Opinión / 10 de Junio de 2017

Todos somos corruptos

La política siempre estuvo (y sigue estando) rodeada de oscuros agentes financieros que se ocupan de hacer circular plata negra sin importarles de dónde viene.

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Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido Aldo Ducler, está ofendido conmigo porque llamé “corrupto” a su padre en la televisión. Tiene derecho. Y más aún al dolor ante tamaña pérdida. Por eso lamento doblemente que, dadas las circunstancias, sea necesario recordar que, más allá del papel de Aldo Ducler en la polémica triangulación de los fondos de Santa Cruz a pedido de Néstor Kirchner, el financista debió pagarle 1,2 millones de dólares al Estado norteamericano por una operación de narcolavado. Al recuperar el dinero tras un acuerdo de partes, Estados Unidos decidió no ocuparse de la culpabilidad o la inocencia de Ducler (el fiscal del caso estaba seguro de lo primero). Los muchachos del Norte son prácticos y, plata en bolsa, decidieron prestar más atención a otros más de 100 pesos pesados metidos en la maniobra, más pesados que Ducler.

Pero acá no se trata de Ducler o no Ducler. Los nombres son secundarios. Como él antes y los Fariña o Elaskar más cerca en el tiempo, la política siempre estuvo (y sigue estando) rodeada de oscuros agentes financieros que se ocupan de hacer circular plata negra sin importarles de dónde viene.

Hace unos días, después de visitar Brasil para enterarse de las alternativas del Lava Jato, el experto en campañas electorales Samuel Issacharoff (ex asesor de Obama, entre otros) dijo: “En la Argentina es imposible organizar una campaña dentro de la ley. Le falta organizar el financiamiento, por lo cual de alguna u otra manera todos son corruptos”.

A diferencia de lo que ocurre en los EE.UU. e incluso en Brasil, la Argentina recién tuvo la sanción de una Ley del Informante en noviembre del año pasado. Y, siete meses después, aún no ha sido reglamentada. No sería paranoia suponer que las actuales autoridades, antes de que entre en vigor, quieren asegurarse de que el citado Lava Jato no haga estragos en la credibilidad de la familia presidencial, cuya empresa constructora fue contratada por los K y se asoció a la coimera Odebrecht en varias obras públicas sospechadas.

Tiene razón Issacharoff: hasta que no haya una legislación creíble tanto para el financiamiento de la política como para sancionar a quienes se aparten de ella, la cuestión será ocuparse de la corrupción de los de antes y sentarse a esperar los escándalos de los de ahora cuando carezcan de poder.

*Jefe de Redacción de NOTICIAS.

 

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