Graciela Duarte camina por los pasillos de la Villa 31 y la frenan cada pocos pasos. Quizás porque tiene el cierre de la campera bajo y se puede leer el nombre de su organización, Movimiento Popular La Dignidad, o quizás porque va acompañada de dos periodistas y un fotógrafo. Lo cierto es que, cada vez que alguien la reconoce, se acerca y le cuenta una historia: “Acá no tenemos agua”, le dice una vecina. “La dueña de la casa en la que vivo me quiere desalojar”, le reclama otra. “Al fondo hay un nene con coronavirus y no vino nadie”, le repite una mujer que tiene un puesto en la calle. “Los hijos de Rubén se escaparon porque no quieren hacerse el hisopado”, le advierte un hombre. “Recién vino un muchachito que dice que estuvo en contacto con otro que dio positivo y no sabe dónde ir”, le relata una señora. Acompañarla en un recorrido puede resultar asfixiante. Las personas se le vienen encima con preguntas, denuncias y reclamos. Algunos llevan tapabocas y otros no. Cuando se puede, se mantiene la distancia social, pero hay zonas donde es imposible.
La situación en el barrio explotó. Al cierre de esta edición, se habían confirmado 198 contagios y 6 muertes y las autoridades reconocían que la cifra se puede multiplicar día a día. Sin dudas, algo falló y los funcionarios se tiran la pelota. Desde el Ministerio de Salud de la Nación responden que las respuestas las tiene que dar Ciudad. Desde el Ministerio de Salud porteño niegan haber llegado tarde, pero derivan las consultas a la Secretaría de Integración Urbana y Social, que tiene una penetración fuerte en la 31. Desde la Secretaría aseguran que, desde antes de la cuarentena, trabajan con la difusión de las medidas de prevención pero se excusan en que, las acciones de contención del Covid-19, fueron decisiones de las carteras con competencia sanitaria. Algunos, resguardados en el off, plantean que “la gente no hizo caso” o que “hay organizaciones políticas que aprovechan la circunstancia para levantar la voz”.
NOTICIAS recorrió la Villa 31 el 6 de mayo al mediodía, en el mismo momento en que se había montado un megaoperativo para detectar casos sospechosos. Desde que se confirmó la primera muerte por Covid-19 en el barrio tres días antes, el despliegue político, mediático y sanitario en la zona cambió el paisaje. Los pasillos se llenaron de promotores de salud que recorren las viviendas para encontrar a quienes tuvieron un contacto estrecho con personas con un diagnóstico positivo. La cantidad de testeos aumentó y se aceitó la logística para hacer derivaciones. Sin embargo, entre los vecinos crece la desesperación.
A pesar de que en los últimos días las autoridades pisaron el acelerador para fortalecer todas las acciones, la distancia entre lo que se pretende y la realidad es abismal. A las deudas históricas y estructurales, la pandemia le suma sus propios condimentos: linchamientos entre vecinos, miedo a la estigmatización, temor a tener que abandonar la vivienda y la familia para cumplir una cuarentena, falta de insumos básicos y la sensación permanente de olvido. “En otros lugares hasta hay voluntarios que pone el Gobierno para que le hagan las compras a los adultos mayores, ¿pensás que algún voluntario vino acá? Acá no viene nadie”, repite un vecino.
Filmá acá. Graciela recibe a NOTICIAS a pesar de su desconfianza en los medios. Según ella, cada vez que la prensa habla de la Villa 31, es siempre lo mismo: ladrones, narcotraficantes, pobreza. Según cuenta, a ella la militancia le cambió la forma de pensar. “Llegué de Misiones y no sabía nada. Todos los que terminamos en alguna organización fue por acercarnos primero a un comedor. Yo llegué al del Padre Mugica, ahí conocí otra gente, empecé a hacer los talleres de formación y me cambió la cabeza”, recuerda. En la actualidad, es cooperativista y promotora de salud. A pesar de tener diabetes y asma, sale a la calle todos los días.
Al igual que Graciela, todos los referentes del barrio -consejeros, delegados de manzana, etcétera- se convirtieron en un eslabón clave en la pandemia. En los comedores y merenderos, los referentes sociales arman listados de personas que podrían haber estado expuestas al virus y los entregan a las autoridades porteñas. “Si queremos contener la pandemia, tenemos que atar cabos”, cuenta. Con los nombres y los números de vivienda, el equipo sanitario del gobierno empezó a recorrer esta semana los pasillos. Llevan un formulario en el que completan si se observan síntomas y teléfonos de contacto para hacer un seguimiento diario. Es una tarea cuerpo a cuerpo que sería imposible sin la presencia de las personas del barrio.
Sin embargo, los vecinos dicen que no alcanza. “Vení, filmá acá. Acá hay un caso”, repite un hombre ni bien identifica a Graciela y ve las cámaras. En la vereda, atestada de vendedores, se distingue apenas una puerta que todos señalan. De golpe, el sector se llena de personas. “Al fondo del pasillo hay un nene con coronavirus de 11 años. La mamá nos tendría que haber dicho así nos prevenimos. Ahí viven cinco familias y hay dos adultos mayores. No vino nadie todavía a revisarlo”, cuenta una mujer que tiene un puesto de medias en la entrada. Nadie sabe bien si ese niño fue testeado, pero todo están seguros de lo que cuentan.
A unos 30 metros, un grupo de funcionarios porteños con chalecos amarillos observa la situación. “Están ahí nomás y ni se acercaron”, se queja un vecino. Graciela intenta calmar la situación: “Ya van a venir. Tienen la lista de casas donde hay casos. Ahora están en un receso”. Además, dice algo que repetirá toda la tarde como un mantra: “Hay que quedarse en la casa. No salgan a buscar a los promotores, ellos van a ir a cada vivienda”.
La mayoría de los referentes sociales se obsesiona por transmitir calma. A pesar de que Graciela tiene una mirada crítica acerca de la intervención de los funcionarios porteños y nacionales, a los que acusa de haber “llegado tarde”, teme que la situación se desborde. “La gente tiene mucho miedo”, insiste y cuenta que, todos los días hay situaciones de linchamientos. La semana pasada circuló en el barrio un audio de WhatsApp de una oficial de policía que contaba que una mujer infectada andaba por la calle. “La señora había salido a comprar agua. Los vecinos se pusieron como locos y llegaron a su casa con palos y piedras. Esa situación fue denunciada en la Defensoría”, agrega.
Nadie sabe. En la Villa 31 se conformó un comité de crisis local en el que hay referentes de las organizaciones sociales, de la Iglesia, del Centro de Gestión y Participación (CGP), de vecinos y líderes de merenderos y comedores. Según Graciela, nunca se pudo articular de forma eficaz el trabajo con los funcionarios.
Desde la Secretaría de Integración, aclaran que existe la intención de trabajar en conjunto y remarcan que el lunes 4 de mayo se convocó a una mesa en la que estuvo el comité, el Gobierno porteño y el Gobierno nacional: “Ese comité se formó por un reclamo de los comedores. Ese es un trabajo en el que participa Desarrollo Humano y nosotros acompañamos”, se despegan desde la Secretaría. Aunque insisten en que las autoridades llegaron a tiempo, la de esta semana fue la primera reunión que tuvieron.
En paralelo a los referentes “oficiales”, ya sea del Gobierno o de las organizaciones, también tienen un rol quienes manejan cada sector. Durante la recorrida aparece un hombre que pregunta detalles y conoce quién vive en cada vivienda. Saluda y celebra que los medios muestren cómo está la cosa en el barrio. Los vecinos cuentan que él no vende drogas sino que maneja a los que venden, que cuando Netflix hizo una producción en el barrio tuvo que negociar con él. Por eso, dicen, los funcionarios no pueden trabajar como si ellos no existieran. Desde el Gobierno, sin embargo, dicen desconocer la presencia y la influencia de personajes de este tipo.
Cuesta entender si el desconocimiento es real o impostado. Mientras que el 6 de mayo las autoridades de la Ciudad y de Aysa comunicaban que se había resuelto el problema del agua, en la zona debajo de la autopista decenas de personas denunciaban lo contrario. Mientras que los funcionarios insisten en que hay campañas y acciones desde el comienzo de la pandemia, los vecinos relatan que recién después de que sucediera la primera muerte en el barrio se empezaron a tomar medidas.
Con una población de unos 40 mil habitantes, en la Villa 31 los contagios se multiplicaron de forma estrepitosa. “Nos preocupa la 1.11.14, pero en la 31 están la mitad de los contagios de los barrios vulnerables”, reconocen desde el Ministerio de Salud porteño. El objetivo en el corto plazo es lograr contener lo que suceda en el barrio evitar que lo que pasó allí se replique en el resto de los barrios pobres.
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