Las últimas semanas fueron de debate nacional sobre el tema de los “presos políticos”. Cerca de los detenidos le apuntaron al Presidente, y le exigieron que mueva las fichas para garantizar la libertad de Julio De Vido, Amado Boudou, Milagro Sala y Luis D’Elía.
Fernando Esteche, que estuvo dos años detenido por el Pacto con Irán, fue el único que se animó a poner en palabras la bronca con Fernández. “Nos molesta que haga de cuenta que no tiene nada que ver cuando todos sabemos cómo funcionan las cosas. ¡Dé órdenes a sus delegados en el Consejo de la Magistratura! ¡Envíe proyectos de ley para que se repare esta injusticia!”, dice el ex dirigente de Quebracho. Un lawfare pero para los “buenos K”, algo que podría tomar forma si el proyecto de ley que presentó la senadora oficialista María Eugenia Catalfamo, junto a otras cuatro legisladoras, se aprobase.
El polémico borrador de esa ley de impunidad, que en los pasillos del Senado que preside CFK apodan “ley anti lawfare”, propone declarar “nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva cuando se verifique la publicación de contenidos por parte de medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública”. “Ojalá que sea rápidamente aprobada y se pueda revisar con memoria verdad y justicia todas las causas, inclusive las que se dan como obvias, como el accidente de Once”, dice desde la cárcel D'Elía, uno de los que caldeó los ánimos asegurando que es un “preso político del actual turno democrático”. Quizás tenga suerte: la mayoría en el Senado es del Frente de Todos. D'Elía también cuenta que, el martes 18, se juntarán peritos oficiales y de parte para dictaminar sobre el estado de su salud -tiene dos bypass, dos epistemas y es insulino dependiente- y la pertinencia de que siga o no tras las rejas. Quizás el dirigente social, el único de los cuatro “presos políticos” sobre el que no pesa ninguna denuncia de corrupción, se convierta en el primer beneficiado luego del debate nacional. Sin embargo, tanto él como Boudou afirman que lo que buscan es “un juicio justo”, a diferencia de Sala, que no le importan las formas: “Que lo resuelva”, le exigió a Fernández, quien siempre la defendió y que incluso tiene pendiente en su agenda presidencial ir a visitarla en breve.
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