Friday 29 de March, 2024

POLíTICA | 20-06-2014 08:00

Operación Narco Silencio

La Cámpora protege a CFK. La Justicia desbordada. El rol asistencialista del cura Molina en una Argentina productora.

La cocaína es fuente de poder. Es la respuesta a los denominadores comunes de nuestro tiempo: la falta de límites y los miedos. Siente poder quien la consume, y tiene poder quien la comercializa. Poder económico y también coercitivo. En Argentina, es fuente de poder de oficialistas, pero también de opositores, que encuentran en la negligencia una grieta inobjetable para cuestionar al Gobierno.

Según conversaciones que dio a conocer Wikileaks, ya en 2005, el entonces ministro del Interior y hombre fuerte K, Anibal Fernandez, le aseguraba al embajador americano, Earl Anthony Wayne, que la “batalla contra las drogas está (ba) perdida”. Era una cuestión de nicho. De no haberse filtrado, la confesión hubiese mantenido su privacidad, como también la advertencia que en 2007 le planteó al entonces vicepresidente Daniel Scioli, para que no hablara sobre la lucha contra los narcos en su campaña a gobernador. Se trataba puertas adentro.

Años pasaron desde que fueron copando la escena pública, sigilosamente, causas de relación directa entre el Estado y bandas de narcóticos y crimen organizado. Casi en el final de su administración, Cristina Fernández de Kirchner se topó con un obstáculo sensible, y novedoso para el electorado: policías federales condenados y gendarmes rehenes de bagayeros en la frontera salteño-boliviana. Ciudades como Tartagal y Orán con declaración de emergencia. La renuncia del diputado de Metán, Héctor D'auria, que fue sorprendido con más de 50 kg de drogas en la camioneta que viajaba.

La detención del presidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, junto a un empleado de aduana, tras secuestrarle 350 Kg. de cocaína, en la causa que se conoció como "Carbón narco". Pastores y fieles de una iglesia evangelista a quienes la Justicia les secuestro más de 100 kilos de cocaína a metros del Obelisco. Narcotraficantes colombianos capturados en suelo argentino: Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a EEUU; Henry López "Mi Sangre" de Jesús Londoño, detenido en el penal de Ezeiza; Jesús Yepes Gaviria, acusado de lavado de dinero en Nordelta, e investigado por presunta complicidad con grupos narcos, según denunció el titular de la UIF, José Sbatella.

"Los patrones de movimiento cambiaron y ahora la Argentina forma parte del último eslabón en la cadena de producción de cocaína. A raíz de la guerra contra las drogas desatada en Colombia y México, jefes encumbrados de los cárteles de esos países han emigrado al sur de América Latina, favorecida por la debilidad en el control de nuestras fronteras”, asegura Alberto Forigh, profesor de la Universidad de San Andrés, doctor de Oxford, y especialista en narcotráfico. El mundo cambió y los mercados debieron adaptarse. Si una arteria se vio obstruida por mayores controles, fue necesario encontrar otra salida.

Burocracia de competencias. A nivel local el tema decantó por su propio peso y el Gobierno de CFK comenzó entonces una enérgica batalla por demostrar gestión. “La decisión orgánica fue la de atacar las consecuencias, pero no las causas reales”, sostiene Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Mediante un decreto, la Presidenta dividió el tema drogas en dos grandes aristas: por un lado, un ala más humana, las adicciones; y por el otro, el comercio internacional de estupefacientes, operado por cárteles transnacionales.

La política se ve en la calle. Si bien la organización conserva sus antiguas siglas de lucha contra el narcotráfico, el cura Juan Carlos Molina llegó a SEDRONAR para ocuparse exclusivamente de la prevención. Viajó incluso a Washington a mostrar el trabajo de la Argentina ante autoridades de la OEA. La idea es mostrar gestión a partir del asistencialismo a las víctimas. La parte más sensible pasó a manos del Ministerio de Seguridad, encabezado por la hasta ahora enigmática María Cecilia Rodriguez.

Pese a existir un subsecretario de Narcotráfico, Nicolás Dapena Fernández, que es un abogado ex gerente en Aerolíneas Argentinas, el que sale al barro todos los días es el todo terreno secretario de Seguridad, Sergio Berni. “No hay posibilidades matemáticas de que la persecución policial pueda contra el narcotráfico, es la lucha del gato y el ratón”. Resignado y paradójico. El funcionario citó en una entrevista por radio al personaje de Pablo Escobar en la telenovela colombiana “El Patrón del Mal”.

Los ministerios de Defensa y Seguridad lanzaron el Plan Escudo Norte y Berni se comprometió a controlar los 1300 kilómetros de fronteras en el norte de la Argentina. No hay un solo instante en que alguien no la atraviese con la coca entre los brazos: si no es escondida entre comida, está en cápsulas en el estómago, o pegada al motor del coche, hasta incluso la llevan niños -en abril detuvieron a dos nenes de 6 y 8 años en La Quiaca, Jujuy-. Los pasos legales más complicados son el de Aguas Blancas–Bermejo, en el departamento salteño de Oran, y la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, en Misiones.

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El sesenta por ciento de la cocaína incautada en los últimos diez años fue interceptada en el mar. Lo afirma un informe de la ONU que lleva un titulo que habla por si mismo: “El mercado transatlántico de la cocaína”. Europa es, junto a Estados Unidos, el mayor consumidor de la adictiva sustancia blanca, y hacia allí viaja desde Sudamérica, en barcos.

En este nuevo esquema de intercambio internacional, el paso de estupefacientes por Argentina aumentó de manera exponencial: de 2005 a 2010 incrementó un 640%. La incautación pasó de 2 a 12 toneladas. Gendarmería sostiene, oficialmente, que se retiene sólo un 10% del total de lo que transita. Estaríamos hablando, bajo esa estadística, de 120 toneladas de coca blanca pasando por el territorio de la República Argentina. Son 120 mil kilogramos anuales.

La coraza protectora de La Cámpora. El objetivo de la agrupación militante más cercana al poder fue defender en el Congreso la separación de competencias decretada por CFK. El diputado nacional, nieto recuperado, y camporista, Horacio Pietragalla, puso en marcha una estrategia para pasar el debate del narcotráfico a la comisión de Seguridad Interior, presidida por el kirchnerista Carlos Kunkel.

Firmada también por Eduardo “Wado” De Pedro, Diana Conti y Andrés “El Cuervo” Larroque, la iniciativa busca freezar la cuestión drogas y así impedir el tratamiento de proyectos de ley en la comisión especifica, presidida por el radical Mario Fiad, como así también audiencias públicas, debates, y discusiones, por lo menos hasta las próximas elecciones presidenciales, recién en 2015. “Creemos que la gran problemática no son las drogas -manifestó Pietragalla, en dialogo con Télam-. Este es un problema que tiene que ver con la contención y la familia, y no que es una cuestión de la sustancia”.

La Justicia, de chivo expiatorio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se reunió a fines de 2013 con los jueces del norte argentino, la puerta de entrada del contrabando transnacional. Los magistrados federales denunciaban la “parálisis del sistema judicial”. El máximo tribunal elevó entonces un duro pedido al Gobierno “suplicando” la “intervención necesaria y urgente” ante una situación “inmanejable”.

Lo que piden, entre otras cuestiones, es la creación de nuevos juzgados y nuevas cárceles, mayor presupuesto, y más recursos humanos. Todavía no obtuvieron respuesta, según denuncian. La situación es alarmante: según expedientes a los que accedió NOTICIAS, entre 2005 y 2013 incrementaron un 85% las causas por estupefacientes en Jujuy y Salta. Los Tribunales Federales de Misiones y Corrientes presentan estadísticas similares.

Néstor Roncaglia, director de narcocriminalidad de la Policía Federal, y Roberto Godoy, Director Antidrogas de Gendarmería Nacional, ambos hombres de Sergio Berni, recriminaron públicamente que la “mayor cuota de culpa la tiene la Justicia”, porque es "imposible controlar 1300 kilómetros de frontera por más control que se realice". La Justicia mira para otro lado y reclama la falta de recursos. “Por más perdidos y colapsados que estemos, no podemos dar la imagen de un Estado rendido ante el narcotráfico”, sostiene el camarista federal Jorge Villada.

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