Opinión / 28 de agosto de 2016

La patria abogadil

James Neilson analiza los efectos del fallo negativo de la Corte Suprema frente al aumento de las tarifas de los servicios.

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Ricardo Lorenzetti por Pablo Temes
Ricardo Lorenzetti por Pablo Temes.

Cuando la Corte Suprema optó por torpedear la política energética del Gobierno, asestándole un golpe feroz que a larga podría tener repercusiones económicas sumamente negativas para el país, y por lo tanto a los pasajeramente beneficiados por el fallo, casi todos atribuyeron el revés a la ineptitud política de Mauricio Macri, Juan José Aranguren y otros funcionarios. Señalaron que, de habérselas arreglado para congraciarse con Ricardo Lorenzetti y compañía, algo que, según parece, hubieran podido hacer celebrando a tiempo audiencias públicas no vinculantes antes de aumentar las tarifas de gas para los habitantes de las zonas más ricas del país, los macristas se hubieran ahorrado muchísimos problemas.
Estarán en lo cierto quienes amonestan al Poder Ejecutivo por no haber prestado la debida atención a su relación con el Judicial, pero el que Lorenzetti, acompañado por los jueces Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, haya podido aprovechar un error de procedimiento para castigarlo brutalmente sin preocuparse por las consecuencias concretas nos ayuda a entender una de las razones de la prolongadísima debacle argentina. Es en buena medida obra de una clase política que siempre se ha manifestado más interesada en pormenores jurídicos caprichosamente interpretados que en los meros detalles socioeconómicos.
En el elenco estable político del país escasean los cultores de las ciencias duras, los economistas “ortodoxos” y, a pesar de algunas excepciones notables comenzando con Macri que, como es notorio, sencillamente no entiende los códigos políticos locales, los ingenieros o empresarios. Quienes dominan el escenario son los abogados, personas que tienen mucho más en común con Lorenzetti que con intrusos como Macri y Aranguren, excéntricos que, a diferencia de los políticos de raza, toman en serio los números. Aunque sólo un tercio de los diputados y senadores actuales posee el título correspondiente, a través de los años ha sido tan contagiosa la mentalidad de los miembros de la cofradía abogadil que sería un grave error subestimar su influencia en el desarrollo del país que, a juzgar por los resultados concretos, ha sido calamitosa. En otras épocas, muchos escépticos criticaban a “los doctores” porque no sabían manejar a los militares; por fortuna, ganaron aquella batalla, pero si logran derrotar a los ex CEO que, para indignación de muchos políticos e intelectuales, ocupan puestos en el gobierno de Macri, los perjudicados se contarían por millones.
Sociedades complejas como la argentina no podrían funcionar sin los aportes de los juristas, pero no conviene exagerar; permitirles encargarse de la política energética, cuando no de la economía en su conjunto ya que hay tanto en juego, es demasiado.

El imperialismo judicial es malo por muchos motivos. El principal tiene que ver con la forma de pensar o, si se prefiere, las deformaciones profesionales que son propias de los productos de las facultades de derecho. Tales personas propenden a subordinar todo a abstracciones seductoras sin preocuparse por los molestos detalles prácticos. A los más pedantes y leguleyos les encanta perder años hablando de nimiedades antes de decidirse, de ahí la lentitud tortuguesca que es una de las características más llamativas del sistema judicial. Asimismo, aunque los abogados son conservadores por naturaleza, herederos orgullosos de una tradición que se remonta al Imperio Romano hasta tal punto que algunos parecen sentirse más afines a los juristas que fueron convocados por Justiniano en el año 530 de la era cristiana que a pensadores más recientes, casi todos hablan el lenguaje progre con fluidez envidiable.

La proliferación entre los políticos de letrados no ha inspirado una resistencia generalizada a permitirse corromper, lo que no es sorprendente puesto que, desde que su oficio hizo su aparición en el Areópago de Atenas, los abogados no se han destacado por su honestidad. Tanto aquí como en el resto del mundo, el prestigio del gremio está por los suelos, en parte porque, según las circunstancias, muchos están dispuestos a argüir con convicción aparente a favor o en contra de cualquier curso de acción, por estrafalario que fuera a ojos de los demás. Conforme a los sondeos, si no fuera por las proezas del sindicalismo, el Poder Judicial sería la institución más despreciada del país, la que menos confianza merece.
De acuerdo común, el fallo de la Corte Suprema destinado a frenar por un rato el aumento tarifario fue “político”. Se da por descontado que se trataba de un intento de la gente de Lorenzetti de mejorar su propia imagen compatibilizando los intereses de distintos grupos sociales que, huelga decirlo, no incluyen a los más pobres; cuando compran una garrafa, ellos sí tienen que respetar las despiadadas leyes del mercado.

De todos modos, incluso los populistas más rabiosos parecen entender que, andando el tiempo, las tarifas de gas, luz y agua terminarán dependiendo más de la oferta y la demanda, los costos de producción, la necesidad de invertir muchísimo más en el sector y otros factores imprevistos por los juristas que de las maniobras presuntamente solidarias de los doctores de la Corte Suprema o, huelga decirlo, de magistrados militantes resueltos a hacerle la vida imposible al odioso neoliberal Macri. Aunque el país propuesto por sus señorías en el que las leyes económicas queden subordinadas a las suyas sería muy superior al existente, sus esfuerzos en tal sentido no servirán para modificar la dura realidad.
Además de temer que el fallo de Lorenzetti sirva para que la inflación se les vaya de las manos, lo que bien podría suceder en los meses próximos, los macristas rezan para que los inversores en potencia, tanto los nacionales como los de otras latitudes, tomen su reacción estoica frente al zarpazo por evidencia de su voluntad férrea de acatar la ley, no por un buen motivo para suponer que la clase política argentina es tan incorregible como muchos sospechan. La preocupación que sienten los miembros del equipo económico gubernamental puede entenderse. A través de los años, abogados astutos, de opiniones políticas contundentes, han intervenido una y otra vez para estorbar las negociaciones del gobierno de turno con acreedores en torno a temas como la deuda externa en base a planteos que han dejado perplejos a interlocutores no familiarizados con la barroca tradición jurídica nacional.
De difundirse por los centros financieros del mundo la impresión de que los interesados en invertir en la Argentina correrían el riesgo de encontrarse atrapados en un costoso laberinto legal, se vería frustrada la gran esperanza macrista de que el país pronto reciba tanta plata procedente del exterior que no le sea necesario seguir ajustando. En tal caso, los años venideros no serían nada agradables para el grueso de la población que, a diferencia de la elite política y judicial cuyos miembros a menudo disfrutan de un nivel de vida material que sería más apropiado para un país tan rico como Suecia que para uno de un ingreso per cápita escuálido como la Argentina, tiene que convivir con la realidad.
Ahora bien: desde hace más de medio siglo, los interesados en el extraño fenómeno argentino, el de una sociedad que en teoría debería “estar condenada al éxito” pero que, con la aprobación aparente de amplios sectores ciudadanos, se las ha ingeniado para fracasar según los criterios internacionales en boga, se ven ante una pregunta inquietante. ¿Cuenta una sociedad que con regularidad deprimente desaprovecha las oportunidades para prosperar con los recursos culturales, en el sentido antropológico de la palabra, que le permitirían recuperarse?

Aún no sabemos la respuesta a este interrogante clave. Con todo, son tantos los comprometidos de un modo u otro con distintas variantes del modelo corporativista disfuncional que se consolidó justo a tiempo para impedir que la Argentina participara del gran boom económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial que es legítimo dudarlo. Aunque a veces, como ocurrió a fines del año pasado, la mayoría parece entender que será necesario cambiar muchas cosas para que por fin el país levante cabeza, hasta ahora las periódicas tomas de conciencia han sido pasajeras; luego de reagruparse, las fuerzas reaccionarias han logrado defender el orden populista que les parece natural.
Lo mismo que en otros países latinoamericanos, los resueltos a perpetuar el statu quo no se creen conservadores sino progresistas natos. De importarles más los datos concretos que sus presuntas intenciones, el que a través de los años el país se haya hecho cada vez menos inequitativo los obligaría a modificar radicalmente sus ideas acerca de cómo alcanzar los objetivos que dicen haberse propuesto, pero parecería que virtualmente todos dan prioridad a su propia ubicación en el tablero político, aliándose coyunturalmente con el gobierno cuando las encuestas les dicen que les sería aconsejable o asumiendo una postura opositora si por algún motivo les parece provechoso. El juego así supuesto puede ser fascinante para los integrantes vitalicios de la clase política nacional que, claro está, incluye a los sindicalistas y los miembros de la familia judicial, pero no beneficia en absoluto a la ciudadanía rasa.

 

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