Una llamada anónima alertó este lunes al 911 santafesino: “Suelten a Cantero, suelten a Los Monos o matamos a todos los fiscales”. El autor repitió la frase y después colgó. El Ministerio de Seguridad santafesino redobló los dispositivos de custodia a los investigadores del caso y se vuelve a hablar de un Rosario narco que, por los métodos y la criminalidad de sus líderes, pareciera sacado de una serie de Netflix.
Ocurre que los cabecillas más emblemáticos de las bandas narco rosarinas están, en su mayoría, presos, pero siguen operando desde la cárcel. Es el caso de Ariel “Guille” Cantero, de la banda de "Los Monos", que está siendo juzgado por al menos diez balaceras en 2018 contra domicilios de funcionarios y edificios judiciales. Con un desgastado control sobre el territorio, furioso por un juicio abreviado que no fue y una condena que se acerca a una perpetua, Cantero se desquita contra la Justicia. Sus “soldaditos” en las calles son el resultado de la violencia y la muerte que sigue asolando a unos pocos -pero bien definidos- barrios de Rosario.
Droga y negocio. “La Bonaerense tiene, dentro de su núcleo, unidades con capacidad de investigación y acción eficiente. Es una policía, con su crisis, eficiente, que controla el territorio. Acá (en Santa Fé) eso se quebró”, explica a NOTICIAS Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad provincial y actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Con el apogeo del mercado minorista de drogas, de 2010 en adelante, hubo una fragmentación policial para ver quién apadrinaba a los grupos, que, por entonces, eran de ladrones y controlaban los territorios. Apareció el consumo de cocaína en la clase media alta y como ya tenían arreglo con la policía, se reciclaron a la venta de droga. La rentabilidad fue tan grande que el enfrentamiento por el mercadeo se reflejó también adentro de la institución”, dice el criminólogo.
Trama. La clave para comprender el fenómeno es el profundo enquistamiento político y judicial con las bandas más pesadas. Los “terratenientes” y “soldaditos” que quedan en las calles siguen administrando, un poco al boleo, un negocio que ya no es tanto de búnker sino de delivery. Y la disputa suele ser tiro a tiro. “La policía no controla esto, no ordena esos conflictos porque ya no controla más la calle. Es un desmadre”, advierte Saín, autor de un proyecto de reforma policial que duerme en la legislatura santafesina.
Un ex procurador general ya fue preso y varios funcionarios y legisladores están acusados de participar en el negocio. La alta recaudación da cuenta de que, explica Saín, “semejante parva de cocaína no la toman solo los barrios periféricos. Se montó un mercado de la droga paralelo y en los grupos (de venta) la historia es de muertes, incluyendo a familiares y amigos”. De ahí que las extorsiones, amenazas e incluso el sicariato sigan siendo moneda corriente. Saín aclara que la provincia no recibió apoyo “de ningún ministerio de Seguridad” para combatir estas prácticas. “Hablamos de impedir que el encierro se convierta en una oficina segura de operación criminal, que genera muertes y desgracias en la calle”, dice. A pesar del llamado intimidador, el juicio contra Cantero continuará su curso, de forma virtual, en las próximas semanas.
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