Juan Manuel Casolati repite que lo que tiene enfrente es una muestra de la “complicidad entre la Justicia y la corrupción policial”. El abogado defiende a dos hombres imputados en una causa por comercialización de drogas y, según él, no hay pruebas en su contra. Asegura que un grupo de la Policía Bonaerense que realizó los operativos le robó pertenencias a sus clientes, que otro efectivo extorsionó al hermano de uno de sus defendidos pidiendo dinero a cambio de su libertad y que el fiscal, Diego Guida, el mismo que hoy interviene en la causa de la cocaína adulterada, desestimó cada uno de estos elementos.
Casolati denunció al fiscal el 10 de marzo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Seis días después, el fiscal de la UFI N° 9 de San Martín, Edgardo Ledesma, archivó la denuncia contra su colega. Para Casolati, es claro: “Yo le pedí al fiscal general Marcelo Lapargo que envíe mi denuncia contra Guida a otro departamento judicial, ¿de qué forma iba a resolver alguien que trabaja codo a codo con quien yo estoy señalando?”.
Hechos. La historia comienza con una causa por narcotráfico a cargo de la subsecretaría DDI de José C. Paz. Se ordenaron dos allanamientos y el resultado fue el secuestro de marihuana, cocaína y la detención de dos personas: Maicol Aponte Salas y Gastón González Ríos. Finalmente, la causa quedó en manos de la Justicia provincial y del fiscal Guida.
Casolati llega a sus defendidos en ese momento. Dice que ellos tienen pruebas. Se trata de un video del momento del allanamiento en el que se ve cómo algunos efectivos salen de una de las viviendas con bolsones de ropa y de un chat en el que un policía le pide, al hermano de uno de los imputados, 50.000 dólares por la liberación de ambos.
Según Casolati, Guida tardó cuatro meses en aceptar que sus defendidos vuelvan a declarar y aporten estas nuevas pruebas: “Me decía que demoraba porque le habían mandado la causa de forma electrónica y que era un lío imprimirla. Cuando le dije que lo iba a denunciar, empezó a tomar las declaraciones”.
Fue entonces cuando sus defendidos aportaron todas esas pruebas en la Justicia y, además, por pedido del abogado, el fiscal llamó a declarar a los policías que participaron del operativo y a los cuatro testigos que observaron el allanamiento.
“Los efectivos dijeron que todo se hizo como corresponde y que los testigos pudieron ver cada movimiento. Pero los testigos desmintieron a la policía porque dijeron que no habían recorrido las casas durante el procedimiento y que no habían visto dónde encontraron la droga. Uno dijo: ‘Me quedé en la puerta y ahí me tuvieron cuatro o cinco horas parados”, contó el abogado.
Todo huele mal en esta causa.
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