La inflación creciente sumó un nuevo problema para que resuelva el actual Gobierno o, lo más probable, el que lo suceda. El descongelamiento acordado con el FMI como parte del paquete de control fiscal debe realizarse en un año electoral y en un año de alta inflación. Sólo desde al momento que se formalizó (marzo de 2022) fue de 120%, sin contar la previa que desnaturalizó el esquema de ajustes previsto.
El origen. La debacle de la convertibilidad en 2002 minó el desarrollo de los servicios públicos, muchos de los cuales habían sido concesionados durante la década anterior, con un gran salto en infraestructura y modernización. Sin querer, los protagonistas de esta ola privatizadora pavimentaron su propio calvario posterior: al estar enmarcados en contratos de larga duración y actualización semestral de los precios (dolarizados) según la inflación mayorista de los Estados Unidos, el esquema no resistió la mega devaluación del 200% y tampoco la suba de costos domésticos posteriores.
En los 20 años transcurridos desde el final del modelo “privatizado” a la decisión de comenzar a actualizar las tarifas, el sector fue perdiendo dinamismo y, en algunos casos, como el gasífero, pasó de exportador nato a la paradoja de tener gasoductos internacionales vacíos por ausencia del fluido. Los especialistas estiman que en 2022 el rojo del sector alcanzó 3,5% entre los servicios energéticos y los subsidios al transporte urbano.
Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico de CIPPEC, señala que, desde la ruptura de los contratos en 2002, se inició un proceso de intervención normativa bajo el cual se comenzaron a definir discrecionalmente los precios y las tarifas del sector. “El hecho de suspender las ‘Revisiones Tarifarias Integrales’ llevó a un congelamiento de las tarifas que, en contextos de alta inflación, implica distorsiones entre los costos y los precios del sector y los precios relativos de la economía”, subraya.
Alerta roja. Desde 2003 en adelante hubo intentos por retomar la racionalidad en el esquema tarifario buscando el equilibrio dentro del sector: acotar la suba de precios, intentar romper la vinculación con el dólar y asegurar el abastecimiento. Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL y especialista en regulaciones del sector público, marca esta fecha como un hito: a partir de allí el servicio comienza a mostrar signos de fatiga que se visualizó en 2007, medido, por ejemplo, a través de cortes en el suministro eléctrico por año. “Hasta fines de los ´80 la demanda venía por que no hubiera apagones o que el teléfono no fuera un bien escaso, pero luego la calidad de servicio alcanzada en los ’90 se prolongó, empeoró de 2008 a 2016, luego mejoró con la recomposición de tarifas y ahora el impacto del congelamiento desde 2019 todavía no terminó de impactar porque existe siempre un ‘delay’ entre la caída de la inversión y la del servicio”, remarca.
En el plan de segmentación puesto en marcha hay dos dimensiones: cuantitativa y cualitativa. En el primero, Urbiztondo explica que al dividir en tres grupos: para el primero elimina subsidios, un segundo grupo habrá un ajuste tarifario como porcentaje de la inflación (40%) y a un tercero, un subsidio mayor según un tope de consumos excedentes. “Hay aumentos nominales incluso bajos y menores a la inflación; no hay cuantitativamente una recuperación real de las tarifas, quizás esperando una inflación más baja, pero sin un fundamento técnico”, destaca. Como contrapartida, el ajuste por inflación de los precios del transporte actualmente en vigencia es algo positivo porque evita el deterioro en el ingreso real.
Sin embargo, a juicio del economista de FIEL, cualitativamente hay una ruptura en el sistema de precios de los servicios públicos (se aplicarán sólo al 30% del total), asociando los valores con los ingresos y no con los costos. “Es como que en un surtidor se cobre diferente según el tipo de auto que cargue combustible”, ironiza. “En Argentina, aclara, la tarifa social es una construcción que no obedece a una lógica que facilite el acceso, sino que subsidia el consumo".
La producción. Quizás el caso más visible de conexión entre las señales que las tarifas marcan y el equilibrio en el largo plazo es el sector gasífero.
Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de Universidad Austral y presidente de Hub Energía, apunta a que las tarifas domiciliarias actuales: no son un aliciente para consumir menos o vincularla con el precio. El sector se divide en tres eslabones diferenciados: la producción, el transporte (a través de gasoductos) y la distribución (que llega a los usuarios finales). El precio del transporte es un valor regulado, se actualizó tarde y por eso hubo obras que se demoraron más de lo necesario, como el gasoducto Néstor Kirchner, que se espera inaugurar en un primer tramo el mes próximo y que ahorraría en importaciones un 15% de la demanda actual. “La inversión de esta obra, por ejemplo, insumirá en total US$4.500 millones lo que se precisa para fondear la infraestructura necesaria para convertirnos en un exportador energético”, aclara, poniendo como ejemplo el caso de Australia, que gastó US$100.000 millones sólo para la construcción de plantas gasificadoras y ductos en los últimos años. Por su parte, la producción sufrió también los embates de la discrecionalidad en los precios, que desde el año pasado están readecuados y por eso el gran reservóreo de Vaca Muerta vio aumentar su actividad.
Finalmente, las tarifas atrasadas comenzarán a subir a medida que van recogiendo el impacto de mayores costos por actualización de las tarifas de transporte y producción. Todo este mecanismo de vinculación de precios debería estar enmarcado en normas con previsibilidad en el marco de una autoridad regulatoria (en este caso el ENARGAS) que vele por el cumplimiento de las inversiones comprometidas y el abastecimiento asegurado, necesariamente de carácter autárquico y alejada del manoseo político. Queda flotando como una gran incógnita a resolver no sólo cuánto será la brecha entre los costos (actualizados) y las tarifas promedio con subsidio sino cómo se financiará la inversión necesaria para recuperar el terreno perdido.
El futuro. “Para todo esto se precisa algo muy simple pero que parece difícil: un equilibrio macroeconómico con previsibilidad, acceso libre al mercado cambiario y disponibilidad del gas producido para venderlo libremente. No hay que cambiar la ley del gas, sino cumplirla”, concluye Carnicer. Por su parte, Szenkman también atiende a una visión integral del problema. “La redefinición de tarifas y subsidios energéticos debe ser un elemento dentro de un plan de estabilización que contribuya a disminuir los desequilibrios macroeconómicos para, en ese contexto, poder alcanzar un sector energético sostenible”. Una empresa por demás complicada por tratar de convencer que el equilibrio de todo el sistema cruza por las antípodas de la gratuidad del sistema como derecho ciudadano. Pero no hay peor gestión que la que no se hace.
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