La gran pregunta que hace rato desvela a los que siguen la política peruana es: ¿Qué motiva al presidente Martín Vizcarra a avanzar con una agenda rupturista del sistema político? ¿Quiere “limpiar” la política peruana solo por convicción? ¿O quiere hacerlo para luego, apalancado en ese “éxito”, modificar la constitución y permitir (se) la reelección hoy vedada? Sus últimos movimientos no despejan la incógnita, pero permiten avanzar con esta segunda hipótesis con bases más sólidas.
Lejos de transitar un modelo de gobierno de transición, desde que tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del año pasado asumiera la presidencia, Vizcarra se ha posicionado como un referente contra la extendida corrupción política y en esa línea se anotan: su posicionamiento frente a la difusión de casos de corrupción en el Poder Judicial en julio del año pasado, la reforma constitucional promovida a través de un referéndum exitoso en diciembre del mismo año y una persistente (y heredada de PPK) tensión con el Congreso que saldó con el cierre del mismo en septiembre pasado.
Estas posturas le dieron un amplio respaldo popular (algo poco habitual en el Perú contemporáneo) y alimentaron las especulaciones sobre sus verdaderos objetivos a largo plazo.
Sucede que a la medida de cierre del Congreso le sigue forzosamente la convocatoria a elegir una nueva composición transitoria del mismo en enero de 2020. Ese nuevo Congreso debería acompañar a Vizcarra hasta el final de su mandato previsto para marzo de 2021.
Oposición. Con la principal líder opositora, Keiko Fujimori, detenida por corrupción (y con amplias probabilidades de que, tras la próxima confesión – oportunamente estimulada por una “compensación” económica del gobierno peruano - de Marcelo Odebrecht, lo esté por largo tiempo) es ampliamente probable que la fuerza que se organice detrás de Vizcarra consiga un amplio respaldo.
En esa misma lógica, devaluada tras el suicidio de su líder Alan García, APRA – que ha fungido como aliado del fujimorismo en los últimos años – también caería en su representación parlamentaria y no hay demasiados motivos para imaginar que la centroderecha de Alianza Popular y otras fuerzas similares tengan un destino mucho mejor.
Pero quienes tienen expectativas por mejorar su representatividad y ya han actuado muchas veces en el Congreso acompañando a Vizcarra (que vale aclarar tenía apenas una docena de diputados leales el unicameral parlamento peruano de 130 miembros) es la izquierda, que después de años de exclusión de los primeros planos, podría volver a tener protagonismo subida no solo al discurso anticorrupción que comparte con Vizcarra sino también a su prédica ambientalista que tiene mucho apoyo sobre todo en la zona sur del país.
Para asegurarse la gobernabilidad en lo que le queda de mandato, a Vizcarra le alcanza con el Congreso cerrado hasta enero y la previsible mayoría que obtendría después. ¿Pero que pasa si quiere ir por más y promover una reforma constitucional? Necesitaría en ese caso mayorías especiales. ¿Quiénes podrían brindárselas? Sí con los diputados propios no alcanzara, podría tentar a los de la izquierda con algo más profundo que la reelección. Un histórico reclamo de ese sector que no casualmente está ahora también promovido en las convulsionadas calles de Chile, país con un modelo económico similar al de Perú: Modificar el artículo 60° que limita la participación del Estado en la economía a “razones de alto interés público” y “por ley expresa”.
¿Por qué Vizcarra accedería a dar ese paso que lo enemistaría con la poderosa elite peruana que, al igual que su par chilena, se jacta del crecimiento macroeconómico que generó en Perú la adopción del modelo libremercadista en los 90?
Primero porque al igual que en Chile, aunque no con la misma intensidad, el consenso popular con ese modelo se está resquebrajando a fuerza de desaceleramiento económico que posterga las ansias de crecimiento de amplios sectores que salieron de la pobreza extrema y hoy mutaron sus demandas básicas a otras de mejores servicios públicos, menos corrupción y sobre todo reducir la desigualdad, el mal persistente en América Latina, el continente más desigual del planeta.
Segundo, porque al igual que Chile, Bolivia y Argentina, Perú tiene amplios yacimientos de litio por explorar que auguran pingues ganancias para quienes los exploten. Hay ahí una disputa feroz, entre las potencias con la tecnología necesaria para extraerlo, pero también sectores de la elite peruana que quieren oficiar de socios locales y por supuesto sectores políticos que aspiran a ser los gestores de los acuerdos comerciales.
Perfil. A diferencia de Kusczynski, formado en universidades norteamericanas (tenía hasta doble nacionalidad a la que renunció para poder ser electo presidente), fiel adherente a las ideas libremercadistas y además perteneciente a la elite limeña de tez blanca, Vizcarra, proviene de una familia de clase media baja de la región de Moqueagua en el sur del país, se formó como ingeniero en universidades peruanas y forjó su carrera política primero como líder de una protesta contra empresas mineras y luego como gobernador negociando mayores cánones de las mismas para la gestión.
Pero la gran diferencia la marcó en una entrevista el congresista oficialista Carlos Bruce que reconoció que, a Vizcarra, de tez morena, “lo pusimos de candidato a vicepresidente para darle color a la plancha (boleta electoral) porque si no había demasiados blancos”. Es que Vizcarra es un outsider para la política peruana, el outsider que la elite peruana siempre temió en épocas de auge populista en la región, pero que ha sido una constante en su historia contemporánea. Solo que esta vez, a diferencia de Alberto Fujimori, no llegaría por los votos sino tras la destitución de PPK.
por Lisandro Sabanés
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