El Presidente Mauricio Macri se ha encargado de desguazar el Estado, a partir de una lógica constante de desarticulación de los mecanismos institucionales, jurídicos, políticos, económicos y culturales que componen la soberanía nacional. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) sostenemos que Cambiemos ha llevado adelante un plan sistemático de entrega soberana.
Entre los hitos de este desaguisado, sin dudas se destaca el acuerdo Foradori/Duncan del 13 de septiembre de 2016. En él se establecieron las bases desde donde se desplegaron diversas acciones políticas, que debilitaron los posicionamientos históricos y los consensos democráticos que nuestro país supo edificar respecto a la irrenunciable reivindicación en torno a la soberanía sobre las Malvinas, islas del Atlántico Sur, Antártida y espacios marítimos circundantes.
El Decreto 602/2019 constituye, así, un capítulo más de esta compleja trama. El hecho de habilitar los vuelos entre San Pablo y Malvinas, con escala en Córdoba, implica mejorar las condiciones logísticas del Reino Unido. Ello, para ser claros, incidirá en forma concreta en tres aspectos nodales, que impactan en forma negativa sobre nuestro Estado: hidrocarburos, pesca, y militarización del Atlántico Sur.
De esta forma el Presidente y su gabinete, han autorizado a “explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte”. Ello implica que, sobre nuestro cielo, podrán desplazarse personas, armamento, infraestructura y tecnología pesquera o hidrocarburífera. En esto no debe haber debate, el Reino Unido lleva adelante una explotación ilegítima e ilegal de nuestros bienes naturales, y además ha exteriorizado una peligrosa pretensión sobre el territorio antártico. En dicho sentido, el Estado argentino le ha brindado “facilidades” no sólo para llevar adelante dichas actividades, sino que ha mejorado su posición en lo que concierne a los debates futuros, al habilitar la interconexión aérea con un hub como lo es el aeropuerto de San Pablo.
Por su parte, nuestra Constitución Nacional, en la cláusula transitoria primera, expresa en forma clara y precisa que “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional” y agrega que la “recuperación de dichos territorios (...) [constituye] un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. A su vez, existe un derecho a la soberanía, toda vez que el texto constitucional, en su artículo 41, estipula que las acciones presentes no deben condicionar a las generaciones futuras.
El porvenir de esta Argentina bicontinental y oceánica se encuentra en el Atlántico Sur y en la Antártida. Malvinas, amén de ser una causa que desde tiempos inmemoriales mueve la resistencia de nuestro pueblo, es también un desafío presente en términos geopolíticos, en la misión de comenzar a concebir una agenda de desarrollo para las próximas décadas.
Es por ello que desde el CECIM La Plata hemos presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad, y nos hemos presentado también como querellantes en la causa iniciada por la abogada Valeria Carreras, en la que se solicita se investigue el delito de traición a la Patria por parte del Presidente y varios Ministros. Comprendemos que el Poder Judicial, debe realizar un test de constitucionalidad en relación al Decreto 602/2019 y declarar su nulidad absoluta. Asimismo, comprendemos que se deben suspender los vuelos San Pablo - Malvinas (tal como solicitó el Fiscal Di Lello), e investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los funcionarios intervinientes.
El 20 de noviembre está previsto el primer vuelo. Sí, el Día de la Soberanía Nacional. El Poder Judicial argentino deberá tratar la reedición contemporánea de la Vuelta de Obligado. ¿Será justicia?
*Abogado Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata
por Jerónimo Guerrero Iraola
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