Otro clásico argentino: salarios por la escalera y precios por el ascensor, la vieja frase acuñada por Juan Domingo Perón, recobra actualidad con las cifras en ascenso de inflación. Eran años (principio de los ’70) también de fuerte turbulencias económicas internacionales, agitación política dentro del oficialismo, pero de una inflación que a duras penas pasaba los tres dígitos anuales. El reflejo actual de esa situación sólo difiere por tres factores: la primera es que Argentina ya pasó por experiencias hiperinflacionarias que marcaron su memoria económica, la estructura social cambió radicalmente en este medio siglo y que el piso inflacionario de arranque no es la utopía del 0% sino del 50% anual.
Gatillo. Los primeros resultados de la guerra contra la inflación, declarada oficialmente el 18 de marzo por el Presidente, no pudieron ser más desalentadores. El índice de precios al consumidor (IPC) subió en los cuatro primeros meses de 2022 un 23%, lo que proyectaría (de repetirse la misma magnitud) más del 80% anual, muy por arriba de las pautas oficiales incluidas en el Presupuesto.
La clave en esta cuestión es la dinámica que va adquiriendo la inflación. En un reciente estudio de Jorge Vasconcelos, economista jefe de IERAL sobre la demorada transición en la política económica, compara el alza de precios del primer cuatrimestre de este año (5,4% de promedio mensual) con la de los dos anteriores (4,1% en 2021 y 2,3% en 2020) y allí se ve cómo se fue acelerando a pesar de los controles de precios, las restricciones impuestas en algunos mercados y, sobre todo, la utilización de “anclas” para frenar el ímpetu en el IPC. Vasconcelos recuerda que, durante la transición política de 2015, la inflación se ubicaba en un andarivel entre el 2,0 % y el 2,5 % mensual, mientras que la deuda interna en pesos era equivalente a 2 % del PBI. Actualmente, la inflación tiende al triple de aquel registro y se cuadruplicó en términos del PBI la magnitud de los pasivos en pesos del Tesoro. A su juicio, dicha comparación debería fortalecer los argumentos a favor de recuperar la sustentabilidad de las políticas. “Evitar una escalada inflacionaria, tras los desbordes de marzo y abril, tendría que ser prioridad del oficialismo, a contramano de lo que hoy se observa”, advierte.
Velocidad. Para Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas, la inflación se viene acelerando y el salto de marzo se explica por la invasión a Ucrania, cambio de precios relativos y subas de precios estacionales (educación e indumentaria ya es un clásico en ese mes del año). “Pero la inflación ya venía siendo muy alta en meses anteriores y creo que esto tiene que ver con que existe lo que denominamos la “calesita” de precios relativos”, explica. En la jerga de economistas, el término se refiere a la velocidad con que se van sucediendo cambios en los valores de los distintos productos o sectores a medida que van aumentando los demás. Es decir, cuando se acelera la inflación, también se va retroalimentando por una cadena de reacomodamientos de precios que, para no convertirse en una aceleración inflacionaria, necesita la decisión y el poder político para encararlo de manera tal que las modificaciones en los precios relativos no sean transitorias, cuando deben restaurar equilibrios sectoriales o hasta macroeconómicos. “Lo que estamos viendo en las últimas semanas tiene que ver justamente con esta puja entre salarios, tarifas, tipo de cambio y márgenes de rentabilidad que a otra cosa”, concluye.
Acortando y ajustando. El eslabón débil de la cadena está formado por las personas que tienen ingresos fijos que se van moviendo más lentamente que su propia canasta de productos. En la franja inferior, está el grupo más numeroso de la población económicamente activa: los cuentapropistas e informales. Quizás vinculado con esta situación es la última medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que arrojó 43,8% de pobres, a los que la experiencia reciente indica que los saltos inflacionarios afectan sobre todo a los trabajadores informales y por eso dispara el umbral de pobreza. El universo de las paritarias, sobre todo, se enmarca en una minoría de la población económicamente activa (PEA): 28% (y un 15% son los estatales), el resto va por otro carril.
Para Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL, lo que ocurrió es que al pasar de un escalón del 50% anual al 70%, se diluyen las pautas salariales y luego de acortan los períodos de renegociación, ya sea por cláusulas “gatillo” o por reapertura de paritarias. “Eso lleva a un escenario a que los salarios se meten en la formación de precios. En el sector Servicios, es vital, como también en el sector público. En síntesis, sin programa antiinflacionario y si anclas, siempre correrás de atrás al resto de los precios”, afirma. Es que, a su juicio, las “anclas” que en el corto plazo pudieron servir para contener la inflación, si al mismo tiempo existe un plan de expansión de la demanda y se restringe la oferta (por ejemplo, en la importación de bienes intermedios y materias primas), no es sostenible.
Con la historia atrás, la percepción de un debilitamiento del poder adquisitivo está vinculada con la aceleración del nivel de precios. Y en este punto, las reacciones defensivas van en la dirección de incorporar estas expectativas en la negociación salarial proyectando la inflación futura o forzar la reapertura. “Unos conseguirán 80% y otros 40%, depende del posicionamiento y poder de negociación; pero si vinculamos al salario con la productividad sectorial, también habrá que considerar que la actividad económica se desaceleró y eso la castiga”, aclara.
En conclusión, lo que observa es que, ante este proceso inflacionario acelerado, el Gobierno no sabe y no quiere frenarlo de golpe, porque si se ajusta por la inflación pasada, se patea para adelante. “El único escenario posible es de más del 70% y todavía más en 2023. Un “proceso entrópico, es decir: un escenario en el que persistentemente pocos empatan y muchos se ajustan, pero sin llegar a ningún lado”, concluye.
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