Cuando Luis Manuel Pericás, vecino de Santiago del Estero y dueño de LV 7, Radio Tucumán, comenzó a batallar legalmente contra la discriminación en la distribución de la pauta de publicidad oficial que sufría su emisora, no imaginaba que terminaría en la cárcel. Según él mismo denuncia, su caso es un ejemplo de la manipulación política del sistema judicial en su provincia, que inventa excusas para mantenerlo tras las rejas. Para el empresario, hay una sola explicación: un sector político y empresarial quiere adueñarse de su emisora.
En septiembre del 2016, Pericás fue detenido en la sede porteña de la Asociación de Radiodifusoras Privadas de Argentina (ARPA). El empresario había viajado a la Capital para disertar sobre cuestiones relacionadas con la actividad periodística y empresarial. Desde ese entonces, se encuentra detenido en una comisaría santiagueña.
Pero la detención de Pericás fue sólo el resultado de una historia que había comenzado mucho antes, cuando el empresario inició un reclamo legal ante las autoridades por el cobro de la pauta oficial, que durante años le había sido denegada. En un principio, su demanda prosperó y Pericás consiguió que un juez penal trabara un embargo sobre fondos provinciales para que se pagara lo adeudado a LV 7.
Sin embargo, con el correr de los meses su situación se complicó. En la actualidad, las autoridades consideran que Pericás perjudicó el patrimonio tucumano debido a que el embargo recayó sobre el dinero que la provincia recibe en concepto de coparticipación federal. Además, le adjudican haberse confabulado con tres jueces santiagueños para conseguir la medida cautelar que le permitía cobrar la pauta. Le rechazaron la excarcelación alegando que no existe certeza sobre su domicilio real y que, por lo tanto, hay peligro de que se fugue.
Hasta el momento, Pericás ya pasó cinco meses y medio en prisión. Su detención, subraya, es el resultado de una maniobra armada por un acuerdo entre familiares, políticos y empresarios que tiene como objetivo final desapoderarlo de la radio y de sus bienes, ubicados tanto en Santiago del Estero, como en Tucumán y Buenos Aires. El empresario señala con nombre y apellido a quienes cree que están detrás de la operación: habla de quienes gobernaron Tucumán hasta hace poco, de los que hoy lo hacen, de un importante empresario santiagueño y dicen que todos ellos están denunciados en el expediente. Para él, la Justicia de su provincia es funcional a este grupo.
En la misma línea, asegura que todas las acusaciones en su contra son falsas. En relación a la supuesta estafa del patrimonio provincial, Pericás insiste en que su reclamo se realizó por la vía correspondiente y que hasta el propio Fiscal de Estado de Tucumán había dictaminado que correspondía el pago de la pauta publicitaria. Además, subraya que no hubo ningún tipo de perjuicio para Tucumán, ya que él entregó como contracautela en favor de la provincia un listado de propiedades que superan más de diez veces los montos embargados. Al mismo tiempo, al hacerse los pagos, existía en forma simultánea en favor del gobierno provincial, un crédito en segundos de publicidad oficial para ser utilizados en la radio.
Pericás considera que todo el proceso en su contra está viciado, incluso los argumentos con los que le denegaron la excarcelación. Su familia hace más de cien años que reside en el mismo lugar y en la puerta de su domicilio hay una placa que la individualiza. Además, sabe que los propios jueces que afirman que él no tiene domicilio fijado, lo conocen hace más de treinta años y saben perfectamente dónde vive.
La situación procesal de Pericás es absolutamente irregular, ya que recién ayer se legalizó su detención a través de un auto de procesamiento, como indica la ley. Todas estas cuestiones son las que siembran dudas sobre las verdaderas intenciones del proceso. Además, sus abogados insisten en que sistemáticamente se les niega el acceso al expediente y sus copias.
Verdades o mentiras, picardías o injusticias, acusaciones que tal vez algún día se prueben o no, todo parece indicar que en Tucumán y Santiago del Estero las cosas y los pleitos se dirimen en forma distinta a lo que reglan los códigos de procedimiento.
*Abogado penalista
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