Mientras el ministro Martín Guzmán recorría capitales europeas buscando, oficialmente “construir consensos y entendimientos sobre lo que la Argentina necesita para estabilizar su economía”, en Buenos Aires, el Congreso trataba la segunda parte de la reforma fiscal en el impuesto a las Ganancias. Dos temas que en realidad constituyen las dos caras de la misma moneda: la escasa capitalización de la economía argentina, agravada por la pandemia y una década de estancamiento.
Sin expresarlo directamente, el titular del Palacio de Hacienda intentaba negociar con sus colegas de los países miembros del Club de París, otro acreedor argentino, antes que caigan los vencimientos por US$ 2.419 millones entre capital e intereses que vencen en el mes próximo. Pero esa urgencia por tapar los agujeros en el Tesoro explica la razón del cambio impositivo en dos fases en el medio de un año electoral: financiar el aumento de piso en el impuesto a las ganancias para las personas físicas ($ 150.000 y algunas exenciones adicionales para los gremios más poderosos) con un aumento global en la recaudación del impuesto para las empresas.
Brechas. Claro que no se vendió de la misma manera, pero en el proceso de negociación quedó expuesto el verdadero sentido de la modificación: segmentar la alícuota del gravamen en función de las utilidades generadas por las empresas, independientemente del volumen, el sector o su plantilla. La última modificación implementada a partir de 2018 y también fruto de muchos tironeos, proponía una tasa decreciente y la incorporación del ajuste por inflación, otro viejo pedido de los contadores. La reforma que será tratada en Diputados sigue una lógica parecida a la ya votada anteriormente con las rentas personales: que muchos paguen menos (o hasta no paguen, en el caso de los contribuyentes físicos) y pocos paguen mucho.
El gran cambio, en este caso, es el de la segmentación, algo que supuestamente debería beneficiar a las Pymes y castigar tributariamente a las “grandes”. “En el ámbito internacional, no hay progresividad en el tratamiento fiscal de las empresas sino en el de las personas”, explica el tibutarista César Litvin, que no duda en interpretar a estos cambios como otro eslabón de la contrarreforma de lo que se votó a fines de 2017. Es que en los considerandos del proyecto de ley ya se habla del fracaso de la legislación vigente que, bajo un régimen de rebaja impositiva no produjo mayor nivel de inversión. “Es una ingenuidad creer que las inversiones responden con rapidez a un cambio impositivo y se deja de lado el factor seguridad e institucional”, enfatiza, poniendo el foco en un enfoque parcial. Las inversiones, un producto en peligro de extinción en la Argentina, ponen muchas cosas en juego entre las que está el tratamiento fiscal pero también la previsibilidad de las reglas de juego. Al respecto, para Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, el proceso de inversión no es sólo una intención: “empieza así, pero los que deciden hacen cuentas, proyectan beneficios y asignan probabilidades”, advierte. Tradicionalmente el país generaba entre un caudal de inversiones de entre 18% y 22% del PBI. El año pasado, según la economista y profesora, estuvo por debajo del 13%, con lo que ni siquiera se pudo cubrir su reposición. O sea, una erosión del stock de capital del que dispone la economía argentina.
Las dudas. Las mayores críticas que se generaron al cambio de reglas en el sistema tributaria, apuntan a la oportunidad, la inconsistencia del proyecto en el largo plazo y la de perpetuar un sistema que da muestras de agotamiento. En un año en que se busca recomponer la brusca caída de los ingresos del año 2020 (las estimaciones del Banco Mundial rondan el 10% anual de derrumbe), la luz verde para el aumento de alícuotas o al menos para no seguir el proceso de baja, es una señal contraproducente. Es que ya el año pasado se había suspendido lo que se denominó “Pacto Fiscal”, por el cual las provincias habían acordado la paulatina supresión de los impuestos más distorsivos, liderados por el de Ingresos Brutos. Aludiendo a la emergencia social y sanitaria, se largó la carrera por aumentar alícuotas y también se desvío la mirada de los municipios, que también aumentaron las tasas domiciliarias, pero, sobre todo, las destinadas las empresas (higiene, habilitaciones o comercios). “Para las Pymes, los cambios introducidos en Ganancias son casi irrelevantes”, detalla la contadora Patricia Inés Faraoni, socia del Estudio FDX. “Hay un segmento que pagará más, otro que quedará igual y el resto, supuestamente pagará menos. Pero para las Pymes, Ganancias no es el impuesto que más pesa sino las cargas sociales e Ingresos Brutos, que incluso crecieron. Por lo tanto, lo vemos como una suba de impuestos encubierta”, concluye.
La sensación de modelo agotado que se esfuerzo por reinventarse sin éxito es lo que, para Roberto Vassolo, economista y profesor del IAE Business School, da sustento a la necesidad de reseteo del sistema económico. “Lo que urge hacer es cambiar la matriz impositiva que llevaría a revisar la forma de hacer política en Argentina. La prioridad debería ser la de bajar gastos y no la de seguir manteniendo la enorme cantidad de impuestos (casi 170) o, peor aún, aumentarlos”, concluye.
Informalidad. Al respecto, el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea estima que el año pasado la presión tributaria general llegó a casi el 33% del PBI, cifra que parecería no desentonar con lo que ocurre en países desarrollados pero que en este caso se debería “descontaminar” por la altísima evasión generalizada: “Para comparar presión tributaria entre países que presentan tasas de evasión muy diferentes, resulta más conveniente estimar la carga tributaria “legal” que recae sobre los contribuyentes absolutamente formales de cada país”, sintetiza. También habría que agregar el impuesto inflacionario, que se calcula, con un IPC subiendo 50% anual, entre 2% y 3% adicional. De esta manera, la suba del gasto público de los últimos 15 años (IEERAL lo estima en 47% del PBI) se financió con el aumento de la presión impositiva promedio, pero sobre todo sobre el sector formal, tomando deuda y, por supuesto, con emisión monetaria.
Por último, lo que también están en juego es la propia coherencia interna del sistema, que a veces adopta parches con un horizonte meramente electoral. “Creo que hay mala praxis en este caso porque es más fácil cobrar impuestos a las empresas que a las personas y, además, es políticamente más viable, concluye Vassolo, que no duda en señalar que lo que realmente está en juego no es algún punto adicional en la recaudación sino el diseño mismo del país, que pareciera no contar con las empresas a la hora de aportar valor. “Argentina ya no es un país capitalista”, sentencia.
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