Economía / 10 de Mayo de 2017

Temor de empresarios argentinos por el día O, de Odebrecht

El 11 de mayo dos arrepentidos brasileños declararán ante fiscales argentinos; inquietud entre políticos K y macristas.

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Carlos Ben, ex presidente de AySA. Foto: Juan Obregón.

Es el día O. O porque es el 11 de mayo. O por Odebrecht. Ese día dos cueveros o doleiros, como los llaman en Brasil, arrepentidos del caso Lava Jato, Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, declararán por videoconferencia ante los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado. Será la primera vez que testimonien ante la Justicia de la Argentina, y eso genera preocupación entre políticos y empresarios de este país.

“Si yo hubiese hecho negocios con Odebrecht estaría preocupado”, comenta un poderoso empresario de la construcción argentina. Otro alto ejecutivo admite: “El mundo empresario argentino está en estado de shock a la espera de la inminente publicación de la lista del FBI de los 35 millones de dólares de sobornos pagados por Odebrecht en la Argentina. Y esta sería sólo la primera revelación de arrepentidos con relación a nuestro país. El gran temor empresario es que todo el sector sea sentado en el banquillo de los acusados frente a la sociedad. ‘Todos somos Odebrecht’, se imaginan en las cámaras, comenzando con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Solo basta repasar las obras de Odebrecht en la Argentina, quiénes fueron sus socios y subcontratistas, para tomar una dismensión del escándalo en ciernes. Sólo los pecadores saben que están en esas listas del FBI, sus grandes estudios de abogados están preparando las defensas”.

Contratos

¿Cuáles fueron o son los socios de Odebrecht en la Argentina? Como parte de la política de transparencia que adoptó después de que su dueño, Marcelo Odebrecht, cayera preso en 2015, en la web de la filial local de la constructora brasileña aparecen los contratos. En 2005 ganó la licitación para ampliar gasoductos en la Patagonia y en 2007 para hacer lo mismo en 15 provincias de todo el país. Para estas obras subcontrató a Techint y a otras constructoras como BTU, Contreras Hermanos y Esuco (propiedad del ex presidente de la CAC Carlos Wagner). En 2008, Odebrecht ganó en sociedad con Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone Construcciones la licitación de AySA para mejorar el sistema de potabilización del agua en la zona norte del Gran Buenos Aires. Ese mismo año se impuso en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en sociedad con Iecsa (la constructora que en 2007 Franco Macri vendió en cómodas cuotas a su sobrino Angelo Calcaterra, que a su vez acaba de transferirla a Marcelo Mindlin), la italiana Ghella y la española Comsa. Esta obra no empezó hasta 2013, pero después volvió a enfrentar demoras hasta que en 2016 la resucitó el presidente Mauricio Macri. En 2013, el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, le adjudicó a Odebrecht obras de ampliación del sistema de transmisión y distribución del Foro Regional Eléctrico Provincia de Buenos Aires (Freba).

En declaraciones a la Justicia de Brasil y Estados Unidos, ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht reconocieron sobornos por 35 millones de dólares entre 2007 y 2014 a funcionarios argentinos. En los documentos públicos del Departamento de Justicia norteamericano no se aclara a quiénes ni por qué obra. Sí mencionan que el gigante brasileño “y otros se comprometieron a futuros pagos a funcionarios en 2008, antes de que finalizara una licitación de proyectos gubernamentales, con el fin de asegurarse los contratos”. Aquel año la empresa brasileña, que tenía un área exclusiva para las coimas, consiguió los negocios del Sarmiento y AySA.

En el grupo Calcaterra aseguran que “el contrato del Sarmiento no está en la justicia”, pero temen el “ruido mediático, que se generalice y se diga que en la obra pública todos coimean”. Como muestra de que su dueño está despreocupado, cuentan que, ahora que vendió Iecsa, se la pasa más tiempo paseando por Roma que en Buenos Aires.

Pero en la fiscalía de Delgado sostienen que investigan una reunión en la que participaron el 26 de julio de 2013 el entonces secretario de Obras Públicas y actual presidiario, José López, el que era CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, el empresario Lorenzo Ghella, un ejecutivo de Comsa, Juan José Rampoldi, y un director de AySA de aquel tiempo, Oscar Vélez. Un mes después se firmó un decreto por el que se reactivó el soterramiento. Esta obra ferroviaria fue adjudicada en 2008, cuando el secretario de Transporte era otro actual presidiario, Ricardo Jaime, y se reactivó en 2013, cuando ese cargo era ocupado por el hoy diputado Alejandro Ramos. En la fiscalía de Delgado comprobaron que el 17 de noviembre de 2009, Mauricio Couri Ribeiro, ejecutivo de Odebrecht encargado del pago de coimas, se reunió con López gracias al vínculo que habría logrado por intermedio de Jorge “Corcho” Rodríguez y dos personas identificadas en los registros oficiales como Flavio y Rodney.

En Ghella, que es socia de Calcaterra en su grupo empresario, ODS, guardan silencio. Ejecutivos de este gigante italiano vendrán el 8 de mayo a Buenos Aires en la misión empresaria que acompañará al presidente de su país, Sergio Mattarella.

Españoles

En Comsa se desentienden de lo que investiga Delgado: “Al no estar en la causa, no tenemos nada para comentar. Trabajamos con miles de contratistas y proveedores, y Odebrecht es uno más”.
En cuanto al contrato de AySA, que era presidida por Carlos Ben, en Roggio afirman que en la obra cumplieron un “rol secundario” porque a la cabeza estaba Odebrecht. Admiten que “en la empresa hay movimientos de cómo pararse ante las declaraciones testimoniales porque, independientemente de su impacto judicial, va a ser un tema mediático y puede que se ponga en tela de juicio a todo el sector”. Aldo Roggio es vicepresidente cuarto de la CAC.
En Supercemento, de Julián Astolfoni, y Cartellone prefieren guardar silencio. A diferencia de otros consultados, en BTU, de Carlos Mundin, no dudan ni demoran en responder: “Estamos totalmente tranquilos. Nosotros fuimos subcontratados para hacer nuestra especialidad”. En Esuco, Wagner contesta: “Nosotros no nos enteramos de nada. Sólo tuvimos contacto con los ingenieros de Odebrecht”. Un abogado de Contreras, que está investigada en Brasil por el Lava Jato, afirma que en la Argentina “no hay ninguna preocupación”. Responden lo mismo en Techint, que también está en la mira por el megacaso de corrupción en el país vecino. “El kirchnerismo sólo nos dio tres obras en 12 años. Los denuciamos por el caso Skanska. No entramos en su esquema”, se defienden en el grupo de Paolo Rocca.

Las obras en gasoductos estaban bajo la órbita del ex secretario de Energía Daniel Cameron y el ex jefe de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. El ministro que controlaba todas las obras nacionales era el de Planificación, Julio De Vido, pero en las filas del diputado atribuyen las responsabilidades a sus subalternos. El contrato bonaerense era asunto del ex secretario de Servicios Públicos provincial Franco La Porta.

En el gobierno de Macri, quien estará atento al testimonio del cambista Meirelles será el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Meirelles ya lo acusó de recibir 600.000 dólares en 2013, pero Arribas mostró que en su cuenta sólo recibió 70.000 y por eso el juez Rodolfo Canicoba Corral cerró la causa. Delgado mantiene sus sospechas. Claro que superior, Germán Moldes, ha pedido desestimar su apelación para continuar la investigación.

 

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