Sociedad / 20 de Septiembre de 2015

El caso Suris generó un escándalo judicial

La pareja de la vedette Mónica Farro, acusado de narcotráfico, involucró a empresarios cercanos al Gobierno, lo que motivó el desplazamiento de los jueces de Bahía Blanca que investigaban la causa. ¿El fin? Asegurar impunidad.

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Juan Suris hizo temblar al Gobierno.

“Después de la condena voy a poder hablar”, amenazó Mónica Farro. Con el juicio oral contra Juan Suris por narcotráfico en marcha, la vedette volvió a los medios y dejó la puerta abierta para contar otras verdades del caso que desató una guerra judicial en Bahía Blanca. El empresario, acusado de narcotráfico y de comercializar facturas truchas para facilitar el lavado de dinero, había involucrado en su declaración a importantes empresarios allegados al Gobierno. Esto motivó inmediatamente el desplazamiento de los jueces que intervenían en la causa, creen fuentes judiciales, para garantizar la impunidad del oficialismo.

La investigación que decidió encarar el entonces juez Santiago Ulpiano Martínez, quien estaba a cargo del Juzgado Federal nº1 de Bahía Blanca, podría haber salpicado a Lázaro Báez y, por ende, a la familia Kirchner, dado que el propio Suris lo dio a entender en una de sus declaraciones. Sin embargo, todo quedó en la nada cuando fue desplazado al día siguiente de que el Congreso aprobara la ley de Subrogancias, una cuestionada norma que permite cubrir las vacantes de los juzgados con jueces elegidos entre abogados sin pasar por el proceso de selección habitual. Desplazado Martínez fue designado en tiempo récord el integrante de la agrupación Justicia Legítima Alejo Ramos Padilla, violando un punto de la misma ley que el oficialismo había impuesto para cubrir la subrogancias: que el designado fuera natural del distrito donde ejercería. Ramos Padilla ejerce su función de juez federal de Bahía Blanca desde Dolores, a más de 500 kilómetros de distancia.

Desde los medios oficialistas se explicó que Ramos Padilla –hijo del ex juez federal de Morón y actual titular del Juzgado de Instrucción 24 de Capital Federal, Juan Ramos Padilla– iba a solucionar las trabas que existían en los juicios por lesa humanidad, puntualmente contra el empresario de medios Vicente Massot. De hecho, su nombramiento fue apadrinado por Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación HIJOS, Madres de Plaza de Mayo y el CELS. Lo cierto es que el juez Martínez fue separado de su cargo por la mayoría simple del Consejo de la Magistratura, donde la presidente del cuerpo, Gabriela Vázquez, votó dos veces: una para apoyar la remoción y otra para desempatar. Del mismo modo fue designado Ramos Padilla.

Desde entonces, el conflicto judicial se aceleró y el caso Juan Suris hizo que se pusiera la lupa nuevamente sobre la Justicia federal bahiense y los manejos discrecionales del kirchnerismo dentro del Poder Judicial. Antes de ser desplazado, Martínez dispuso una serie de allanamientos a empresas sospechadas de haber aportado a Báez facturas irregulares, en una causa por presunta asociación ilícita y evasión fiscal. Pero después fue separado de su cargo.

Suris ya había dicho al momento de su detención que “comercializaba” las facturas con algunas empresas del Sur argentino. El bahiense, amigo de Leo Fariña, explicó en sus declaraciones cómo funcionaba su negocio y afirmó que existen “movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del sur relacionadas con el Gobierno, municipios de esa zona y con empresarios particulares; en la zona de Santa Cruz, con empresas relacionadas con el Gobierno Nacional y provincial”. Asimismo, afirmó que “todos los movimientos fueron 100% inexistentes” y hasta detalló cómo realizaban la maniobra de evasión impositiva: “El titular de cada empresa me extendía un cheque de la misma a la orden de una de mis empresas, la cual era la que supuestamente le había realizado el trabajo u obra que nunca existió, luego el valor era endosado por mi empresa, cobrado en su totalidad según el monto de la factura negociada, y mi empresa se quedaba con un porcentaje previamente negociado, que oscilaba entre el 15 y el 30% del IVA”.

Sin embargo, de las dos causas seguidas contra Suris, sólo llegó a juicio la acusación por narcotráfico, en la que la defensa denunció la desaparición de cassettes con desgrabaciones claves. Unos días antes, Ramos Padilla sostuvo que en su juzgado “desaparecen cosas”.

En medio de la pelea judicial tras el caso Suris –que podría desbloquear la investigación contra Lázaro Báez en el juzgado de Sebastián Casanello– el juez Ramos Padilla denunció al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad, un hecho que ya había sido aclarado judicialmente con fallos confirmados en todas las instancias. Ahora, el Consejo de la Magistratura buscará destituirlo.

Montezanti, quien ofició de docente universitario en la década de 1970 además de ejercer como abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, afirmó en declaraciones periodísticas que la búsqueda de su destitución está más vinculadas a la investigación por las facturas de Suris: “Digamos que las escuchas de la causa Suris, en las que un narco me hijoputea calificándome de implacable con la ley e incorruptible, no me ha hecho gran favor. Bahía Blanca es el epicentro de grandes desaguisados de imprevisibles derivaciones, incluso políticas y por ello mismo lo removieron injustificadamente y en tiempo récord al juez Martínez”.

El periodista Hugo Alconada Mon detalló que la AFIP halló un nuevo proveedor de facturas truchas que une a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, con Conde Marketing SRL, una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá y Bahía Blanca, donde su vinculación era Juan Ignacio Suris.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura resolvió someter a un Jury de enjuiciamiento a Montezanti en tiempo récord, descabezando de este modo también a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca -la misma que debe supervisar lo actuado por Alejo Ramos Padilla- a la cual le queda un sólo integrante de sus cinco cargos. Esta situación obliga al Consejo a que designe inmediatamente dos nuevos camaristas.

Mientras tanto, la investigación por las facturas truchas de Suris, el que apuntó su negocio a empresas del Sur vinculadas al Gobierno, quedó paralizada. El bahiense siente que le soltaron la mano y quizás sea por ello que Mónica Farro amenaza con abrir la boca.

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10 comentarios de “El caso Suris generó un escándalo judicial”

  1. Listo. Ya cerraron la exclusa. Como en Skanska, que ya todos habían reconocido las coimas y declararon nulas las escuchas. Porque esa causa -como ésta- tapan algo mucho más grande. Ahora nadie va a hablar y los poderosos pueden dormir tranquilos. Mirá vos que Télam ahora cuando habla de Suris (que además de traficar cocaína ha reconocido que vivía de la usina de facturas truchas y de la compraventa de cereal robado), le dice “empresario”…

  2. “desaparición de cassettes con desgrabaciones clave”
    cassettes? en serio? guardan las grabaciones en cassettes?
    a quien quieren engañar? a Mirtha Legrand?
    No me trates de e.stupido.

  3. dESPUES DE LAS ELECCIONES VAMOS A VER SI PUEDEN DESPLAZAR O CAMBIAR DE JUECES,

    VE PORQUE HAY QUE VOTAR A MACRI Y NO A SCIOLI…..?

    Y VOS MONIQUITA, MEJOR DEJA UN VIDEO CON LO QUE TENGAS QUE DECIR, PORQUE SI SE LA VEN FEA, VOS O TU NOVIO CAPAS QUE SE LES DE POR “SUICIDARSE”.. LA CACHAY?

  4. EL DEPORTE de los K: VOLTEAR JUECES… Y (como dice Cristina) “conseguís un juez amigo para que te dé la razón”… IMPUNIDAD TOTAL!

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