. La impunidad del que corta una calle impidiendo el paso de quienes van o están trabajando es también una forma de liquidar la Justicia. En países centrales uno ve permanentemente gente con carteles manifestando en la vereda contra empleadores o el propio Estado. Lo hacen ruidosamente y las consignas suelen ser violentas. Pero jamás se les ocurre poner un pie en la calle. Porque ahí aparece el Estado para restablecer esa pequeña Justicia. La pequeña Justicia por donde empieza la verdadera “democratización” pendiente.

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