Hay una guerra de cifras sobre cuántos altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri le dejó en herencia a Alberto Fernández. Está claro que el gobierno de Macri redujo la cantidad de empleados públicos en el administración nacional. Entre 2015 y 2019 pasó a haber 44.000 personas menos, según dijo el ex vice jefe de Gabinete de Macri, Andrés Ibarra.
Pero en la jefatura de gabinete nueva que encabeza Santiago Cafiero empezaron a revisar números, sobre todo en lo que llaman las funciones ejecutivas. Esos son los cargos que están por debajo de los ministros y secretarios y subsecretarios, que son cargos políticos y que normalmente renuncian cada vez que hay un cambio de gobierno.
Pusieron el foco en esas funciones ejecutivas que abarcan los directores nacionales, directores generales, directores simples y coordinadores. Son aquellas funciones ejecutivas que con un decreto ley 788 del 22 de noviembre pasado, Macri intentó dar estabilidad en un acuerdo con uno de los gremios con UPCN, la unión Personal Civil de la Nación. El decreto 36 del año 2020 de Alberto Fernández suspendió aquella norma que había dispuesto Macri y a partir de ahí algunos de esos cargos con funciones ejecutivas renunciaron, mientras a otros se les pidió la renuncia.
El nuevo gobierno hizo una primera evaluación de cuánto habían aumentado las funciones ejecutivas en la administración pública, en los organismos centralizados y algunos organismos descentralizados, pero no su mayoría. O sea, son números que no incluyen ni la AFIP, ni las empresas de estados. Y concluyeron que las funciones ejecutivas de la era Macri subieron de 2300 a 2800. O sea, 500 cargos nuevos que se crearon.
Pero no sólo eso. De esos 2800 cargos que dejó en herencia el gobierno de Macri, 1800 fueron nombrados por el gobierno de Cambiemos. Es decir solo 1000 heredó del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En las huestes de Andrés Ibarra, responden que es verdad de que hubo un aumento de funciones ejecutivas en los organismos centralizados, que ellos hablan de que aumentaron de 2600 a 2800, o sea un 6%. Pero dicen que los organismos descentralizados, la cantidad de funciones ejecutivas cayeron de 6500 a 5600, es decir un 14 por ciento. Por eso, ellos concluyen que en total se redujeron unas 700 funciones ejecutivas es decir unos 8% en 4 años.
¿Quién tiene la razón en esta guerra de cifras? Antes de dejar el Gobierno, el que ha secretario de empleo públicos de Cambiemos, Pablo Legorburu, dependiente de Andrés Ibarra, pidió un informe sobre cómo habían variado la funciones ejecutivas y la información que le dieron es la siguiente: las funciones ejecutivas en la administración pública centralizada aumentó de 2100 a 2400, o sea un 10 por ciento. Y las funciones ejecutivas en los organismos descentralizados aumentaron de mil a 1100, un 7%. En total aumentarían de 3200 a 3500, en un 9%. La verdad se esconde detrás de las cifras.
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