Thursday 28 de March, 2024

ECONOMíA | 11-02-2016 16:18

La vuelta al mercado

El creciente déficit público desató una creciente inflación estructural que estancó la economía y disoció los precios internos y externos.

El gobierno saliente dejó una economía que se fue alejando decididamente de un régimen de mercado, tal como lo dejan en evidencia los rigurosos controles al comercio exterior como en el mercado cambiario, además de las tarifas políticas de los servicios públicos. El paulatino cierre de la economía generó una notoria disociación entre precios internos y externos, que fue alejando toda posibilidad de inversión privada. El creciente déficit público se transformó en el único combustible para sostener la economía, y su monetización dio lugar a una creciente inflación estructural desde hace más de 8 años. Las autoridades económicas y políticas de esa gestión entraron en un círculo vicioso que no pudo, no supo o no quiso salir, condenando toda su último mandato al estancamiento económico tras los rigurosos controles cambiarios y comerciales, sumado al notorio atraso de dólar y tarifas. La política económica operaba mirando el corto plazo, concentrada en imponer más controles y más gasto público para sostener la actividad, mientras se agotaban las reservas del Banco Central.

El nuevo gobierno entró decidido a salir rápidamente de ese círculo vicioso que sólo conduce a una crisis macroeconómica, y vuelve a poner el norte de la política económica en un régimen de mercado. Tal como impera en el resto del mundo y en casi todos los países de la región, e incluso en los primeros años de crecimiento a tasas chinas del gobierno de Néstor Kirchner. En solo un mes y medio, la nueva administración buscó quitar todas las regulaciones que llegaron con el "cepo" al mercado cambiario, a las que sumó una notoria eliminación de las restricciones cuantitativas sobre el comercio exterior, el mercado financiero y el flujo de capitales en la economía.

En materia fiscal, se optó por un sendero más gradualista para reducir el gasto público, actualmente sobredimensionado en subsidios para sostener el consumo. Se plantea una estrategia de reducir gradualmente el déficit fiscal y sobre el remanente, evitar monetizarlo, buscando con ello una marcada desaceleración de la inflación.

Riesgos del cambio. Los riesgos en la transición de una economía intervenida a una economía de mercado no son pocos. No sólo por la herencia, el marcado revés del contexto externo y los factores políticos (minoría en ambas cámaras), sino también porque todavía no se tiene asegurado el financiamiento externo. Ya sin reservas holgadas en el BCRA, el crédito externo resulta clave para una transición ordenada sin afectar en exceso el nivel de consumo. En definitiva, el nuevo Gobierno encara decididamente una agenda para volver lo más rápido posible a una economía de mercado, indispensable para que sea el sector privado y no el gasto público el que tome la iniciativa y empuje la economía. El descenso en los términos de intercambio dificulta la transición, por lo que el crédito externo es indispensable.

Respecto a los lineamientos en materia de política cambiaria, fiscal y financiera para 2016, hay que decir que el 70% del déficit primario se explica por la irracional política de subsidios generalizados que llevó adelante la administración anterior. El creciente atraso tarifario con los años incubó una crisis sectorial, que tomó tal dimensión que se transformó en una crisis macroeconómica. El resultado: se perdió el autoabastecimiento energético, además de comprometer las finanzas públicas, la balanza comercial y las reservas, anulando toda posibilidad de crecimiento económico, incluso durante su propia gestión.

Con un nuevo enfoque que permita salir del esquema de tarifas políticas, transformando subsidios generalizados en subsidios focalizados, concentrado solo en el 30% de la población, el gobierno se impuso como objetivo reducir gradualmente el déficit fiscal para no afectar el nivel de actividad. Para 2016 en particular, el objetivo es reducir el déficit primario en 1% del PBI, para cerrar en 4.8% en 2016. Ahora bien, el Gobierno reconoció que el impacto de las promesas electorales de quitas de impuestos (retenciones y ganancias) e incrementos de gastos (extender AUH y devolución de IVA para la canasta básica), elevan el déficit fiscal desde 5,8% a 7.1% del PBI (+1.3%), según las propias mediciones oficiales anunciadas en el Gobierno.

Quita de subsidios. Para cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal, el Gobierno se propone eliminar subsidios por 1,5% del PBI este año, a lo que suma un recorte de otros gastos del Estado en otros 0.8% del PBI. Respecto de la quita de subsidios, vale advertir que la brutal baja del precio de la energía en el mundo, si bien le quita brillo a Vaca Muerta, reduce notablemente el peso de los subsidios en las cuentas públicas, al igual que el déficit de la balanza comercial. En consecuencia, también reduce el costo de sincerar las tarifas fronteras adentro, algunas pisadas desde el 2001, frente a una inflación acumulada de 1.400% en igual periodo. Recién con aumentos entre 6 a 9 veces de las tarifas en los servicios públicos (de electricidad, gas, agua y transporte), uno compensa la inflación acumulada y comienza a ponerse acorde a los actuales precios internacionales. Por el contrario, el precio de las naftas que paga el consumidor están por arriba del precio internacional. El Gobierno dio a entender que el desarme de subsidios cruzados será paulatino.

Las nuevas autoridades reconocen el impacto inflacionario que genera la monetización del déficit fiscal, por lo que no sólo se proponen reducir el rojo en las cuentas públicas, sino también evitar monetizarlo, tal como hace el resto del mundo. Este cambio en la política de financiamiento del sector público permitiría quitar la dominancia fiscal sobre el BCRA, para que recupere el control monetario y en consecuencia de la inflación. En efecto, todo déficit fiscal se transforma en deuda o inflación, dependiendo de cómo el Gobierno de turno decida financiarlo. Cuando el déficit fiscal se monetiza, la inflación será la consecuencia. Por el contrario, cuando se toma deuda para financiarlo, los precios dejan de subir, para que empiece a subir la deuda pública. Si el déficit fiscal es elevado y no se actúa para reducirlo, ambos caminos conducen a una crisis económica, no importa cuál se elija. La Argentina tiene ejemplos de crisis por abusar de ambos tipos de financiamiento. Llegó a la hiperinflación y también al hiperendeudamiento, por lo que la mejor elección es no tener déficit fiscal o minimizarlo.

En 2015 el Gobierno reflejó un déficit fiscal de 5.8% del PBI, de los cuales 3.2% del PBI se monetizó, y el resto lo financió principalmente con deuda flotante. Respecto a la parte que monetizó, implicó una transferencia de 178.000 millones de pesos del Banco Central al Gobierno, lo que explica el 40% de aumento de la base monetaria. El ministro de Economía estimó que la monetización del déficit se mantendrá en montos nominales similares a los del año pasado ($178.000 millones), pero ante el nuevo nivel de base monetaria, implicará un incremento del 25%. Posibilitará con todo una menor demanda de asistencia financiera al Central. La menor monetización del déficit fiscal, permitirá que la base monetaria reduzca su tasa de crecimiento desde el 40% del 2015, a 25% en el 2016. Es decir, el nuevo Gobierno se propone bajar gradualmente el déficit fiscal para reducir su monetización. Quitar la dominancia fiscal es condición necesaria para que la autoridad monetaria recupere el control de las reservas como de los agregados monetarios, y en consecuencia, retomar el control de la inflación.

Reflexiones finales. A fines del 2006 la economía mostraba claros signos de que se había recuperado de su peor crisis del 2001/2, tal como reflejaba el PBI per cápita en valores similares al récord de 1998. Con la tasa de desempleo nuevamente en un dígito y la creciente tensión sobre los precios, eran las señales para comenzar a desarmar la acertada política de subsidios necesaria para salir de dicha crisis. Pero lejos de leer las señales, el Gobierno decidió destruir las estadísticas públicas, marcando el inicio de un camino sin retorno. En el 2009 llegó la crisis internacional con sequía local, y el gobierno agotó todo el superávit fiscal para hacerle frente. En 2010 y 2011 el mundo se recuperó al igual que la cosecha, pero el Gobierno no recuperó el superávit fiscal. Todo lo contrario: se insistió con más subsidios, ahora a costa de la monetización del déficit fiscal y agravado por la reaparición del déficit energético en la balanza comercial. A fines del 2011 se impusieron rigurosos controles cambiarios y comerciales, para sostener el atraso cambiario y tarifario, alejándose peligrosamente en una economía de mercado, y sentenciando al estancamiento de la última presidencia K. La intervención discrecional en la economía alejó la inversión privada y dejó al gasto público como única herramienta para sostener el consumo.

* ECONOMISTA, consultora Econométrica.

por Ramiro Castiñeira*

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