Opinión, Política / 5 de noviembre de 2017

Privilegiados en la mira

La salida de la procuradora general fue festejada por el Gobierno.

Por

Alejandra Gils Carbó por Pablo Temes

Mauricio Macri sabe muy bien que demasiados integrantes del empresariado nacional, entre ellos su propio papá, se han habituado a anteponer su relación con el gobierno de turno a la eventual calidad de los artefactos o servicios que venden. Es que muchos son tan estatistas como quienes los critican desde la izquierda. Lo son porque siempre les ha sido mucho más lucrativo contar con la amistad interesada de un funcionario bien ubicado de lo que hubiera sido depender de algo tan caprichoso como el mercado.

Pero tales empresarios no son los únicos que se han acostumbrado a aprovechar las oportunidades brindadas por el Estado prebendario que la Argentina heredó de la corona española. Comparten la misma mentalidad los políticos, sindicalistas y otros que, en su conjunto, constituyen la casta de privilegiados que el gobierno tiene en la mira por entender que es responsable del atraso económico del país y por lo tanto del empobrecimiento de al menos diez millones de compatriotas, los que, por su parte, también esperan conseguir algo, por magro que fuera, de la gran vaca lechera estatal.

De más está decir que el Poder Judicial desempeña un papel clave en la defensa del disfuncional orden basado en el consenso de que el Estado es fuente de todo lo bueno. Al igual que en otras partes del mundo, aquí la Justicia se inclina por perpetuar el statu quo. Así, pues, como acaba de recordarnos el caso de Carlos Menem, el que hace poco fue condenado a siete años de prisión por traficar armas a Ecuador y Croacia casi veinte años antes, aquí los jueces no suelen sentirse impresionados por lo de que la justicia lenta no es justicia.
Lo mismo que sus congéneres italianos, prefieren trabajar con un grado de morosidad exasperante que acaso sería apropiado para anticuarios meticulosos que pasan años estudiando documentos viejos en busca de información que podría resultarles útil. Cuando se trata de asuntos que podrían perjudicar a personajes influyentes como sus apadrinadores políticos, les parece mucho más sabio dejar transcurrir décadas ya que apurarse indebidamente podría ocasionarles disgustos.

En algunos países, los jueces sí se resisten a tomar en cuenta las posibles consecuencias políticas de sus sentencias; se creen por encima de tales nimiedades. En otros, y la Argentina es uno, los cambios del clima político suelen tener un impacto judicial inmediato, lo que, desde luego, no sirve para robustecer la autoridad moral de la Justicia sino que, por el contrario, es motivo de desprestigio.

Por cierto, virtualmente nadie cree que sólo fuera por casualidad que la detención de Julio De Vido, el ministro más emblemático del kirchnerismo que durante una docena de años manejaba vaya a saber cuántos miles de millones de dólares según criterios nada misteriosos, se haya producido justo cuando los macristas celebraban el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas. Por mucho que los voceros oficiales juren y rejuren que nunca se les ocurriría procurar interferir en el trabajo de los jueces y fiscales, casi todos dan por descontado que las desgracias judiciales que están sufriendo tantos kirchneristas eminentes se deben a la pérdida de poder político de Cristina. De haber votado por ella más bonaerenses, funcionarios del antiguo régimen como De Vido no tendrían por qué inquietarse.

Para el gobierno macrista, la forma en que interpreten los prohombres de la Justicia su voluntad proclamada de emanciparlos, asegurándoles que en adelante no recibirán órdenes o sugerencias de “arriba”, plantea algunos riesgos. No es ningún secreto que Macri preferiría cierto gradualismo judicial a una ofensiva relámpago generalizada contra la corrupción que era la marca de fábrica del kirchnerato, pero de difundirse en Comodoro Py la noción de que, para adaptarse a los tiempos que corren, a cada uno le convendría figurar como un cazador de corruptos entusiasta, podría desatarse una competencia frenética entre los recién conversos con la cabeza de Cristina como el premio más codiciado.

No es que la señora sea inocente de todas las fechorías que se le atribuyen –la evidencia que es de dominio público es contundente–, es que el contraste entre la temporada de activismo judicial que ha comenzado por un lado y, por el otro, el letargo que era típico del pasado no muy lejano, difícilmente podría ser más llamativo.

Mal que le pese a Macri, no le será dado convencer a todos de que por fin la Justicia realmente se ha independizado del poder político. Antes bien, el que la caída del cajero se viera seguida un par de días más tarde por la renuncia de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, habrá servido para intensificar la sensación de que, en el fondo, muy poco ha cambiado. Aunque les sobraban a los oficialistas motivos para querer desalojar a una molestísima militante política orgullosa de su lealtad hacia Cristina, fundadora de la facción Justicia Legítima, para más señas, de la Procuraduría General de la Nación desde la cual había intentado hacer del Poder Judicial una rama del kirchnerismo, no ignorarán que la renuncia oportuna de Gils Carbó se presta a malentendidos tal vez tendenciosos pero así y todo significantes.

Tampoco le será del todo fácil encontrar un sucesor apolítico, que es de suponer tendría que ser un jurista respetado, con pergaminos adecuados, que cuente con la aprobación de la oposición mayormente peronista. Todos los presuntos candidatos que se han mencionado están vinculados con alguna que otra corriente ideológica, de suerte que sorprendería que el gobierno encontrara uno que sea lo bastante neutral para que la decisión no provoque airadas protestas.

Estarán en lo cierto quienes dicen que el gobierno kirchnerista ha sido por lejos el más corrupto de la historia democrática del país y que por lo tanto no sólo Cristina sino también muchos otros deberían terminar sus días entre rejas. Es lo que desde hace muchos años está reclamando Elisa Carrió y miembros de los equipos que la han acompañado. Con todo, si bien una política de tolerancia cero podría aplicarse a partir de ahora, sería poco realista intentar hacerla retroactiva sin discriminar entre los acusados por su militancia política. Como insinúan los alarmados por lo que sucedería si un buen día De Vido prendiera el ventilador, los corruptos más notorios tenían un sinnúmero de cómplices –próceres

de la patria contratista, sindicalistas y, huelga decirlo, políticos de todos los partidos– que colaboraron gozosamente con ellos y que ayudaron a encubrirlos.
Para encarcelar a todos aquellos que de una manera u otra aprovecharon ilícitamente el permisivismo frente al intercambio de favores que tradicionalmente ha imperado en el país, sería necesario construir docenas de presidios nuevos a lo ancho y lo largo del territorio nacional. Incluso tratar de obligarlos a devolver lo ilegítimamente conseguido a través de los años haría del país un aquelarre. Lo más probable, pues, es que haya una suerte de amnistía tácita y que los dirigentes más prestigiosos se comprometan a hacer lo necesario para que sus subordinados y sus socios de otros sectores respeten a rajatabla tanto la letra como el espíritu de la ley.

Diagnosticar los males que tanto han debilitado la Argentina es relativamente fácil. Encontrar la forma de curarlos sin provocar una reacción destructiva que haga imposible la convivencia no lo será en absoluto. Puesto que todos los habitantes del país han tenido que adaptarse a un orden tan arraigado que a muchos les parece natural, los intentos de modificarlo serán resistidos hasta por los que se han visto más perjudicados por más de medio siglo de populismo cada vez más corrupto. Como sabemos, los menos indignados por lo hecho por Cristina cuando era dueña del poder e iba por todo han sido aquellos que más perdieron merced a su voluntad de subordinar el bienestar de tales hombres, mujeres y niños a sus intereses personales.

La corrupción no sólo mata, también empobrece. Cuando se hace endémica, distorsiona todo. Un gobierno de corruptos no puede ser eficaz porque los funcionarios tienen que privilegiar sus propias prioridades y las de sus jefes que, huelga decirlo, no pueden forzar a sus subordinados a prestar atención a otra cosa. Una vez que Néstor Kirchner optó por un esquema que le permitiría enriquecerse en tiempo récord, se hizo inevitable que su esposa, sus hijos, sus amigos y sus socios coyunturales obraran de la misma manera.

Pero no sólo es cuestión de los delitos que cometerían los integrantes de un pequeño clan familiar resuelto a repetir lo que habían hecho en Santa Cruz a escala nacional y, al encontrar en Venezuela individuos de mentalidad parecida, incluso continental. Colaborarían con ellos miles, acaso decenas de miles, de políticos, sindicalistas y empresarios, “luchadores sociales” y “defensores de los derechos humanos”. Puede que algunos hayan imaginado que, a pesar de la corrupción que los caracterizaba, los Kirchner estaban liderando una auténtica revolución que rescataría al país de la garras del capitalismo liberal, pero si bien parecería que no hay límites a la credulidad de ciertos progresistas del tipo que se congregaban en “el espacio Carta Abierta”, sigue siendo difícil entender la adhesión apasionada de tantos individuos considerados inteligentes al esperpéntico relato K.

 

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