Desde hace más de una década, las noticias que los argentinos traen de sus viajes a Santiago de Chile suelen decantar en la admiración por las señales urbanísticas de prosperidad y por la sensación de seguridad que parece respirarse en las calles, al menos en comparación con la turbulenta cotidianeidad bonaerense. La reelecta Michelle Bachelet y el ex presidente Ricardo Lagos brillan en los relatos argentinos -a un lado y otro de “La Grieta”- como ejemplos de moderación y firmeza, de progresismo maduro frente a los desafíos del capitalismo globalizante. Por eso, el bombazo del lunes 8 en una zona comercial muy concurrida del barrio Las Condes cayó como un balde de agua fría nada simpático para los chilenistas locales. Y la extrañeza se multiplicó por mil cuando los analistas internacionales recordaron que este ataque con heridos graves era el hito más violento de una larguísima serie de acciones explosivas, en general atribuidas a grupos “anarquistas” que operan sin demasiado control de las autoridades. ¿De dónde salió este Chile subterráneo?
A pesar de que estos grupos antisistema vienen actuando desde el primer mandato de Bachelet (2006-2010), y con alta frecuencia (más de 200 explosivos colocados), las agencias de seguridad e inteligencia gubernamental parecen no tener suficiente información correctamente procesada que permita identificar el fenómeno y prevenir sus atentados, que hasta esta semana se seguía debatiendo en la opinión pública si corresponde calificarlos como “terrorismo”, lo cual quizás explique parte de la ineficacia oficial para frenar esta ola que ya atemoriza a las cancillerías de países como Canadá, Australia, España y Gran Bretaña: en sus sitios web, alertan a sus compatriotas por los casos de inseguridad derivados de incidentes “terroristas”.
La primera alarma seria había sonado hace apenas dos meses, con la primera bomba en una estación de subte, pero como se trató de una detonación nocturna que no dejó heridos, pareció más de lo mismo a los responsables de mantener la paz y el orden en la vía pública. A pesar del centenar de nombres de grupos que reivindicaron atentados en la última década, no se cree que haya tanta dispersión en sus objetivos o al menos en sus tácticas. “Es notable el timing de las acciones de estos grupos”, señala Eduardo Sepúlveda, director del periódico digital El Líbero, de reciente aparición en Chile. “Si se analiza la secuencia de los bombazos, se nota una planificación inteligente y sofisticada, que va acompañando la actualidad política y las decisiones judiciales que afectan a los miembros de estas organizaciones. También hay una lógica en la elección de los objetivos, lo cual permitiría descartar que se trate de nada espontáneo." El periodista se refiere a la predilección de estos anarquistas por los cajeros automáticos, particularmente de bancos españoles.
El dato no es para nada anecdótico, porque apunta a la “conexión ibérica” del neoanarquismo chileno. El vínculo con España está más que probado, con nombres y apellidos. Es el caso de Francisco Solar y Mónica Caballero, por ejemplo, quienes fueron detenidos en Chile hace cuatro años por el famoso “Caso bombas”, que aparentemente tenía como objetivo al entonces presidente Sebastián Piñera: los activistas fueron liberados en medio de las contradicciones de los juristas chilenos en torno a la vigencia de la Ley Antiterrorista (que Bachelet pretende revisar, no se sabe ahora si para endurecerla o ablandarla). Pero al poco tiempo los mismos jóvenes actuaron en España, donde acaban de ser procesados por una bomba en la basílica del Pilar de Zaragoza. Mientras la Justicia española los considera terroristas peligrosos, en Chile el Estado deberá indemnizarlos con alrededor de cien mil euros por no haber podido probar sus acusaciones. La impotencia estatal chilena con los anarquistas puede resumirse en números: en siete años de persecución policial, hubo 40 detenidos firmes, pero solo una condena. Los contactos internacionales de grupos muy activos en la web y con inserción universitaria fuerte han vuelto muy costosa, desde la perspectiva comunicacional, cada campaña gubernamental para controlarlos. Desde la derecha, a Piñera le costaba eludir las críticas de organismos de derechos humanos. Y a Bachelet, apoyada en una coalición que incluye al socialismo y al comunismo, le cuesta y le costará zafar de las feroces internas históricas de la izquierda post Pinochet. Es que no se trata de contener una protesta social típica, en general atada a una pulseada presupuestaria. No es una rebelión de los pobres y marginados del capitalismo. Más bien los jóvenes anarquistas parecen la versión decepcionada y radicalizada de Camila Vallejo, la bella líder estudiantil que, luego de convertirse en una celebridad mundial, se hizo diputada oficialista. "Teniendo en cuenta el origen social de elite de algunos de los activistas identificados en estos años, uno podría aventurar que se trata de personas con conexiones sociales en Chile. Este dato abre la pregunta más aterradora de todas: ¿existirán vínculos entre ellos y gente con influencia en las esferas de poder?", se pregunta Sepúlveda.
El interrogante se vuelve corrosivo en paralelo con la llamativa ineficacia estatal para anticipar los movimientos peligrosos del anarquismo autóctono. La inteligencia chilena supo que hace medio año hubo una cumbre anarquista en México donde, según se filtró a la prensa, se decidió un cambio estratégico que subía la apuesta agresiva: de cajeros automáticos a “objetivos humanos”. Eso se llama terror. Y parece que funciona.
Silvio Santamarina
Twitter: @santamarinasilv
por Silvio Santamarina*
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