Podríamos sintetizar lo que esperamos en los dos próximos años, en tres grandes escenarios: uno “bueno”, otro “regular”, y otro “malo”.
Probablemente, lo que divida las aguas entre cada uno de dichos escenarios, sea la gravitación que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pudiera tener.
En ese sentido, un acuerdo con el FMI que sea percibido como muy cumplible, debería permitir transitar los próximos dos años bastante bien.
Pero si se alcanzara un acuerdo, pero que no terminara de percibirse como cumplible (básicamente, por razones políticas), el grado de incertidumbre quedaría demasiado elevado. Y el escenario no sería bueno. Sería un escenario que llamamos “regular”.
Ahora bien, si fuese percibido directamente como inviable o incumplible (otra vez, básicamente por razones políticas), o directamente ni siquiera llegara a ser firmado, nos ubicaría en un escenario crítico, que llamamos “malo”.
El tema fiscal. En un acuerdo, el tema fiscal ocupa el centro de la escena. A “mediano plazo”, Argentina necesitará contar con superávit fiscal primario, no menor al 2% anual del PBI, dada su bajísima calificación crediticia y los problemas cuasi fiscales (déficit del Banco Central por los intereses de las Leliq) que ya viene arrastrando. Y probablemente esto se escriba en ese entendimiento.
Pero más relevante aún, serán los compromisos concretos que se asuman para 2022 y 2023. Difícilmente, el FMI aceptara que el déficit primario, que este año apunta a terminar en 3,5% del PBI, no baje al menos hasta 2,8% del PBI en 2022 y, digamos, 2% en 2023.
Si bien no son ajustes demasiado fuertes, no está claro aún la estrategia del Gobierno para lograrlos. Por empezar, el kirchnerismo tiene una suerte de “bloqueo ideológico y mental”, para darse cuenta de que la mejora fiscal es la única vía para que haya menor inflación (que funciona como un impuesto a los tenedores de pesos). Y siempre propugna más déficit fiscal: Cristina Kirchner heredó (de Néstor) un superávit primario de 3 puntos del PBI y terminó en 2015 con 4 puntos de déficit. Es decir, una reversión de 7 puntos. Algo que nunca había ocurrido en el país (sin guerras o pandemias). Ahora quería llegar “a troche y moche” hasta el 4% del PBI. No parece darse cuenta de que, a mayor emisión de pesos, habrá más suba del dólar libre. Y que, a mayor emisión de pesos, más consolidación del entorno de alta inflación. Y que ambas cosas deterioran siempre un poco más la economía, aumentando los riesgos de estallidos (financieros, económicos y, luego, sociales y políticos). Ahora que parecería haber perdido poder, es más probable que, aunque mantenga posturas de “apoyo crítico”, termine por aceptar que el Gobierno (el suyo…) cierre un acuerdo con un sendero de mejora fiscal permanente.
Pero aun dejando de lado a Cristina y el kirchnerismo, el resto del peronismo, ni muchos sectores opositores, tampoco se han mostrado capaces de acordar la baja (hasta eliminarlo) del déficit fiscal, ni la manera de lograrlo.
Duro de bajar. Después de todo, la inflación, como decía, es un impuesto (la erosión del poder de compra de los pesos). Y para eliminar la inflación, es condición necesaria (no suficiente), terminar con el financiamiento monetario del déficit. Dada la muy poca capacidad de que los argentinos o el resto del mundo quieran bonos del gobierno, no hay más remedio que directamente eliminar el déficit fiscal.
Pero ello implica, subir impuestos y/o bajar gastos. Dada la fuerte presión impositiva actual, no parece que subir impuestos vaya a tener mucho recorrido. Pero siempre se pueden subir “un poco más” los impuestos, y seguramente el gobierno intentará que ello ocurra.
En cuanto a la baja de gastos, hay muchísimo por hacer. Pero en forma concreta, aquí y ahora, las decisiones de baja de gastos son dolorosas. En general, es más fácil derramar la carga impositiva anónimamente, en millones de personas, vía el impuesto inflacionario, que “ajustar” gastos en sectores determinados.
Por ejemplo, un nuevo cambio de fórmula jubilatoria, de modo que las jubilaciones se indexen “sólo” por IPC (ni por salarios ni mucho menos por recaudación), iría dando espacio, año tras año, para una mejora fiscal. Dado que la mayoría de los ingresos tienden a subir por el PBI nominal (digamos, IPC más PBI real), la mejora anual de un cambio de sistema así, que protegería a los jubilados de la inflación, produciría un ahorro aproximado de 0,20% del PBI.
Si esto mismo se aplicara a programas sociales, salarios públicos y gastos varios, habría otro 0,10% del PBI de mejora.
La eliminación de ayuda especial dada en la pandemia (en 2021) a diversos planes sociales, podría aportar no menos de 0,40% del PBI.
Tendríamos hasta aquí, 0,70% del PBI de “ajuste”. Pero hay que ver si el Gobierno quiere volver a cambiar fórmula jubilatoria y el resto de las cuestiones mencionadas.
Después, hay que meterse con cuestiones políticamente mucho más sensibles, como ser:
• Transferencias discrecionales a provincias. Totalizan 0,8% del PBI y “podrían” directamente eliminarse. Las provincias reciben coparticipación y, además fijan impuestos propios. Y sabido es que muchas provincias, han aumentado el empleo público de manera permanente y en muchos casos desorbitadamente, como una forma de “desempleo encubierto”, lo cual a su vez responde a una lógica política clientelar.
• Subsidios energéticos, de transporte y otros. Totalizan 3,2% del PBI. Sólo para que no suban en 2022 de esta cifra, habría que subir más de un 40% las tarifas de luz y gas. Si se quisiera llegar al 2,7% del PBI (ahorro de 0,5% en 2022), si no hubiera devaluación ni inflación, habría que subirlas más del 100%. Alternativamente, podría optarse por un sendero de “mejora continua”, es decir, subiendo las tarifas un poco por encima de la inflación por muchos años, bajando muy de a poco los subsidios.
• Inversión pública. Se sitúa en torno al 1,3% del PBI. Teóricamente, podrían encararse esquemas de mucha participación privada para inversiones de infraestructura (sistema PPP, concesiones, privatizaciones), y minimizar el financiamiento estatal, llevándolo a valores menores al 1% del PIB. Pero el gobierno, tanto por restricciones ideológicas como financieras (elevadísimo riesgo país), está buscando aval del FMI para aumentar este rubro.
Como fuere, el gobierno deberá definirse. Y cerrar un acuerdo con el FMI. Y luego, veremos si lo que firma es cumplible o no.
Ya el país firmó en el pasado acuerdos que a poco de andar no se cumplieron. Por ejemplo, fue resonante cuando en diciembre de 2000 se firmó un acuerdo importante con el FMI (base del llamado “blindaje” que comenzó a desembolsarse en enero de 2001), y en febrero de 2001, ya empezó a incumplirse (por desvíos fiscales del orden del 30% a lo acordado).
Si vamos a andar de waiver (pedido de “perdón”) en waiver, no podríamos augurar un buen final.
Por eso es muy importante el grado de convicción con la cual el gobierno emprenda un camino de ajuste fiscal. Y seguramente, la mayor “oposición” no la encontrará en la “Oposición”, sino en el kirchnerismo.
El tema cambiario. El otro tema central por acordar con el FMI es el “cambiario”. El principal objetivo por fijarse en un acuerdo pasa aquí por el nivel de “Reservas Internacionales Netas” (RIN). Están ahora en niveles bajísimos (al 15 de noviembre, US$ 4.994 millones, ver cuadro). El FMI exigirá una “suba permanente” de las mismas. Según ciertas métricas que usa el FMI, estimamos que el objetivo mínimo sería una mejora de unos US$ 25.000 millones. Seguramente el FMI dará “tiempo” para ello, y las metas para fin de 2022 y 2023 deberán ser negociadas cuidadosamente.
Los mayores problemas residen acá en: las altísimas brechas cambiarias, las tortuosas regulaciones cambiarias.
En este contexto, la tendencia natural es a intentar “sacarle” dólares al BCRA al dólar oficial, y a no ingresar dólares al país. Los llamados “cepos” pueden tener algún éxito para evitar la salida de dólares (por ejemplo, vía cupos muy bajos a los ahorristas o trabas a importaciones), pero en contrapartida, generan disuasivos importantes al ingreso de dólares. Los exportadores tienden a liquidar lo menos posible y los más tarde posible. Los exportadores de servicios buscan una y otra manera de vender dólares en mercados paralelos, o directamente, dejar el dinero afuera. Quienes quieren invertir en Argentina, no lo pueden hacer con fluidez vía el mercado libre (contado con liquidación -CCL-, dólar bolsa-MEP-), porque ello puede interpretarse como una “elusión cambiaria” (teóricamente, todo debería ingresar al dólar oficial). Las amañadas restricciones operativas, llevan a que inversores financieros (que podrían traer dólares), directamente se alejen completamente del mercado local.
¿Y qué hará el Gobierno? Las “vagas promesas” (sarasa…) no contentarán al FMI. En ausencia de medidas claras, es probable que el FMI insista, entonces, con obtener un mayor ajuste fiscal. La lógica “inmediata” es que, un menor déficit genera menos emisión de pesos. Y a menor emisión de pesos, menor suba del CCL (ver gráfico sobre relación dinero-CCL). Esto, combinado con subas del dólar oficial a mayor ritmo que en el pasado, “deberían” ir cerrando la brecha. Así se evitaría, al menos por el momento, una maxi devaluación.
En todos los casos, con o sin maxi devaluación, se requerirá un compromiso importante del Gobierno en este aspecto.
El apoyo político al acuerdo con el FMI. Nuevamente, lo que se firme, debería contar con un fuerte apoyo del Gobierno. Debe percibirse convicción en la ejecución y debe percibirse que la principal oposición al acuerdo (el kirchnerismo) no lo va a boicotear a poco de andar.
Y acá se definirá en que escenario iremos a transitar.
El escenario bueno. Como decía al comienzo, si el Gobierno actúa con convicción deberíamos ver que el acuerdo habrá resultado un buen punto de partida para que los años 2022 y 2023 transcurran de buena manera. Este sería el “escenario bueno”, en el que podríamos ver valores tales como:
• PBI: aumentando entre 2 y 3% por año • IPC: sin maxi devaluación, bajando a menos de 45% en 2022 y tal vez 35% para 2023
• Dólar libre (CCL): bajando (de los valores de $210 el libre), tal vez a la zona de $180 y luego creciendo menos que la inflación, seguramente sin superar los $240 a fin de 2022.
Los valores podrían incluso mejorar, si el gobierno realmente se decidiera a ello, y ejecutara un programa con buen grado de idoneidad.
El escenario regular. Si el Gobierno avanza con muchos titubeos, por falta de convicción o que no tenga apoyo interno (kirchnerismo), porque las cosas no le van saliendo bien, iremos transitando por lo que llamamos “escenario regular”. Y ello podría traducirse en valores como:
• PBI: difícilmente supere 2% anual.
• Inflación: sin maxi devaluación, más de 50% en 2022 y más de 40% en 2023.
• Dólar libre: retomaría rápidamente sendero más alcista, anticipando el riesgo de una maxi devaluación desordenada. Sería probable que, a fin de 2022, el dólar pudiera llegar a $270, o incluso más.
El escenario malo. Luego tendríamos nuestro escenario “malo”. En este escenario, directamente los mercados percibirían que el acuerdo no va a ser cumplido. Incluso en este escenario dejamos abierta la posibilidad de que ni siquiera llegue a firmarse, aunque luce muy poco probable. Y aquí, el estrés cambiario, financiero y económico, se volvería muy agudo.
• PBI: directamente podría bajar.
• Inflación: podría superar el 70% anual.
• Brechas cambiarias: podrían ser del 200% (el dólar libre, por ejemplo, sería equivalente a $300 hoy en día, pero podría trepar a más de $400 durante 2022).
La situación se encaminaría rápida mente a una crisis muy aguda, excepto que el Gobierno pudiera revertirla antes de que “explotara” (a través de fuertes cambios políticos).
Probabilidades de cada escenario. Asignamos al escenario “bueno”, un 35% de probabilidades.
Al escenario “regular”, un 45% de probabilidades.
Y al escenario “malo”, un 20% de probabilidades.
La llave de la situación, una vez más, la tiene el Gobierno. Dos años de mediocridad y múltiples errores, no constituyen un buen antecedente. Pero las elecciones parecieran crearle mejores condiciones para los próximos dos años.
Si la oposición mayoritaria al gobierno fuese el Frente de Izquierda, las cosas serían muy diferentes. Un acuerdo con el FMI sería casi inviable.
Pero el Gobierno tiene la suerte de que la oposición es “amigable” con las reglas del mercado y las reglas generales que rigen en Occidente. Por ende, debería poder apoyarse en ello para concluir su mandato de manera digna, coadyuvando a una mejora de la performance económica del país.
Veremos.
* Gabriel Rubinstein, director de GRA Consultora, N°1 Ranking REM BCRA en 2020. Exrepresentante del ministro Roberto Lavagna en el BCRA. Anticipó en Revista Noticias, el corralito y la pesificación en 2001.
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