El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quiere despedirse del Gobierno habiendo finalizado los pliegos de la licitación de la Hidrovía, cuya concesión vence en el 30 de abril de 2021. Por lo menos así lo manifiestan en su cartera. El contrato consiste en la modernización, la ampliación, la operación y el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento del río Paraná desde la ciudad de Santa Fe hasta el río de la Plata, aguas por las que navegan los grandes buques que cargan las exportaciones argentinas del campo y también la industria.
En la actualidad, la concesión está en manos de Hidrovía SA, un consorcio de la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa, de Gabriel Romero. La continuidad de este concesionario ha sido cuestionada recientemente por una ONG que reclamó a Dietrich la rescisión contractual por la confesión de coimas que hizo como arrepentido Romero en la causa cuadernos.
En la cartera de Dietrich cuentan que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables está en proceso de elaboración de los pliegos de la licitación y depende de un estudio técnico y económico para terminar de redactarlos. Ya finalizaron el análisis de tráfico.
Mientras tanto, el pasado 27 de agosto, el presidente de la asociación civil Protección a los Consumidores y Usuarios (Procurar), Enrique Millán, escribió una carta al ministro ampliando los fundamentos para pedir que se derogue la prórroga del contrato de Hidrovía SA, que había decretado en 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Romero había confesado en 2018 que había pagado 600.000 dólares para conseguir esa extensión. En julio pasado, Millán escribió su primera carta pidiendo la derogación y redactó la segunda después de que el diario La Nación publicara que Jan de Nul planeaba presentarse en la próxima licitación por separado de Emepa. En la última misiva, advirtió que la coima también benefició a la compañía europea.
NOTICIAS consultó a Hidrovía SA sobre el reclamo de Millán, pero prefirió guardar silencio. En tanto, en el Ministerio de Transporte confirmaron que llegaron las dos cartas, pero “no hay sentencia judicial ni instrucción de la Justicia para tomar la decisión de rescindir o revocar el contrato”. “Como Poder Ejecutivo, somos respetuosos de la decisión judicial”, agregaron.
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