Mundo / 16 de Noviembre de 2014

México: el país de las masacres

La huella de la narco-política en la matanza de los 43 estudiantes que habían desaparecido en el Estado de Guerrero.

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En México, la historia siempre termina mordiéndose la cola. Los “normalistas” querían viajar al Distrito Federal para estar en la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco. Querían ómnibus que los llevaran a las evocaciones de aquellos cientos de estudiantes acribillados en 1968. Pero no pudieron llegar a la capital, porque también cayó sobre ellos la maldición que recorre la historia de México: el aniquilamiento colectivo de quienes desafían al poder.

Sobre el movimiento estudiantil que inundó la Plaza de las Tres Culturas para protestar contra el gobierno del presidente Díaz Ordaz, llovieron balas disparadas por la policía, el ejército y la banda paramilitar Batallón Negro.

La represión ordenada desde el Palacio de Los Pinos no solo fue criminal; también fue una medida absurdamente desproporcionada. Los estudiantes no estaban por tumbar el régimen del PRI. Fue la estúpida criminalidad de Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobierno Luis Echeverría, lo que hizo de aquella protesta juvenil el punto de inflexión del poder priísta, que a partir de entonces pasó a ser lo que Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”.

Una de las consecuencias de la masacre de Tlatelolco fue la irrupción de una guerrilla. Gracias a su eclecticismo y a no haber roto relaciones con Cuba, México no tenía el problema de las insurgencias apoyadas desde Moscú a través de La Habana. Pero la bestial represión de 1968 provocó, entre otras cosas, el surgimiento del Partido de los Pobres, grupo armado que creó Lucio Cabañas justamente en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban magisterio los 43 estudiantes masacrados por protestar contra el gobierno corrupto del municipio de Iguala y del Estado de Guerrero, y también por querer llegar al Distrito Federal para evocar a los estudiantes acribillados en el ’68.

Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas, y escriban sobre mi tumba, mi último adiós con mil balas”, dice la vieja ranchera que compuso Aceves Mejía y en la que describe lo que parece una marca de identidad histórica de México: los charros, las armas y las balaceras.

De Pancho Villa no se sabrá con exactitud cuántas esposas tuvo ni cuantas balas lo acribillaron en Chihuahua. Lo seguro es que fueron muchas más de las necesarias para matar a un hombre.

La desmesura criminal es una constante en la política mexicana. Y esa desmesura tiene que ver con otra constante: la “feudalización” del poder.

El siglo XX comenzó con el despotismo del “porfiriato” asociado con los señores feudales de gigantescas haciendas con ejércitos propios. La revolución agrarista derribó a Porfirio Díaz y repartió tierras, pero no acabó totalmente con los feudos y sus ejércitos. Décadas de guerra anárquica entre generales de la revolución regaron el país de asesinatos políticos. El revolucionario Emiliano Zapata y presidentes como Francisco Madero, Ventusiano Carranza y Álvaro Obregón murieron baleados en aquel caos del que México salió de la mano de Lázaro Cárdenas y el partido que creó junto a Plutarco Elías Calles para “institucionalizar” la revolución.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aportó a México décadas de estabilidad, pero no lo liberó de la maldición de las matanzas, porque la corrupción y el poder “feudalizado” siguieron generando violencia desmesurada. La masacre de Tlatelolco fue la señal de que el país seguía dominado por ese espíritu brutal que va acumulando cadáveres como mojones que señalizan la historia. Uno de esos mojones fue la matanza de Acteal. Hasta la pequeña iglesia de ese poblado chapaneco llegaron los matones que, el 22 de diciembre de 1997, mataron a 45 indígenas toztziles.

Los paramilitares irrumpieron en el templo con sus metrallas vomitando fuego. Decenas de cadáveres de mujeres y niños quedaron como testimonio de la ferocidad con que los hacendados blancos del sur mexicano estaban dispuestos a castigar cualquier simpatía con los zapatistas del subcomandante Marcos.

En Chiapas, la violencia criminal estaba ligada a la poderosa minoría blanca que, en brutal limpieza étnica, llevaba décadas empujando a los descendientes de los mayas a la selva Lacandona. En cambio la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa tiene que ver con la gangrena que carcome al México del siglo XXI: el narcotráfico.

Los estudiantes mexicanos son los “pajarillos libertarios” que reivindicó Violeta Parra, porque “levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho”. Por eso son blancos recurrentes de persecuciones y matanzas.

En el Estado de Guerrero, donde la pobreza rural coexistió siempre con la opulencia que veranea en Acapulco, las mafias narcos se adueñaron de municipios y controlan ministerios y juzgados.

Todo indica que la alcaldía de Iguala estaba en manos del cartel Guerreros Unidos, a través del alcalde José Luis Abarca y de su esposa, la tesorera de la organización María de los Ángeles Pineda.

Ella es una pieza clave de la mafia creada por el clan de los Beltrán Leiva para enfrentar a Los Zetas y la Familia Michoacana. Y la forma de lidiar con quienes la desafían es el aniquilamiento.

Los estudiantes normalistas denunciaban la apropiación narco del municipio, pero en modo alguno representaban un peligro para el poder mafioso. Sin embargo, fueron tratados como si fueran sicarios de un cartel enemigo.

En el país donde las guerras entre mafias han dejado decenas de miles de muertos, la narco-política entregó los estudiantes a los sicarios del cartel Guerreros Unidos para que los fusilen, por temer que fuesen el instrumento camuflado de una mafia rival. En definitiva, los mató el sino trágico de México; el país donde el poder se atomiza y vive guerras sin final. El país donde la violencia criminal alcanza niveles de delirio y va poblando la historia de masacres.

Después de la orgía de muerte que desató la ofensiva del ex presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, la vuelta del PRI al poder ilusionó por la energía del nuevo jefe de Estado.

El impulso a un acuerdo entre los principales partidos y las iniciativas reformistas de Enrique Peña Nieto generaron la imagen de un Estado vigoroso recuperando el protagonismo y la centralidad. Pero fue una ilusión. Al menos eso parece demostrar el hecho de que la policía municipal de Iguala haya entregado 43 jóvenes a la organización criminal que maneja el poder en muchas alcaldías y áreas claves del gobierno estadual.
Que esos jóvenes hayan terminado muertos y quemados en un basural confirma que el poder en México continúa atomizado.

La historia avanza dejando matanzas a modo de trágicas señales. Ahora le tocó a un grupo de estudiantes que querían llegar al Distrito Federal, para evocar a los que murieron en la represión de 1968. Pero no pudieron porque también ellos fueron masacrados.

* Profesor y mentor de Ciencia Política, Universidad Empresarial Siglo 21.

 

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