Los jueces Andres Basso, Jorge Gorini y Jorge Giménez Uriburu quedaron molestos con el accionar de algunos abogados que participaron del debate oral en el juicio por la Causa Vialidad. “Cuatro de las defensas, integradas por los Carlos Beraldi y Ary Llernovoy (Cristina Kirchner), Federico Paruolo y Matías Galván (Nelson Perroti), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (Julio De Vido), y Enrique Arce y Nicolás Guzmán (Carlos Kirchner), dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”, comienza el descargo de los magistrados que terminará con el pedido de fiscalizar el rol de los abogados.
“Así, aunaron esfuerzos en repasar circunstancias que, desde su perspectiva, constituían pruebas irrefutables de que el proceso constituía una verdadera persecución política”, sigue el escrito y hace incapié en el trabajo de Carlos Beraldi: “Los abogados de la ex Presidenta, además, enumeraron la gran cantidad de causas en las que se encontraba imputada, pretendiendo demostrar el modo con que se materializaba dicha guerra judicial”, continuaron los jueces y además se refirieron a acusaciones puntuales contra ellos.
“Le otorgaron la misma finalidad persecutoria a la oportunidad escogida por este tribunal para que el juicio oral se iniciara pocos meses antes de las elecciones del año 2019, como un dato que generaba al menos suspicacias acerca de la intencionalidad de perjudicar su imagen de cara a los comicios”, describieron y también hicieron alusión a acusaciones contra el rol de los medios: “En pleno debate las mismas partes dirigieron ataques a los medios masivos de comunicación que fueron identificados por los acusados, bajo esta lógica, como operadores aliados e imprescindibles para la formación de opinión de la sociedad”.
Antes de anunciar las medidas que tomarán, el tribunal cuestiona la efectividad del trabajo del defensor de CFK: “No niega ni explica los hechos que fueron comprobados ni la prueba que los acredita”. Para finalizar, los jueces anuncian que notificarán a la autoridad a cargo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” de los letrados matriculados que participaron del juicio. Según la ley que regula la actividad de los defensores, tienen como deber “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.
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