Política, Sitios Externos / 19 de Junio de 2014

Escenarios de una Argentina en peligro

Ninguna solución es totalmente buena para la Argentina. Los pros y contras de un acuerdo y los costos de volver al default.

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JUEZ ENOJADO. Griesa no disimuló su molestia con las declaraciones de CFK y del ministro Kicillof denunciando extorsiones. Amenazas sin fundamento.

Los términos legales en la pelea contra los holdouts finalmente se vencieron: la Argentina ha perdido en primera y segunda instancia –en el juzgado de Thomas Griesa y en la Cámara de Apelaciones del distrito de Nueva York–, y en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El camino legal parece agotado: no podemos ir más por ese lado. La idea de ganar tiempo, pidiendo a la Corte revisar la decisión de no tratar el caso argentino contra los fondos buitre, tampoco parece viable. El gobierno argentino debería hacerlo antes del pago del 30 de junio junto a otra presentación ante la Cámara de Apelaciones para que  prolongue la medida cautelar que había suspendido el fallo del 2012 del juez Griesa.

Ninguna solución termina de ser favorable. Según ese fallo, no se puede pagar a los bonistas que ingresaron en el canje si no se paga también a los fondos buitre. Ahora tenemos que atenernos a las distintas alternativas que tiene el país a partir de esa sentencia.

El ministro Axel kicillof dramatizó el martes 17 la interpretación sobre sus efectos: “La sentencia parece empujarnos al default, por un lado o por el otro. Esto es lo que se desprende del fallo”. Los escenarios planteados por el ministro son efectivamente riesgosos: “Supongamos que pagamos solo los 900 millones a nuestros acreedores el 30 de junio (de la deuda reestructurada). Pero si los depositamos van a ser embargados y Argentina caería en default no porque no tenga la plata sino porque no la dejan pagar. Si les pagamos los 1.500 millones de dólares a los fondos buitre, además de esos 900 al resto de los bonistas, atrás viene el reclamo por los 15.000 millones que no podemos ni es razonable pagar”.

Descartados los escenarios de  ganar tiempo y de pagar a todos los acreedores, a los bonistas de la deuda reestructurada y a los buitres, una alternativa posible es la negociación con los fondos favorecidos por la sentencia. Podría darse en el juzgado de Griesa cara a cara o a través de un intermediario, como insinuó el ministro al anticipar que viajarían abogados argentinos a entrevistarse con el juez. 

De hecho, si la Corte de Apelaciones no prolonga la medida cautelar, Griesa también tiene el poder de hacerlo mientras duren las negociaciones (obviamente, una eventual negociación con el fondo NML supondría que el resto de holdouts pedirá los mismos términos). Una negociación directa con los buitres, mediada por Griesa, para discutir en qué términos y con qué plazos la Argentina acataría la sentencia, sería la mejor opción, incluso si la propuesta contemplara el pago con bonos a 10 o 20 años, siguiendo con el modelo de indemnización aplicado en el caso Repsol. 

Daños colaterales. En el caso de pagar, hay dos posibilidades: pagar cash, con reservas del Banco Central, algo que sería muy negativo para nuestro país ya que podría consumirse la mitad de sus activos externos. Si bien en lo inmediato habría que afrontar el pago de 1.500 millones de dólares, muy rápido podría sumarse el reclamo del resto de los holdouts, lo que haría ascender el desembolso a unos 15.000 millones. La otra opción de pago es la comentada “variante Repsol”: sería la más conveniente para nuestros intereses, aunque aumentaría la deuda a cubrir por los futuros gobiernos. El pago con bonos dolarizados a 10 o 20 años de plazo.

El escenario del no pago nos haría entrar automáticamente en default. Es claramente la peor  hipótesis. En un momento, hasta se consideró la alternativa de defaultear toda la deuda, tanto la reestructurada en los canjes del 2005 y 2010, como la contraída con los buitres que demandaron a la Argentina. Sería una alternativa aventurada y fuertemente dañina para el país. Y hay otra alternativa más en esta línea que es la sugerida por Kicillof: encarar un nuevo canje de deuda cambiando el lugar de pago. O sea, reemplazar los bonos del 2005 y 2010 y empezar a pagarlos en Buenos Aires en vez de respetar la cláusula que prevé la aplicación de la ley norteamericana en Nueva York. 

Pero la opción de cambiar el domicilio de pago, que el ministro de Economía prometió intentar, sería muy complicada de llevar adelante: en el mundo entero se lo consideraría como una “evasión de justicia”. Y los tenedores de deuda, que sí aceptaron los canjes y podrían sumarse a uno nuevo, no podrían evitar que los fondos buitre se presenten ante el juez Griesa para acusar al país de estar desacatando el fallo.

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