Mundo, Sitios Externos / 28 de febrero de 2015

Golpe y omertá progre

Dos senadores socialistas chilenos rompieron el silencio de gobiernos y oficialismos, respecto del encarcelamiento del alcalde de Caracas.

Por

Que se cocinen en su propia salsa”, dijo Perón cuando policías cordobeses entraron a los balazos en la casa de gobierno provincial y apresaron al gobernador y su vice, acusándolos de “proveer armamento a grupos civiles marxistas”.
El presidente no se estaba lavando las manos a lo Pilatos frente al golpe del teniente coronel Navarro; estaba avalándolo y, por ende, perpetrándolo.
No le importaba que Obregón Cano y Atilio López fueran dirigentes honestos que habían ganado sus cargos en las urnas. Al presidente le importaba que hubiesen desobedecido su orden de conformar una “lista de unidad” y vencido a la derecha peronista en elecciones internas.
El eco de aquel oscuro febrero de 1974 se escuchó en Caracas, cuando decenas de efectivos entraron al municipio para apresar al alcalde armados hasta los dientes, como si asaltaran la guarida de un capo narco atrincherado con su ejército de sicarios.
Igual que en la Argentina del 74, hoy en Venezuela hay un presidente que llegó por el sufragio y que denuncia al mandatario apresado de encabezar un complot sedicioso; pero, como Perón en Córdoba, lo que hizo en Caracas fue perpetrar un golpe de Estado.
El presidente que siempre denuncia conspiraciones golpistas en su contra, terminó dando un golpe. Nicolás Maduro apresó violentamente a una autoridad estadual que ocupa un cargo electivo. No hay otra forma de interpretar la escena en la que agentes del servicio de inteligencia arrestaron al alcalde de Caracas Antonio Ledesma y lo encarcelaron en Ramo Verde.
Si el golpe cordobés de Perón se llamó “navarrazo” (por el jefe policial que lo ejecutó), el perpetrado en Caracas bien podría llamarse “madurazo”. Lo que no se puede es no llamarlo “golpe de Estado”.
Por eso aturdió el silencio de los presidentes latinoamericanos. Pasaron demasiados días sin abrir la boca. Un alcalde surgido del voto popular fue arrestado a punta de fusil y encarcelado en una prisión militar, y la región no dijo ni mu.
Mientras sólo se escuchaba el reclamo de ex presidentes, varios mandatarios hacían piruetas para eludir conferencias de prensa en la que pudieran pedirles una opinión al respecto. Algunos, incluso, quedaron en absurda contradicción consigo mismos. Cristina Kirchner, por ejemplo, ve “golpismo judicial” en una marcha convocada por fiscales y en las imputaciones y procesamientos que afectan su gobierno, pero no ve “golpismo” alguno en el encarcelamiento ilegal de un gobernante democráticamente elegido.
Más del cuarenta por ciento de los alcaldes opositores de Venezuela están procesados, pero eso no es “golpismo judicial activo”.
Las derivas del sucesor de Chávez están impactando contra sus colegas en la región, aliados o no, porque evidencia un silencio bochornoso. Un silencio que parece una “omertá”.

Antonio Ledesma no es ningún ángel de la democracia. En su pasado hay capítulos oscuros. Cuando en los noventa, para cumplir con el Plan Brady Carlos Andrés Pérez aplicó el ajuste que hizo estallar el “caracazo”, Ledesma gobernaba el distrito federal y estuvo entre los impulsores de la brutal represión militar que dejó cientos de muertos, hoguera social en la que se forjó el chavismo.
Por entonces era miembro de Acción Democrática, la columna socialdemócrata del bipartidismo, que Chávez derrumbó como Sansón al templo de los filisteos. Pero a diferencia del héroe bíblico, el carismático militar sobrevivió y edificó su poder sobre los escombros.
A Ledesma se le pueden cuestionar muchas cosas, sobre todo su actitud durante el golpe del 2002. Junto a Leopoldo López y María Corina Machado, lidera el ala más dura de la oposición; el sector que quiere la salida de Maduro y cuanto antes mejor.
También cometió errores políticos que profundizaron la hegemonía chavista, como promover la abstención opositora en los comicios legislativos del 2005. Como fuere, tres años más tarde Ledesma ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcalde de Caracas, distrito que abarca los cinco municipios capitalinos.
Su radicalismo puede ser considerado “destituyente”, pero los golpes de Estado los sufrió Antonio Ledesma. Al primero lo dio Chávez, y fue un “golpe institucional”: en lugar de encarcelarlo como acaba de hacer Maduro, el líder bolivariano le licuó el poder, promoviendo en el 2009 una reforma administrativa que restó atribuciones y potestad a la alcaldía de Caracas.
El segundo es el que comenzó con el encarcelamiento y se completará con la dimisión o la destitución del cargo que Ledesma ganó en las urnas.

Mientras en Argentina sólo fueron voces opositoras las que reclamaron por Ledesma, en Chile, contrariando el silencio oficialista, encumbrados miembros de la fuerza gobernante exigieron pedir a Nicolás Maduro que cesen los encarcelamientos y que libere al mandatario caraqueño. Y no sólo miembros de partidos aliados al de la presidenta Michelle Bachelet, como el senador democristiano Ignacio Walker, sino del propio Partido Socialista.
Más aún: los hijos de dos próceres de la izquierda chilena derrocados y asesinados por Pinochet, reclamaron a su gobierno que se pronuncie contra la detención de dirigentes y mandatarios opositores en Venezuela.
Esto exigieron al propio partido y al propio gobierno los senadores Isabel Allende Bussi y Juan Pablo Letelier. Los dos pertenecen al Partido Socialista. Allende Bussi es la hija de Salvador Allende, el presidente que murió durante el golpe de 1973, mientras que Letelier es hijo del canciller de aquel gobierno izquierdista, asesinado en Washington por Michael Townley, agente de la DINA, el criminal aparato de inteligencia pinochetista.
La voz de estos dos legisladores socialistas chilenos rompió el silencio de los gobiernos y oficialismos latinoamericanos, con algunas excepciones tímidas como Colombia y Panamá.
Algunos gobiernos callaron por complicidad ideológica. Otros, por la atmósfera política regional, surgida de una larga historia de injerencias norteamericanas contra los gobiernos que no se alineaban con Washington. A lo largo de todo el siglo XX, Estados Unidos impuso aislamientos y reconocimientos de gobiernos, de acuerdo con sus propios intereses.
Por cierto que era indigno aislar o reconocer regímenes siguiendo aquellos designios imperiales. Pero hoy está en duda que sea digno callar si en un país la represión acumula muertos y presos políticos, o si un presidente comete un golpe de Estado distrital, por más cuestionable que sea la posición del gobernante derrocado.
En ese caso, el silencio evoca al Perón de 1974, que sobre la detención y el derrocamiento de Obregón Cano y Atilio López, se limitó a decir: “que se cocinen en su propia salsa”.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *