El dirigente social y líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, decidió acampar en Lago Escondido junto a otros manifestantes frente a la mansión del magnate Joe Lewis, y pidió que la Justicia “cumpla con el fallo que está firme hace 10 años, que abran el camino público y lo custodien". "Vamos a permanecer por tiempo indeterminado", agregó. En su declaración, Grabois afirmó que este acampe es una “acción de resistencia no violenta”.
“Atrás mío está esta mansión que es la sede del estado paralelo, donde los jueces federales, los jefes de las fuerzas de seguridad, los grandes medios de comunicación, los factores de poder real, vienen a sellar los destinos de nuestra patria”, manifestó Grabois, en referencia a la reunión mantenida en dicho lugar entre Lewis y otros personajes destacados de la áreas mencionadas por Grabois.
De acuerdo al discurso de Grabois, el objetivo de esta medida es “interpelar al Ejecutivo provincial y nacional a que que cumplan con el fallo que está firme hace 10 años, que abran el camino público y lo custodien”, en referencia al fallo que ordenó a Joe Lewis y al Estado rionegrino abrir un camino público de acceso al Lago Escondido.
Y es que el territorio del que Lewis es dueño es el epicentro de un conflicto territorial: en 1996, Lewis se volvió dueño de las 8 mil hectáreas que rodean Lago Escondido, y desde ese momento el derecho que la ley garantiza al acceso público a este patrimonio nacional es impedido por la seguridad privada del empresario.
Pero la actuación de Grabois llega justo después de que algunos hechos señalaran una presunta trama de complicidades entre medios, empresarios, funcionarios del gobierno porteño y jueces: A principios de mes, según pudo investigar PERFIL, una filtración de dos supuestos grupos de Telegram reveló muestras de conversaciones en las que varios de los representantes de estos sectores buscaban cómo justificar la financiación de un viaje a Lago Escondido, al cual habrían sido invitados por el Grupo Clarín y hombres de inteligencia. Como involucrados, figuraban entre otros el Juez Federal Pablo Cayssials, el juez Julián Ercolini y el fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques.
El primer grupo de chat a los que accedió PERFIL habría sido armado el 17 de octubre y según surge de la filtración, su creador habría sido Pablo Casey, sobrino del empresario dueño de Grupo Clarín, Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de dicho grupo. También lo integraría el CEO del grupo empresario Jorge Rendo.
Luego de que se diera a conocer esta investigación, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró que los jueces y funcionarios de Juntos por el Cambio que habrían participado del grupo de chat incurrieron en el delito de “dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad”.
Las conexiones entre Lewis y el resto de los personajes fueron uno de los principales argumentos esgrimidos por la vicepresidenta Cristina Kirchner para contestar a la condena a 6 años de prisión que la Justicia hizo caer sobre ella a principios de mes, por considerarla autora responsable de administración fraudulenta, debido a los hechos que se hicieron conocidos como la “Causa Vialidad”.
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