El ministro Axel Kicillof había convencido a la Presidenta de que, si lograba fijar el dólar oficial -y ahuyentar el riesgo de una nueva devaluación- hasta febrero o marzo del 2015, la economía mostraría, a partir de entonces, signos de reactivación, impulsada por las primeras liquidaciones de la próxima cosecha. Con esa perspectiva de “ganar tiempo” y “durar”, surgió la iniciativa de canjear parte de los Boden 2015 -cuyos tenedores deben cobrar 6.700 millones de dólares el año que viene, sobre vencimientos totales de deuda por casi 15.000 millones- por otros bonos a más largo plazo, los Bonar 2024. Era una forma de despejar el horizonte de pagos del año que viene.
Pero la convocatoria fracasó y menos del 10% de los bonistas 2015 aceptaron canjear sus papeles. Es que el Gobierno fue incapaz de reaccionar sobre la marcha y suspender la emisión ante la brusca caída de los precios del petróleo, el derrumbe de las Bolsas del mundo y las devaluaciones de los principales países emergentes (ver página 50). Pensó que podía surfear la conmoción financiera global. Y falló. La consecuencia: desde el viernes 11, los rendimientos de casi todos los bonos argentinos en dólares se dispararon 200 puntos básicos, hasta el 16% anual, una sobretasa parecida a la que afrontan las economías en default. O sea que hoy la Argentina está peor que antes de la propuesta de canje: debería pagar una tasa de interés no menor al 16% si pretende tomar deuda en dólares en el mercado internacional de capitales. Los bonos que vencen en el 2017, como el Bonar X y el Global, pagan ahora retornos del 11,6% y del 16% anual, entre las más altas del mundo, tres y hasta cuatro veces lo que pagan los otros países de la región.
¿Acuerdo con los holdouts? En realidad, el mal paso de la gente de Kicillof con el fallido canje se veía venir, a juzgar por los datos que manejaban los inversores de grandes fondos extranjeros que pasaron los días previos por Buenos Aires: sabían que el gobierno argentino se preparaba para rechazar en enero la negociación con los holdouts en los tribunales de Nueva York. El propio secretario de Finanzas, Pablo López, y el viceministro Emmanuel Álvares Agis, dieron a entender que, si les salía bien el canje, no sería tan necesario un acuerdo con los holdouts. “Si la Argentina demuestra que puede financiarse aún en default, ¿para qué acordar con los buitres? Si no tiene ningún efecto concreto en la economía. Que reestructuren la deuda los que vienen”, le sugirió Kicillof a Cristina Fernández.
Los abogados neoyorquinos de la Argentina, Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, tienen orden de no revelar -ni siquiera al mediador Daniel Pollack- si efectivamente el Gobierno se presentará formalmente en enero, una vez caída la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), que da a los bonistas el derecho de beneficiarse con eventuales futuras mejoras a los canjes. La posibilidad de una negociación cara a cara está muy lejos y muy fría
Pero en el propio equipo de Kicillof se descarta que puedan cumplir, al menos de aquí a marzo, la promesa a Cristina de salir a los mercados, levantar el cepo cambiario y soñar con la salida de la recesión en plena campaña electoral. Los inversores apuestan ahora a que la Presidenta intentará sobrevivir a las extorsiones e investigaciones de los buitres sobre la corrupción oficial sin llegar a un acuerdo.
No será fácil. El problema más urgente que enfrenta la economía es la escasez de dólares y, como dice un estudio de la consultora Ecolatina, “las reservas no son muy elevadas, se espera un deterioro en los términos de intercambio (mayor caída de precios de las exportaciones respecto de las importaciones) y habrá que pagar el doble de vencimientos de deuda pública respecto del 2014”. El “piloto automático” -ensayasado por Kicillof el año pasado- estresa aún más el escenario en vez de relajarlo.
Para contrarrestar ese nuevo pico de desconfianza, sobre todo por la evolución de las cuentas públicas en el año de transición hasta las presidenciales, Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central, anunció que, desde enero, los bancos deberán destinar un 6,5% de sus depósitos -hasta ahora el porcentaje era 5,5%- a prestar, principalmente a las pymes, a una tasa máxima del 19% anual (era del 19,5%). “Significará un aumento de más de 13.000 millones de pesos durante el primer semestre del año próximo en esta línea destinada en su totalidad a pymes y minipymes”, precisó Vanoli. La afectación de los nuevos depósitos captados por los bancos entre inversores privados será, por supuesto, obligatoria.
Economía real. Los funcionarios de Economía no lo quieren admitir en público, pero hay dos datos de la economía real que tienden a agravarse en vez de moderarse, y están preocupados:
En noviembre, la industria cayó 5,4% y promedia una contracción del 4,5% anual, el mayor derrumbe desde el 2009. Sin contar que el PBI caerá este año entre -2 y -2,5% y arrastrará otro -1,5% al 2015.
En los últimos dos años, más de un millón de personas -6% de la Población Económicamente Activa (PEA)– quedaron desocupadas. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC reconoce un poco menos: 350.000 habrían perdido su trabajo por la reducción de la PEA y 463.000 por la destrucción efectiva de puestos de trabajo, según un informe de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Los ex funcionarios del INDEC calcularon, en base a la Encuesta Permanente de Hogares -que antes medían y ahora el Gobierna oculta- que el 25,6% de la población es pobre, 9.700.000 argentinos.
Contra la idea ortodoxa de que las inconsistencias macroeconómicas actuales -déficit fiscal, crisis externa, emisión monetaria, tarifas y dólar atrasados- llevan inexorablemente a un nuevo ajuste con devaluación, Kicillof promete para el 2015 lo contrario: una inflación promedio del 24% y la defensa del tipo de cambio casi fijo como contrapeso antiinflacionario. ¿Aguantará ese frágil equilibrio? La dinámica del gasto, por ejemplo, llevó al Gobierno a desembolsar en once meses del 2014 subsidios por 193.000 millones de pesos, un 70% más que en el 2013. El 71% fue al sector energético y a dos empresas: Cammesa y Enarsa. Son las que tienen a su cargo el financiamiento de las tarifas de energía en el área metropolitana y la compra de combustible importado.
¿Cómo desmontar semejante estructura del gasto si se ingresan menos recursos de los que hacen falta y se prolonga el tiempo del desfinanciamiento externo? Así planteadas las cosas, se trata de una herencia impagable.
Existen varios riesgos:
1) si el Gobierno no logra rehabilitar el aporte financiero externo (no solo para la Nación sino para las provincias, YPF y las empresas), los menores ingresos por exportaciones (unos 8.000 millones de dólares menos por la caída de los precios internacionales) obligarán al Banco Central a "optar continuamente entre devaluar o incrementar las trabas a las importaciones", como apunta Ecolatina. "Viviendo con lo nuestro" se profundizaría la recesión o la inestabilidad cambiaria.
2) Si se suma una creciente emisión de pesos para cubrir el rojo fiscal, el cuadro de insuficiencia estructural de divisas, exceso de pesos y expectativas deprimidas, precipitaría un escenario de estrés cambiario. La escasez crónica de reservas presiona al Central a un eventual salto cambiario , no querido pero obligado ante la necesidad de anclar no solo las expectativas inflacionarias sino las devaluatorias.
3) El Gobierno acudirá, en principio, al manual básico de fomentar el consumo y un mayor endeudamiento de la clase media. El espejismo de un rápido "rebote" obliga a los funcionarios a "alinear" la tasa de inflación, el poder adquisitivo de los salarios y el tipo de cambio. "Si pudiéramos acceder al crédito internacional, las expectativas cambiarían radicalmente, aún sin acordar con los holdouts -admite uno de los secretarios de Kicillof más comprometido con los movimientos en el juzgado de Thomas Griesa-. En una palabra, ahora se trata de financiamiento". El funcionario descarta el estrés cambiario, pero acepta que el 2015 "no será un año liviano ni fácil". Sobre todo si la Presidenta se pone al frente de una gran cruzada político electoral continuista. En Economía reconocen que, en más de una ocasión, los objetivos políticos del oficialismo "desarreglan medidas económicas estabilizadoras".
Si es verdad que a mayor financiamiento externo, habrá mayores posibilidades de controlar el tipo de cambio oficial y, por lo tanto. mejores condiciones para contener el aumento de precios en la economía doméstica, el equipo de Kicillof perdió una oportunidad. Obviamente, si el Gobierno -vencida la cláusula RUFO-, acuerda rápidamente con todos los holdouts y logra hacerse de las divisas que necesita, el tránsito será más llevadero. Pero no parece que ello vaya a ocurrir.
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por José Antonio Díaz
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