Economía / 31 de mayo de 2016

Reacomodamientos en el gabinete: sintonía fina del voto

Los buenos índices llegarían con las fiestas de fin de año y la reactivación en marzo del 2017. Empalme con el proceso electoral. Galería.

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De los casi cinco meses que lleva de gestión, Mauricio Macri se ha pasado la mitad del tiempo pidiendo perdón por el ajuste e insinuando que encontró una economía más colapsada que la que esperaba. Se habría visto obligado, por lo tanto, a tomar medidas drásticas, más dolorosas que las previstas, de shock, no gradualistas como las prometidas.

Quiere decir que a la herencia caótica de una economía que no crecía ni generaba trabajo hace cuatro años, el macrismo habría decidido sumarle las últimas facturas de una nueva devaluación y su enésimo traslado a precios y recorte del poder adquisitivo. De esa ortodoxia ordenancista se habrían querido diferenciar algunos funcionarios como los ministros de Hacienda e Interior, Alfonso Prat-Gay y Rogelio Frigerio. Por supuesto, esta es una historia que justifica la dureza del ajuste inicial y por qué se disparó automáticamente la pobreza, se hundió el consumo y los tarifazos paralizaron aún más la actividad. “A estos hay que adoctrinarlos en la sintonía fina del voto popular”, se escuchó despotricar a los keynesianos del PRO. Sin embargo, pese al efecto letal de la recesión combinada con una inflación acelerada, de aquí a fin de año –según el discurso oficialista– vendría lo mejor: inflación de 1,5%/ 2% mensual y reactivación de las obras de infraestructura pro empleo. Y sin crisis ocupacional.

Son las promesas que se escuchan (sin demasiadas precisiones, ni estadísticas ni técnicas, por parte de los funcionarios), pero resuenan en medio del escándalo generalizado por el desmedido impacto de los aumentos tarifarios de luz y gas sobre provincias, pymes, clubes de barrio, escuelas, gobernaciones e intendencias. El Ministerio de Energía y Minería de Juan José Aranguren tuvo que hacer excepciones en el caso del gas y reconocer que se le había ido la mano: los pequeños comercios, las pymes y los entes oficiales de todo el país (que corresponden a las categorías tarifarias SGP1, SGP2 y SGP3) podrán pagar el 50% de los consumos correspondientes al nuevo cuadro tarifario de este invierno (entre abril pasado y septiembre próximo). La otra mitad, en tanto, será financiado por el Estado, pero los beneficiados deberán abonar la diferencia en cuotas en los períodos de bajo consumo, entre octubre y marzo de este año y 2017, así como en los mismos meses del año próximo y del 2018.

¿Y el sentido común? El límite del sentido común –según el criterio numérico que hizo trascender el Gobierno– serían aumentos de los servicios públicos que no superen el 400%. ¿Por qué no se evaluó antes la capacidad de pago de industrias, de consumidores resindenciales y y del 40% de la población que tiene ingresos en negro, incluso dentro del propio Estado? ¿Hacían falta correcciones del 1.200% de golpe después de 14 años de congelamientos tarifarios? Sólo así, negociando con los gobernadores un “techo” del 400%, el Gobierno evitó otorgar nuevos subsidios o retrotraer las tarifas, dos alternativas que hubieran puesto al desnudo las improvisaciones de los funcionarios y la falta de un diagnóstico técnico previo más ajustado a la realidad (en realidad, más profesional). Para los usuarios del servicio eléctrico en las provincias del nordeste argentino que no tienen acceso al sistema troncal de gas natural (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), por ejemplo, se aplicará la Tarifa Social Federal que duplicará su umbral de consumo gratuito de 150 kWh/mes a 300 kWh/mes a partir del 1 de junio. El costo adicional lo cubrirá el Estado. La medida del papelón todavía no se conoce escondida en centenares de presentaciones judiciales, medidas cautelares y reclamos de nuevos subsidios para pagar los que, presuntamente, fueron eliminados. Hay otras voces que sugieren, en cambio, ver la película y no solo la foto.

Por ejemplo, para Guillermo Oliveto, analista de los mercados de consumo, “la sociedad argentina es precisa y realista. No desconoce las restricciones por las que está pasando pero tiene la esperanza de que, en el largo plazo, va a estar mejor”. Sobre la base de una encuesta entre 1.000 casos, que su consultora W realizó entre el 2 y el 12 de mayo, detecta que apenas un 12% de las personas piensa que las cosas hoy están bien en la Argentina, pero ese porcentaje se eleva al 63% cuando se proyecta la situación económica del país dentro de un año. “Esta esperanza en el largo plazo –observa Oliveto– es un gran potencial para el Gobierno, en la medida en que pueda conectar la realidad con ese deseo latente de la gente a futuro”. En una palabra, el clima actual (“de época”) sería mejor de lo que parece: el 64% de la gente dice estar “tranquila”, el 75% se define como “contenta” y el 80% “esperanzada”. Todos valores que crecieron respecto de octubre del 2015, antes de las elecciones presidenciales. Y pese a que el 86% evalúa que las medidas tomadas fueron de “shock” y las hubieran preferido “graduales”.

Seis meses a un año. El desmanejo político de un gabinete en general manejado por CEOs, ingenieros y economistas empeoró las ratios de eficiencia gubernamental: al megagabinete de Macri le insumió casi un mes desembarazarse de una ley antidespidos que una fracción del peronismo opositor logró instalarle como casi exclusiva agenda. No fue gratis: costó un veto presidencial poco equilibrado y bastante antinómico como son los vetos: o blanco o negro. Mientras tanto, se alargó el tiempo de espera para la gran meta de la reactivación de las obras de infraestructura, que llegará más cerca del 2017 que de este. Macri ya lo dijo: “En un año se verán los frutos”. Mientras tanto, habrá que remontar el “desastre” de la constante pérdida de los ingresos de las familias y de los trabajadores. Sólo en el primer trimestre del año, el salario real promedió una caída del 5,5%, según una estimación del Ieral. Otros estudios proyectan una caída del 10% de caída del poder de compra para el primer semestre de un año que terminaría con un índice inflacionario de 38% en el área metropolitana. El economista Claudio Lozano no se atreve a hacer un pronóstico y duda que este año se puedan recomponer ingresos, pero espera para lo que queda del año los aumentos nominales de salarios de las paritarias y los efectos de las medidas de compensación social (como la extensión de la AUH y la devolución del IVA), en un contexto de suba mensual de precios de no más del 2%. “Podrían ponerle un tope a la caída del consumo y un piso a la recesión”, cree Lozano. Pero en medio de un retroceso generalizado de los ingresos. Del otro lado del mostrador, en la consultora CCR, apuestan a las expectativas: “Para el 60% de la gente es lógico lo que pasa hoy, se vende a precios más bajos, y lo entienden como un proceso anterior a recuperar poder adquisitivo y a que las cosas mejoren de acá a un año”.

 

2 comentarios de “Reacomodamientos en el gabinete: sintonía fina del voto”

  1. Un mensaje pa’ alguien del gabinete, si es que le llega el mensaje, me refiero al Ministro de Educación:

    “La inorancia es material
    pa’ ser esclavos baratos
    desparramados o en hatos
    son carne pal matadero
    sin tabaco, ni yesquero,
    ni camisa, ni zapato.”

    Esto lo escribió mi querido amigo José Larralde, y ahora está en Ud. Sr. Ministro de Educación. Fueron muchísimos años de esclavos baratos por falta de educación, ahora debemos revertir esa situación y tal vez, y lo repito, tal vez, podremos llegar a tener un país en serio. Muchas gracias por prestar atención Sr. Ministro.

  2. Mauricio, la única persona capacitada en materia de energía en Argentina tiene nombre y apellido, Carlos Bastos, espero, por el bien de los argentinos, verlo en el próximo recambio de gabinete.

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