Hoy cumple 57 años Amado Boudou, y lo festeja tras las rejas. Para su nutrida hinchada que lo alienta desde Twitter, el exvice de Cristina Kirchner es el caso emblemático de los “presos políticos” que el futuro gobierno tendrá que liberar. Incluso Alberto Fernández sostuvo, poco después de haber sido ungido candidato presidencial, que era ilegal y arbitrario que tanto Boudou como Julio De Vido estén presos.
Notablemente, el presidente electo ya no se pronuncia por la cuestión de fondo que mantiene a Boudou preso por una condena confirmada por la Cámara de Casación Penal en relación con la causa Ciccone, la fábrica de hacer billetes que obsesionaba a los Kirchner. Durante años, Alberto Fernández señaló la responsabilidad de Boudou y de Cristina en el escándalo de la imprenta, pero ahora se limita a sostener que es injusto que el exvice esté preso sin condena firme, jugando el juego que la intelectualidad K puso en marcha denunciando la era del “lawfare”, la guerra judicial por motivos políticos.
Esta operación doctrinaria funciona por metonimia, un pícaro desplazamiento de significados que va llevando tramposamente de una conclusión a otra para demostrar lo impensable hasta hace unos meses: que todos los presos y procesados kirchneristas deberían quedar libres de culpa y cargo.
La argumentación parte de la premisa de que la llamada “doctrina Irurzun” viola los derechos procesales de los detenidos, a eso le suma la sospecha que flota sobre Comodoro Py y alrededores respecto del muñequeo oportunista de los expedientes, y finalmente se arriba a la presunta evidencia de que todos los casos de corrupción encarados por la Justicia, y tratados por la prensa, están viciados de nulidad por ser parte de un complot político contra el kirchnerismo.
¿Cómo piensa concretar Alberto Fernández este razonamiento, cuando llegue el momento de poner en marcha su anunciada reforma judicial? ¿Será tan fácil cargar contra el poder de tantos jueces, mientras se pide por la liberación y absolución de tantas figuras K impacientes por recuperar su libertad de acción? También queda por ver, a la luz de la rebeldía cívica que recorre la región, si la opinión pública no kirchnerista estará dispuesta a tolerar una virtual amnistía general de amigos presidenciales, especialmente si el contexto económico no da para tirar manteca al techo.
Ante ese escenario de extrema sensibilidad, situaciones como la de Boudou pueden volverse casos testigo. ¿Será Amado finalmente beneficiario de la condena albertista al “lawfare”? O quizá quede como uno de los pocos chivos expiatorios que deban quedar tras las rejas por un tiempo más para certificar la transparencia de la reforma judicial del nuevo gobierno. Si así fuera, podría ser justificada la hipótesis de que –incluso a pesar de sus manejos cuando era funcionario- Amado Boudou es un preso político, inmolado en nombre de la revolución K en su fase final.
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