Los dos recurrieron a la historia para hacer demagogia. Desde la derecha, Jair Bolsonaro habilitó la celebración del golpe de Estado de 1964, y desde la izquierda Andrés Manuel López Obrador le reclamó al rey de España que pida perdón por los crímenes de los conquistadores. A esta altura debiera estar fuera de discusión que derribar a un gobierno democrático mediante un golpe militar es un delito. Pero, si bien hay una evidente demagogia en la exigencia del presidente de México a España, resulta al menos discutible que esté mal reclamar disculpas por atropellos del pasado. Era indispensable que Alemania pidiera perdón por los crímenes del nazismo. Macron hizo bien al pedir perdón a Argelia por la guerra sucia de Francia contra el independentismo. Holanda también hizo lo correcto al disculparse por la negligencia de sus cascos azules que posibilitó la masacre en Srebrenica, durante la guerra de Bosnia. Y Turquía debe, entre otros, un reconocimiento del genocidio armenio de 1915 y una disculpa por semejante crimen. Las disculpas adeudadas son innumerables y entre ellas está la que deben los países de la Triple Alianza al Paraguay por la guerra decimonónica que devastó a ese país.
Esos perdones van más allá de los países atacados y las comunidades masacradas. Es la especie humana la que necesita que los crímenes en masa sean admitidos y aborrecidos. Así se forja, desde la conciencia histórica, una cultura vacunada contra las consecuencias que inexorablemente tienen los supremacismos. Ahora bien, convertir este instrumento de conciencia humanista en un instrumento demagógico al servicio de un liderazgo, lo banaliza y, por ende, puede generar un efecto contrario al supuestamente buscado.
En el caso de la glorificación del golpe de Estado que hace Bolsonaro, no sólo agravia a las víctimas de la dictadura brasileña, sino a las víctimas de todas las dictaduras. Implica, además, un retroceso en la cultura democrática que deben fomentar los gobiernos.
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No fue una gesta libertadora sino un golpe de Estado lo que derribó a Joao Goulart, cuando los militares consideraron que sus “Reformas de Base” conducían al comunismo. Y si bien el régimen que se extendió desde la presidencia de Castelo Branco hasta la de Joao Figueredo tuvo diferencias institucionales con los regímenes argentino y chileno, se trató de una dictadura porque cercenaba el derecho ciudadano a elegir al presidente de la Nación. Ergo, reivindicar el golpe que la produjo constituye una apología del delito contra el Estado de Derecho y también un ataque al espíritu de la Constitución de 1988.
Además de expresar e irradiar cultura autoritaria, las apologías golpistas pueden conducir a dictaduras. El chavismo comenzó reivindicando el levantamiento del batallón de paracaidistas que lideró Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez, y terminó en la calamitosa dictadura de Maduro.
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El repudio al autoritarismo y sus crímenes es genuino cuando no padece la “hemiplejía moral” que denunciaba Jean-Francois Revel tanto en izquierdistas como en conservadores. Ese rasgo de negligencia que producen los ideologismos, hace que los derechistas sólo denuncien los autoritarismos de izquierda y los izquierdistas hagan lo mismo, pero con el monóculo ideológico puesto en el otro ojo.
El debate que planteó Bolsonaro es, en sí mismo, un retroceso. Pero hubo algo aún más grave: volvió a la luz pública su respaldo a la desaparición de personas como instrumento de la represión. Siendo diputado, apoyó públicamente a militares como el mayor Rodríguez de Moura, un torturador al que citaba para repudiar a quienes reclamaban por los desaparecidos: “quienes buscan huesos son perros”. Defender, como hizo Bolsonaro, la desaparición de personas como método legítimo en la lucha contrainsurgente, constituye una muestra de brutalidad. Y descalificar a quienes buscan a sus familiares desaparecidos, es un obtuso exhibicionismo de crueldad.
Desde la antigüedad, un clásico de la tragedia griega explica la necesidad humana de realizar funerales para despedir a los muertos. Sófocles describe la desesperada lucha de Antígona contra el rey Creonte, para poder dar sepultura a su hermano Polinices. Y sobre el final del siglo XX, un fallo lúcido y profundo explicó que la desaparición de una persona es, además de un crimen contra la víctima, una tortura a sus familiares y demás seres queridos.
Así lo planteó el juez británico Ronald Bartle al pronunciarse sobre el pedido de Baltasar Garzón para que concediese la extradición a España del general Pinochet, detenido en Londres por Scotland Yard. En la argumentación de su fallo, favorable al reclamo del juez andaluz, Bartle alega que hacer desaparecer una persona implica atormentar psicológica y emocionalmente a familiares y amigos, tortura que se prolonga en el tiempo hasta que el cuerpo de la víctima reaparezca. El alcance dado por el magistrado londinense al delito de desaparición, permite dimensionar la crueldad que implica ese crimen. Y defender ese tipo de crueldades, como hace Bolsonaro, es también un acto cruel.
En esos debates enredó a Brasil su presidente, quien cuando era diputado, además de elogiar la tortura, celebraba los aniversarios del golpe, a veces con grotescos actos políticos frente al Ministerio de Defensa.
La demagogia histórica del presidente mexicano fue mucho menos grave. Reclamarle a un rey Borbón que se disculpe por bestialidades cometidas hace medio milenio con el auspicio de sus ancestros, suena desopilante. Como replicó el canciller español Josep Borrel, siguiendo esa lógica, Francia debería pedir perdón a España por la invasión napoleónica. Y los ejemplos se multiplican hasta el absurdo: Italia debería disculparse ante Francia por la invasión de Julio César a las Galias. Rusia debería disculparse ante los pueblos turcomanos que los cosacos arrasaron en nombre de Iván el Terrible, Pedro el Grande y la emperatriz Catalina. Y Turquía debería disculparse ante los pueblos balcánicos, centroasiáticos, europeos y árabes conquistados por los jenízaros del Imperio Otomano. Cuando el tiempo de la agresión es remoto, el reclamo de perdón se vuelve absurdo; sobre todo si es una exigencia, como la planteada por López Obrador.
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Pero eso no implica que sea delirante disculparse, incluso por acontecimientos antiguos. De hecho, Mariano Rajoy pidió perdón por la expulsión de los sefaradíes, ocurrida en 1492, aunque fue más bien un guiño para quedar bien con Israel. Más lógico hubiera sido que pidiera perdón a Marruecos por la brutalidad de los legionarios comandados por Franco y Millán-Astray en la Guerra del Rif.
Las disculpas, reclamadas u ofrecidas, ayudan a la formación de una conciencia universal contra los crímenes del supremacismo racial, étnico o cultural en todos los tiempos. Pero para que eso ocurra, no debe estar contaminada de demagogia.
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