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POLíTICA | 27-11-2017 07:51

Llegó la hora de los empresarios en Comodoro Py

En los próximos días comparecerán a indagatoria poderosos hombres de negocios en causas de corrupción K.

Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más ricos de Brasil, duerme desde hace dos años y medio en un colchón fino sobre una cama de cemento en una celda de 12 metros cuadrados en Curitiba. Una hora por día sale al patio a ver la luz solar. Es el interno 118.065. Lo apodan el Príncipe, aunque ha aplacado su soberbia. El mes próximo podrá irse a una de sus mansiones a cumplir diez años de arresto domiciliario gracias a la delación premiada, institución jurídica inexistente en la Argentina y cuya ausencia dificulta que se recree un fenómeno como el Lava Jato brasileño.

Los tribunales federales de Comodoro Py, sin embargo, están comenzando a apuntar a empresarios por presuntos casos de corrupción K. ¿Hasta dónde llegará? Se verá en los próximos días cuando sean indagados Jorge Brito, dueño del Banco Macro; el constructor Aldo Roggio y el ex presidente de la Cámara Argentina de Construcción (CAC) de la era K, Carlos Wagner.

El principal impulsor del Lava Jato criollo es el camarista Martín Irurzun. Está en sintonía con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, bajo presión internacional. Los jueces se escudan en que se avanzó contra el encarcelado Lázaro Báez y el aún libre Cristóbal López, pero en el establishment no los reconocen como empresarios, sino como oportunistas del kirchnerismo. El mani pulite vernáculo sólo sería creíble si cayera sobre un empresario que haya trascendido a los K. En cierto círculo rojo preocupan las decisiones que puedan tomar los magistrados. Temen que la mala imagen de la Justicia pese sobre las decisiones de los jueces y que estos empiecen a encarcelar empresarios. “Para que haya un funcionario corrompido, tiene que haber un corruptor”, explica un juez federal con causas que involucran a empresarios de la construcción. Las coimas se basan en un pacto de silencio entre el que paga y el que recibe y ese pacto se vuelve impenetrable cuando esas partes son infranqueables. En Brasil, con la delación premiada y en Estados Unidos con los beneficios para arrepentidos, se vuelve mucho más fácil castigar a los responsables de la corrupción, como lo demuestra el Lava Jato y el FIFAgate. Además tienen un sistema acusatorio. En la Justicia Federal argentina el sistema es inquisitivo.

La diferencia es sustancial: en este régimen es el juez quien investiga y el fiscal requiere medidas, pero tiene un rol más pasivo. En el sistema acusatorio, son los fiscales los que llevan adelante la investigación y además pueden negociar con los imputados para que se arrepientan. Muchos de los avances en la Justicia argentina se deben a las declaraciones de los arrepentidos en Brasil y Estados Unidos, pero no todos.

Este 27 de noviembre declarará ante el juez Ariel Lijo el dueño del Macro, a cuya presidencia renunció el pasado 17 para evitar daños al negocio. Acogido a la figura del arrepentido, el presunto testaferro que habría usado el ex vicepresidente Amado Boudou para quedarse con la imprenta Ciccone, Alejandro Vanderbroele, acusó a Brito de financiar y gerenciar la operación por la que querían quedarse con la máquina de hacer billetes. ¿Puede el ex presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) terminar preso tras la indagatoria? “No lo descartamos”, admiten en el juzgado de Lijo. El magistrado está en una encrucijada: Brito es su amigo personal y por eso corre el riesgo de ser recusado. Lijo lo invitó en 2010 al casamiento con su segunda esposa, Magalí Mazzuca, en el hotel Sheraton de Pilar. Los fotógrafos del estudio Ruiz y Russo inmortalizaron la presencia de Brito. Una larga lista de empresarios y miembros de la familia judicial podrían confirmar el dato. Entre los invitados estaban los empresarios Adrián y Gerardo Whertein; el dueño del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras; el del Sheraton Pilar, Gustavo Cinosi; el juez Rodolfo Canicoba Corral y su entonces colega Eduardo Freiler; los fiscales Eduardo Taiano y Carlos Stornelli y el ahora diputado electo de Cambiemos y ex magistrado Guillermo Montenegro. La lista podría ser interminable.

Moneta

Lijo también llamó a indagatoria al empresario de medios y energía Raúl Moneta, que en mayo pasado logró que se cerrara la causa por la caída del Banco de Mendoza hace 18 años, pero aún enfrenta un procesamiento del juez Marcelo Martínez de Giorgi por extorsión a ex accionistas de Cablevisión. Moneta está exceptuado de comparecer porque lleva años en grave estado de salud.

El 18 de diciembre Roggio está llamado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello en la investigación de las coimas que Odebrecht confesó haber pagado junto con socios locales en la Argentina K. Ante la Justicia de Brasil y Estados Unidos, la constructora del presidiario de Curitiba no dio precisiones de por qué obras las abonó ni a qué ex funcionario ni con quién armó la vaquita. Casanello investiga presuntos sobornos en la construcción de una planta de AySA, que presidía Carlos Ben. La obra estaba en manos de Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento (de Julián Astolfoni) y José Cartellone Construcciones. Además, el juez citó a indagatoria para el 19 de diciembre a Wagner, propietario de Esuco, que construyó otra planta para AySA junto con la brasileña Camargo Corrêa, también involucrada en el Lava Jato. Tanto él como Roggio, actual vicepresidente cuarto de la CAC, tienen sus bienes inhibidos.

“Aldo no está en la mira de la Justicia: en esta etapa temprana de la investigación se lo llama por ser la máxima autoridad de Benito Roggio e Hijos”, lo defienden en su grupo. “Va a aportar todo lo que hay sobre esa obra, en la cual somos parte en un 16%”, agregan. Pero en un juzgado de Comodoro Py tienen otra mirada de una indagatoria: “El indagado no viene como testigo sino que tiene que defenderse de una acusación sobre la que hay pruebas”. Wagner, mientras tanto, adelanta a NOTICIAS: “Estoy preparando mi declaración con mis asesores”.

Mítica o verdadera, en el círculo rojo citan una reunión secreta en la que Mauricio Macri había recibido en marzo pasado a poderosos empresarios, entre ellos Roggio. “Despreocúpense que las causas por corrupción no van a tocarlos”, les habría prometido. Se sospecha que sus operadores judiciales tienen influencia en casi todo Comodoro Py, excepto en Casanello y Daniel Rafecas, a quien quiere destituir por desechar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner en 2015. “Esto no va a ser como el Lava Jato”, les habría dicho Macri a sus ex colegas empresarios, varios de ellos constructores como lo había sido su padre Franco y su primo Angelo Calcaterra. Desde el penal de Marcos Paz, el ex ministro de Planificación Julio De Vido no se cansa de mandar mensajes al Presidente para advertirle que cuenta con información comprometedora sobre su progenitor y su primo.

“Pero Lilita dijo que los próximos (en caer) somos los empresarios”, se habría referido uno de los interlocutores del jefe de Estado a las amenazas de entonces de Elisa Carrió. Macri las habría descartado. Como también habría desestimado la propuesta que entonces acercaba Odebrecht de un pacto con la Argentina para instaurar aquí la delación premiada.

Franco

La constructora brasileña había prometido a la Justicia de su país y la de Estados Unidos que aportaría datos a las de los 11 países donde también sobornó, pero tres de ellos se negaron a un acuerdo: la Argentina, Angola y Venezuela. Si Odebrecht abría la boca en la Argentina, podría afectar a Calcaterra, cuya constructora Iecsa era socia de la brasileña en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. “Si cae uno en la construcción, caen todos, Angelo también”, le habrían advertido al Presidente. Calcaterra compró en comodísimas cuotas Iecsa a su tío en 2007 y después consiguió esta megaobra que en 2016 reflotó su primo devenido Presidente. Este contrato representaba un cuarto de la facturación de Iecsa, clave para que Calcaterra pudiese seguir pagando las cuotas al padre del jefe de Estado. En marzo pasado, el primo vendió su compañía a Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, y en junio Odebrecht le vendió su parte en la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del soterramiento a una firma italiana que participaba de la obra por cuenta propia y como accionista de Iecsa, Ghella. Martínez de Giorgi investiga el caso del Sarmiento.

En aquel encuentro con empresarios, Macri les habría comentado también pormenores de lo que ocurriría con las confesiones en Estados Unidos del ex CEO de Torneos y Competencia y hermano del secretario de Seguridad, Alejandro Burzaco, por el FIFAgate. Del cónclave se habrían retirado los hombres de negocios con la idea que la embestida judicial contra sus colegas se circunscribiría a dos enfrentados por motivos políticos, económicos y personales con Macri: Brito y López. Pero cuando Casanello libró el 1º de septiembre el pedido de indagatoria contra Roggio, en el establishment comenzaron a dudar del control macrista de la Justicia y hasta hablaron de traición: “Los jueces que domina Macri son los mismos que antes dominaba Cristina y que ahora la matan…”.

En noviembre, Casanello ya citó a indagatoria a varios ejecutivos: Eduardo Blomberg, Petronio Peres Cordeiro, Luis Bartolomeu, Conrado Martín, Lucas Cesa, Aurelio Gomes Leo, Allan Nogueira de Abrantes y Diego Pugliesso, todos de Odebrecht; Pedro Casiraghi, Sergio Gouvea Pinheiro y Roberto Fabián Rodríguez, de la UTE de Odebrecht-Roggio-Supercemento-Cartellone; y Jaime Juraszek Junior y Sergio Chividini, de Camargo Corrêa. Este 27 de noviembre será el turno de Gustavo Dalla Tea, de la UTE de Odebrecht y compañía, y Rodney Rodrigues de Carvalho, de esta constructora brasileña. El 4 de diciembre serán indagados Raúl Batallan, de Odebrecht, y Miguel Cabanne, de la UTE con Roggio, Supercemento y Cartellone. El 11, el consultor Carlos Di Somma y el asesor de AySA Antonio Caucino. El 12, un director de la empresa de aguas, Carlos Donnoli. El 13, el ex vicepresidente de AySA Raúl Biancuzzo y el ex subsecretario de Recursos Hídricos Edgardo Bortolozzi. Al día siguiente, otro ex subsecretario del área, Fabián López, actual ministro de Agua de la provincia de Córdoba, y Ben. Y el 15, el presidente de Cartellone, Tito Biagini. También está llamado a indagatoria, pero sin fecha, Astolfoni.

por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio

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