El caso Nahir Galarza sigue siendo el más emblemático de la criminalidad adolescente. Y rodeado de escándalos, vuelve a ser noticia por la denuncia de Gabriela Laiño, presentada por la fiscalía durante el juicio como “perito informática”, aunque es licenciada en bromatología.
Laiño ya había aclarado ante los medios que no es especialista ni en informática ni en tecnología, y que fue nombrada por decreto. La defensa de Galarza insiste en que fue funcional a un fallo manipulado, pero que la bromatóloga actuó “por temor" a sus superiores”, quienes la obligaron a cumplir todo tipo peritajes para los cuales no estaba calificada “ni tenía conocimiento alguno”, bajo “amenaza coactiva”.
Y ahora a su denuncia se suma una demanda por $3.000.000 presentada en el Juzgado Laboral N1 de Gualeguaychú, en la que apunta contra sus superiores, el ex fiscal Sergio Rondoni Caffa, el Coordinador de Fiscales, Lisandro Beherán, y el Comisario General, Fabián Pérez, quienes según Laiño, la obligaron a realizar en la investigación tareas para las cuales no había sido instruida.
En su demanda contra el estado y la policía de Entre Ríos, Laiño manifiesta que en la Causa IPP Nº 8190/17 y J/408, correspondiente al caso Nahir Galarza, fue obligada a manipular el cuerpo sin vida de Fernando Pastorizzo en la morgue para extraer el patrón de huellas dactilares, realizar la apertura de su teléfono, y también manipular el celular de la condenada Nahir Galarza.
“Todas estas tareas sin tener para ninguna de ellas los conocimientos técnicos ni elementales”, denunció Laiño. La defensa técnica de Galarza (quien en una semana cumplirá los 23 años), en manos de José Ostolaza y equipo, no solo insiste en que “todo fue un montaje para fraguar el resultado suscripto en las actas periciales”, sino que además, en plena revisión del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presenta una “batería de nulidades por la falta de las garantías constitucionales con que contó Nahir en el juicio”.
“El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático” (Editorial Planeta), libro publicado hace un mes por el ex vocero de Nahir Galarza, Jorge Zonzini, había adelantado que los “peritajes truchos”, como los define el manager de medios, harían tambalear la condena a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú.
Zonzini insiste desde entonces, hace ya casi cuatro años, que Galarza “fue juzgada sin ningún tipo garantías constitucionales, falta de perspectiva de género y con el acuerdo de todo el arco político y judicial de Entre Ríos para instalar el primer 'machicidio' de la Argentina, como absurda contracara de los femicidios".
“Antes me cabía alguna duda sobre si solo se trataba de fiscales y jueces burros sin conocimiento sobre violencia de género. Ahora, con este hecho que denuncia la perito trucha puesta por el fiscal, que no contaba ni con un mero curso de informática básica, tengo certezas de que se trata de un grupo de auténticos sinvergüenzas del derecho”, marca enojado Zonzini, apuntando contra la “vergonzosa investigación” a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa y del Juez de Garantias, Mario Figueroa.
La bromatóloga Laiño aseguró en su demanda, de la que se incluyen aquí algunos párrafos, que sufrió el acoso de sus superiores, y enumeró una serie de irregularidades en los procedimientos, por lo que sufrió presiones que la llevaron a padecer “trastorno de ansiedad, insomnio, desesperación e ideación suicida”. “Temo por mi vida y no se que puedan hacer después de esta demanda judicial”. Con esa frase finaliza su escrito ante la justicia.
“No tengo la menor duda de que la Corte Suprema anulará la pena arbitraria recibida por Nahir que, como mujer adolescente, recibió una pena mayor (Ndr: de 35 años) que la que se impuso a Jorge Rafal Videla, el cuádruple homicida Ricardo Barreda (estuvo detenido 15 años y medio) o Carlos Monzón (condenado a 11 años de prisión por homicidio simple)”, agrega Zonzini.
“Mi libro muestra ese el lado b del caso, sin bajar línea. Y como la justicia fue capaz de manipular arbitrariamente las pruebas y mancillar todas sus garantías constitucionales, incumpliendo con las convenciones internacionales de violencia de género y protección de la mujer firmadas por Argentina en la materia”
Las nuevas pericias presentadas ante la Corte Suprema por el médico y psiquiatra Enrique Stola (que ayudó a esclarecer los abusos cometidos por el padre Julio César Grassi) y la psicóloga Alicia Castro (pieza fundamental en varios cambios jurisprudenciales de recursos ante el máximo tribunal) sumarían elementos reveladores que marcarían la insuficiencia de las pericias originales, y el sesgo del tribunal, como denunciaron Ostolaza y Horacio Dargainz, primer abogado de Galarza, en cada una de las apelaciones presentadas.
por R.N.
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