Los legisladores peruanos votaron por acusar al presidente peruano Pedro Castillo, horas después de que declarara que disolvería el Congreso y gobernaría la nación por decreto. El Congreso tenía programado debatir la destitución de Castillo por cargos de corrupción, y el presidente había dicho que respetaría el proceso.
Su sorprendente anuncio durante un discurso televisivo no programado provocó una condena generalizada, renuncias masivas de su gabinete y llevó a los di´putados a adelantar la votación. Castillo, de 53 años, apuntó que gobernaría por decreto hasta que se pudieran realizar nuevas elecciones para una asamblea constituyente, proceso que dijo ocurriría dentro de nueve meses.
“En línea con el reclamo ciudadano de todo el país, hemos tomado la decisión de instaurar un gobierno de excepción orientado a instaurar el Estado de derecho y la democracia”, señaló. También declaró un toque de queda nocturno. Pero no tenía ni la autoridad constitucional ni el apoyo político para llevarse puesto el sistema y fue más una jugada desesperada para evadir el juicio político y el enjuiciamiento penal.
Su abogado para el juicio político renunció. Los opositores y algunos aliados lo llamaron un intento de golpe. “Nada de lo que ha anunciado el expresidente #PedroCastillo está permitido por la constitución”, escribió Fernando Tuesta, exjefe de la agencia electoral peruana. “Si antes tenía una legitimidad limitada, ahora ha perdido todo sentido de la legalidad. Está usurpando el poder y no se le debe ninguna obediencia”, agregó.
Los legisladores votaron para acusar a Castillo de “incapacidad moral” y declararon vacante la presidencia. Según la constitución, la vicepresidenta Dina Boluarte lo sucederá: ella ya lo había denunciado antes por "romper el orden constitucional cerrando el Congreso”, en un tuit.
“Este es un golpe de Estado que profundiza la crisis política e institucional, y la sociedad peruana tendrá que salir de la crisis con estricto apego a la ley”. Castillo está acusado de aceptar sobornos y vender puestos en la burocracia pública, y los analistas creen que terminará en prisión preventiva.
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