A medida que Estados Unidos se prepara para un futuro en el que se elimine la protección federal del derecho al aborto, ya que la Corte Suprema parece dispuesta a revocar el fallo “Roe vs Wade”, los expertos advierten que podría allanarse el camino para un aumento de los enjuiciamientos a quienes busquen abortar.
La semana pasada, un proyecto de ley de Luisiana, que clasificaba el aborto como asesinato, fue retirado tras causar una notable controversia, principalmente por tratar de someter a las mujeres que buscan interrumpir sus propios embarazos a un proceso penal.
Durante años, gran parte del movimiento antiaborto en Estados Unidos ha insistido en que la penalización debe apuntar a quienes lo practiquen de manera ilegal, pero eximir a las personas embarazadas.
Pero ese punto de vista está en tensión con la nueva trayectoria de una corriente de ultra derecha que ha trabajado con éxito para consagrar la noción de “personalidad fetal” en la ley, lo que ha llevado a la creciente criminalización de los abortos los últimos años en diferentes estados.
La idea de que la vida humana comienza en la concepción, y debe ser protegida por el Estado, no puede restringir el aborto mientras se mantengan las protecciones otorgadas por la Corte Suprema con el fallo en el caso “Roe vs Wade” (conocido así por "Jane Roe", seudónimo de Norma McCorvey, una embarazada que buscaba el permiso de la corte para abortar en Texas, donde el aborto era ilegal; y Henry Wade, el fiscal del caso).
Pero incluso con Roe, la noción de que los fetos tienen un estatus separado de las personas que los gestan, ha ayudado a impulsar la criminalización de al menos 1700 mujeres en relación con sus embarazos, por delitos como homicidio y drogar a un menor, a la par que decenas de códigos penales estatales han otorgado a cigotos, embriones y fetos, estatus legal de víctimas.
Penalización
La mayoría de las leyes estatales que penan el aborto, eximen a la persona embarazada de cargos penales. Pero eso no impidió el arresto de Lizelle Herrera, una mujer de Texas acusada de asesinato por “causar intencionalmente y a sabiendas, la muerte de una persona mediante un aborto autoinducido”. Los cargos finalmente se retiraron y el fiscal de distrito admitió que no tenían base legal: el aborto autogestionado sigue siendo legal en la gran mayoría de los estados (Carolina del Sur, Oklahoma y Nevada son excepciones).
Las organizaciones civiles que defienden a las mujeres en estas causas advierten que incidentes similares podrían volverse más comunes sin Roe, si 26 Estados prohíben el aborto como se espera. “Podríamos ver a los fiscales envalentonados para ir más allá de lo que permite la ley”, dice Farah Diaz-Tello, asesora principal y directora legal de “If/When/How”, un grupo de justicia reproductiva.
La organización de Diaz-Tello opera una línea de ayuda legal para asesoran a mujeres en sus derechos si buscan manejar sus propios abortos. Y dicha línea de ayuda ha visto un aumento dramático de consultas desde que se filtró el borrador de la decisión de la Corte Suprema (que cambió su composición con un giro conservador durante la presidencia de Donald Trump) que anularía el histórico fallo que marca que las mujeres embarazadas tienen derecho al aborto, y que los fetos no son personas con derecho a las protecciones de la Constitución.
Ese caso de 1973 vino con peros legales que los activistas contra el aborto han perseguido durante medio siglo. En 1989, la Corte Suprema confirmó una ley de Missouri que establecía en su preámbulo que “la vida de cada ser humano comienza en la concepción” y “los niños por nacer tienen intereses protegidos en la vida, la salud y el bienestar”. Si bien ese lenguaje entró en conflicto directo con Roe, el tribunal dictaminó que el preámbulo podía mantenerse porque no restringía activamente el aborto.
Antecedente
El fallo de 1989 alentó a los opositores al aborto a buscar probar la “personería fetal”. Según la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, hay miles de delitos en el Código Penal Federal que podrán usarse contra mujeres embarazadas cuando caiga Roe. “Realmente no podemos mirar hacia antes de 1973 en busca de ningún tipo de ayuda para comprender a lo que nos enfrentamos”, marcó Dana Sussman, directora ejecutiva interina de NAPW.
“Estamos en un universo completamente diferente cuando se trata de nuestra voluntad de criminalizar a las personas”, agregó. Hasta la fecha, 39 estados tienen leyes de “homicidio fetal”. Y el Partido Republicano presiona a la Corte Suprema: el tema es central en el debate electorales de cara a las parlamentarias en Mississippi, Dakota del Norte y Colorado. Y Alabama aprobó una enmienda a favor de los fetos en su constitución de 2018.
En Oklahoma en tanto, Brittney Poolaw actualmente cumple una sentencia de cuatro años por homicidio involuntario después de admitir ante el personal del hospital que había consumido drogas cuando sufrió un aborto espontáneo.
Los fiscales y los tribunales han interpretado que la palabra "niño" en varios estados (Carolina del Sur, Alabama y Oklahoma) se aplica a los fetos en todo el código penal. “Los fiscales estatales en esos estados pueden usar cualquier ley que pretenda aplicarse al abuso o daño de niños, a óvulos fertilizados, embriones y fetos. En esos estados, ya hemos perdido argumentos. Y anticipamos que perderemos más sin Roe”, marca Díaz-Tello. Un revés para el movimiento abortista que podría tener ecos mundiales.
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