Sociedad / 12 de septiembre de 2017

La mansión de un narco fue a parar a la lucha contra el paco

La lujosa residencia del “Rey Arturo” será otorgada a “Madres contra el paco”, quienes crearán un espacio de recuperación de jóvenes adictos. La iniciativa se suma a otras similares. Justicia audaz.

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El juez Federico Villena le otorgó la residencia a la organización Madres contra el paco para convertir al lugar en un espacio de recuperación de adicciones.

De afuera son sólo muros custodiados por un cerco eléctrico, pero en el interior de la lujosa residencia se puede observar un inmenso jardín con una ostentosa pileta climatizada, un amplio sector de parrilla, cancha de fútbol 5 y hasta un minigimnasio. La mansión, ubicada en Monte Grande, pertenece al recién arrestado líder narco “Rey Arturo”, apodado con ese nombre por llevar una excéntrica vida en la que no se privó de ningún gusto pero, sobre todo, por su gran fetiche: una extravagante colección de espadas antiguas.
Ahora, por disposición de la Justicia, el lugar que fue la guarida perfecta para una banda de narcotraficantes, se convertirá en un nuevo refugio para jóvenes que buscan recuperarse de las adicciones.

Buena acción. Así lo autorizó el juez Federico Villena, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, quien por pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense, otorgará la propiedad del cabecilla narco a la organización Madres contra el Paco. “Nos enteramos por los medios, estamos esperando la notificación”, comenta a NOTICIAS Alicia Romero, presidenta de la ONG creada en 2004, quien asegura que vio algunas fotos y le gustaría “que sea un lugar comunitario para hacer talleres y capacitaciones, y si tiene pileta y cancha de fútbol para que todos puedan disfrutar, mejor”. Consultado por NOTICIAS, Villena explicó: “No se puede demoler, no se toca nada y si se rompe algo se tienen que pagar”. Es que de eso se trata la iniciativa: administrar bienes de origen ilícito y darles un fin social, hasta tanto haya una sentencia definitiva.

Aprovechar. Ya son varios los jueces que, hace cinco años, comenzaron a implementar este procedimiento con el fin de aprovechar los materiales o propiedades que se incautan en diferentes operativos. “Es eso o arrumbar todo en un galpón y que se termine destruyendo”, comenta otro juez sobre aquellos elementos que, como las máquinas de coser de talleres clandestinos, se acumulan hasta llenarse de telarañas en los depósitos judiciales. De hecho, varios lugares, que fueron emblemas de la venta de droga, han sido recuperados y en ellos hoy funcionan bibliotecas, centros educativos, organizaciones sociales o cooperativas, como sucedió en la Villa 31. Otro ejemplo es la primera casa que en 2014 se puso a disposición del movimiento Madres en lucha. “Nos llamó el juez, nos citó, nos dijo que era una casa donde se comercializaba, era un búnker, lo fuimos a ver, nos gustó y enseguida nos pusimos a trabajar”, relata Marta Gómez, presidenta de la organización que trabaja el tema de las adicciones y que fue beneficiada con una propiedad en el Barrio Mitre. “A veces es preferible responder por haber entregado una casa a unas monjas para que les den servicios a las víctimas de explotación sexual y no cada quince días estar cerrando un prostíbulo”, comenta un juez. Es que, según algunos letrados, si los locales no se ocupan rápidamente, donde se ejercía la prostitución o los búnkers donde se distribuía droga, a los pocos meses vuelven a funcionar. Una reparación, al menos, temporaria.

 

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