Thursday 28 de March, 2024

POLíTICA | 19-06-2014 18:36

La revancha de los buitres

Cómo interpretan en la capital financiera la estrategia insinuada por la Argentina.

La noticia que se dio a conocer horas ayer por la noche, anticipada por Kicillof en su conferencia de prensa, es que los abogados de Cleary Gottlieb que representan al país se reunirán con los de NML, Aurelius, Blue Angels, y los otros holdouts para comenzar a negociar la semana que viene.

Esa tardía voluntad de dialogar choca con un memo confidencial que se filtró a la prensa en la cual Cleary Gottlieb recomienda no pagarle a nadie, disparar un default, y reestructurar la totalidad de la deuda por fuera del alcance de las corte de EE.UU. El bufete de abogados se negó a comentar para esta nota.

Fuentes cercanas al fondo NML mostraron cautela, remarcando que la hipótesis optimista es que Argentina lleve la negociación hasta el borde del default, para terminar llegando a un acuerdo a último momento que parezca forzado por las cortes que sería más políticamente digerible para las bases del kirchnerismo. Ya en noviembre, NOTICIAS habló en exclusiva con Jay Newman, mano derecha del billonario Paul Singer en Elliott Management, quien dijo que la cuestión se podría resolver en un día si Argentina solamente se sentara a negociar.

Para los buitres, llamados hedge funds por sus estrategias agresivas, lo único que importa es la ganancia. Si le creemos a Cristina, el fondo NML compró bonos argentinos en default por 48,7 millones de dólares en el 2008. Estos “bonos basura”, como se los llama en el mercado, se vendían a precio de remate, pero la posibilidad de que los buitres le tuerzan el brazo al gobierno de CFK llevó a que su valor se recupere.

Más allá del mercado, el fallo de Griesa obliga al país a pagarles a los buitres el valor completo de los bonos, incluyendo intereses atrasados y punitivos, que llevarían su valor a 832 millones de dólares. O sea, un retorno de 1,608%, comparado con 29,7% si hubiesen invertido en el S&P 500, el índice de mercado más amplio de EE.UU.

Aunque Cristina interpretó la orden del juez Griesa como obligando al Gobierno a pagar en una sola vez, en cash, ni los propios buitres esperan eso. El fallo implicaría que hay que pagarles entre 1.330 y 1.500 millones de dólares, dependiendo a quien se le pregunte, antes de poder pagarle al resto de los bonistas que sí entraron en los canjes del 2005 y el 2010 y a los que se le viene pagando puntualmente.

El Día D parecería ser el 30 de junio, cuando el país deba afrontar pagos por 900 millones de dólares en deuda externa, 228 millones de esos del bono Discount bajo ley norteamericana. Pero el gobierno de CFK tendría como mínimo 30 días más, gracias a una cláusula que permite pasarse por esa cantidad de días sin disparar un default.

La forma del posible acuerdo entre el Gobierno y los buitres probablemente incluya una combinación de cash y bonos, y casi con seguridad requerirá la cooperación de los tenedores de bonos reestructurados.

La llamada Propuesta Gramercy en honor a uno de los fondos “amigos” del gobierno argentino (el otro es Fintech Advisory, del mexicano David Martínez Guzmán), estipula que los tenedores de deuda reestructurada lleguen a un arreglo con los holdouts que implique ceder un poco del valor de sus propios bonos, más un “endulzamiento” por parte del gobierno de Argentina que contribuiría fondos. Por último se abriría una nueva oferta de canje “consistente con el canje del 2010, de tal forma que la suma de las concesiones […] sea suficiente para arreglar los reclamos de NML y los demás holdouts”, como detalla el memo de Cleary Gottlieb.

El problema para el gobierno argentino es la necesidad de pagarles a todos los holdouts para evitar volver a litigar el mismo tema. Cristina y Kicillof repiten hasta el hartazgo que el costo para el gobierno sería de 15.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas y un valor elevadísimo.

Los 15.000 millones son muy cuestionados por los que creen que la Argentina puede, pero no quiere, pagar. “Para mí son entre 4.000 y 7.000 millones”, explica Joshua Rosner de la consultora Graham Fisher & Co. en Nueva York. “Dados sus niveles de deuda-producto, Argentina tiene capacidad de pago”, sigue Rosner, que considera que luego de diez años de juicio en juicio, las quejas del gobierno no son más que un capricho.

Sumando otro obstáculo a una posible negociación, está estipulada una cláusula de la reestructuración llamada RUFO (Rights Upon Future Offers) que protege a los que intercambiaron sus bonos en 2005 y 2010. RUFO prohíbe al gobierno de ofrecerles a los buitres una oferta de canje en mejores términos. Desde los fondos buitre argumentan que RUFO no impediría nada, ya que solamente prohíbe una oferta voluntaria por parte de la Argentina, mientras que en este caso estarían forzados por una corte norteamericana.

Pero Cristina si tiene un as bajo la manga: el default. La calificadora de riesgo Standard & Poor’s publicó un informe el martes en el cual resaltan el alto riesgo de default. Para S&P, que cortó la calificación de los bonos argentinos en moneda extranjera, una cesación de pagos bajo condiciones normales parece prácticamente inevitable en los próximos seis meses, ya que Argentina se podría encontrar inhabilitado de pagarles a los tenedores de bonos reestructurados en EE.UU., mientras que intentar un canje de deuda que pague bajo ley Argentina, como anunció Kicillof, se consideraría un selective default.

“Esa sería la peor opción”, dice Rosner. “Un nuevo default que dinamite también la confianza de los bonistas reestructurados, quienes entonces podrían litigar contra la Argentina, resultaría en que los bancos le den la espalda al país, que se evaporen las inversiones extranjeras, y que el país entre en un caos como el que comenzó en 1998, con una devaluación drástica y otro corralito”.

Aunque quizás exagera, Rosner es de los que argumenta que el país tiene que normalizar sus relaciones con el sistema financiero internacional ya. Lo mismo Kicillof, el tema de fondo son las formas. En el memo, Cleary Gottlieb recomendaba defaultear, algo que todas las partes, inclusive el juez Griesa, buscan evitar.

(*) El autor es PERIODISTA de Forbes y Editorial Perfil. Escribe desde Nueva York. 

por Agustino Fontevecchia (*)

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