Hasta ahora vemos las protestas violentas y la represión salvaje por televisión: desde Venezuela y Ecuador hasta Bolivia y Chile. Pese a la crisis, la Argentina ha quedado excluida de la ola. Por el momento. Algunos agricultores de la pampa húmeda amenazan con responder con cortes de ruta si el gobierno de Alberto Fernández se estrena con una fuerte suba de las retenciones a la exportación, según admiten en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la entidad con más socios en la Mesa de Enlace y donde las opiniones están divididas.
En el equipo de Fernández reconocen que desde el conflicto del campo de 2008 en adelante “hay mucho enojo” de los productores con el kirchnerismo, principal fuerza del Frente de Todos (FdT). Reconocen que aquel choque tuvo un componente cultural. En 2008, casi todos en los pueblos apoyaban los cortes que derivaron en desabastecimiento y paralización del país por cuatro meses, mientras que los dirigentes rurales carecían de vínculos fuertes con la política. Once años más tarde, muchos ruralistas están enrolados en Juntos por el Cambio, mientras que las poblaciones han vivido en estos cuatro años de Mauricio Macri un dinamismo que contrasta con la crisis social de las grandes urbes y que se reflejó en el triunfo oficialista de las provincias del centro del país en las últimas elecciones.
“Habrá que ver cómo reclaman con esta situación social y si la gente de las ciudades está dispuesta a tolerar los cortes en pleno verano”, analizan en el FdT. “Ojo que en las urbes el campo tiene mala imagen: lo relacionan con glifosato, deforestación, trabajo esclavo. Por eso a algunos políticos les rinde pegarle al sector”, agregan.
Recorrido. Macri eliminó todas las retenciones, excepto la de la soja, cuando llegó al poder, pero debió reimplantarlas en 2018 cuando el FMI le exigió ajuste. Impuso un 12% pero con un tope de 4 pesos por dólar para productos primarios y 3 para los de mayor valor agregado. En aquel entonces el dólar cotizaba a 36 pesos y el campo pagaba 12%, pero con la continua devaluación ahora solo abona el 7%.
Ya sea Matías Kulfas o Guillermo Nielsen el encargado de la política fiscal, se prevé que como mínimo las retenciones volverán efectivamente al 12%. Pero quizás lleguen más lejos, depende de las necesidades de ajuste que impongan el FMI y la realidad. En el FdT juzgan que la suba del dólar a casi $ 63 les ha dado a los productores una renta extraordinaria. Pero se descarta que vuelvan a los niveles del final del gobierno de la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner: soja, 35%; girasol, 23%; trigo y maíz, 20% y carne, 5%.
Saben en el equipo de Fernández que reimplantar aquellos guarismos y revivir un discurso reivindicativo y politizado de las retenciones puede irritar al campo. “Con el conflicto, no gana nadie”, reconocen. Lo mismo opinan algunos dirigentes de las bolsas de cereales: "El campo pensó que ganó la batalla en 2008, pero llegado a 2015 se notó que había perdido".
El presidente electo optaría por seguir el argumento de Macri de que los derechos de exportación son una herramienta no deseada pero necesaria en esta crisis para equilibrar las cuentas públicas. También defenderá que sirven para incentivar el añadido de valor si, por ejemplo, el poroto de soja deja de tributar lo mismo que la carne vacuna y pasar a pagar más. En la campaña, Fernández prometió eliminar las retenciones a las economías regionales, pero los apremios fiscales lo impedirían en lo inmediato.
En el Frente de Todos aclaran que los precios internacionales de los granos ya no son tan altos como en 2008 y que un aumento exagerado de retenciones pondría en riesgo el área sembrada. También descartan el regreso de las cuotas a la exportación de carne bovina, maíz y trigo, que se justificaron en la era K para abastecer el mercado interno. En el equipo de Fernández prevalece la convicción de que esos cupos constituyeron un "rotundo fracaso" a la hora de beneficiar al consumidor, pues redujeron la producción y terminaron elevando los precios. Incluso admiten que las retenciones ayudan poco a bajar los valores internos.
A principios de octubre, en el PJ se elaboró un documento programático que incluía medidas regulatorias para que el campo asegure “la mesa de los argentinos”, frase que irrita a la Mesa de Enlace y que recuerda la política del kirchnerismo. Las cuatro entidades ruralistas reaccionaron entonces con crispación, pero en el entorno de Fernández les aseguraron que no se trata del programa del PJ sino de aportes de ciertos peronistas en el marco partidario, pero que difieren de las ideas del presidente electo y sus principales asesores en la materia, Gabriel Delgado, que fue secretario de Agricultura de 2013 a 2015 y es economista del INTA, y Jorge Neme, ex coordinador del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales de 2002 a 2015.
“No hay margen para pelearse”, reconocen los más conciliadores de Todos. Admiten que el campo es un sector económico clave para aumentar la cantidad y mejorar la calidad de las exportaciones, y allí radicaría uno de los dos principales ejes de la política agropecuaria del futuro gobierno. El otro sería que el sector contribuya al plan contra el hambre, No por nada las entidades de la Mesa de Enlace y grandes empresas del agronegocio estuvieron sentadas a la mesa con Fernández en el lanzamiento de ese programa el pasado 16 de noviembre.
Mesa de Enlace. En el equipo del presidente electo no ven que los presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace, Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Dardo Chiesa (CRA), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro, que reúne las cooperativas), estén por la labor de organizar cortes de ruta. Chiesa incluso se presenta como peronista pampeano y articulador del vínculo entre las entidades y el FdT. Aunque Achetoni es de origen radical y dentro de Federación Agraria es criticado por su ex presidente Omar Príncipe –que se acercó al kirchnerismo al final de su período–, no se lo ve beligerante aunque reclame más diálogo y precisiones de la política agropecuaria que seguirá Fernández.
En cambio, la amenaza de piquetes proviene de grupos de WhatsApp de cientos de productores, muchos de ellos devenidos militantes del PRO. "Pero la mayoría del campo está para ayudar", aclaran en el FdT.
En el equipo de Fernández quieren fomentar la inversión extranjera en el campo y el crédito a los productores. Pero admiten que los consumidores más sofisticados, desde la Argentina hasta Europa, están exigiendo que se ponga en discusión el modelo productivo actual, desde el uso de agroquímicos y semillas modificadas genéticamente hasta la deforestación, y que el país corre riesgo de que se le cierren mercados a futuro. Rescatan que algunos productos están tomando conciencia de la situación.
Desestiman la reforma agraria que propuso Juan Grabois, pero quieren trabajar con la rama rural de su Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) como también con las otras agrupaciones de agricultores familiares como parte del plan contra el hambre. Con ellos, el futuro gobierno quieren expandir los planes Pro Huerta y de ferias en el interior, así como financiarlos y regularizarles las tierras.
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