Opinión / 3 de junio de 2013

La política del miedo

Máximo K. La Presidenta instó a los jóvenes liderados por su hijo a prepararse para la resistencia. Las góndolas, el primer round.

Ilustración: Pablo Temes.

Dicen que “la corrupción mata”, pero no solo es cuestión del tendal de muertos en accidentes ferroviarios o inundaciones atribuibles, si bien indirectamente, a funcionarios habituados a anteponer sus propios intereses personales al bienestar común. La corrupción también plantea una amenaza mortal a la democracia. Son tantas las denuncias terriblemente convincentes de enriquecimiento ilícito que se han formulado contra la presidenta Cristina Fernández y sus allegados que una derrota electoral no les supondría nada más alarmante que una oportunidad para descansar de sus labores por un rato en que prepararse para un nuevo período en el poder, como suele suceder en democracias “normales”. A menos que sus eventuales reemplazantes decidieran amnistiarlos, una opción que, de concretarse, con toda probabilidad compartiría el destino de aquellos indultos que fueron decretados por el presidente Carlos Menem, muchos, encabezados por la mismísima Cristina, podrían tener que elegir entre el exilio en un país dispuesto a darles refugio y la cárcel. Entre otras cosas, la “década ganada” arrojó un superávit impresionante de denunciados emblemáticos.

Esta realidad sumamente desagradable ha echado una sombra maligna sobre la política nacional. La estrategia kirchnerista se ha subordinado por completo a la necesidad de salvar a Cristina y ciertos colaboradores de lo que les esperaría si las instituciones democráticas funcionaran de manera adecuada. Desde el punto de vista de quienes corren peligro de pasar años entre rejas por lo hecho cuando se creían impunes de por vida, no les queda más alternativa que la de dinamitar cuanto antes el sistema judicial, asegurarse la obediencia automática de los legisladores oficialistas sustituyendo en las listas a los considerados tibios por personajes de convicciones ideológicas más firmes, hacer callar a los medios críticos asfixiándolos, y blanquear dinero de procedencia dudosa, o sea, intimidar a la sociedad para que se resigne a ser gobernada por lo que, a juicio de cada vez más personas, es una banda de saqueadores impúdicos. Dadas las circunstancias, es comprensible que el Gobierno haya emprendido una ofensiva frenética contra la Justicia y la prensa aún independiente; muchos oficialistas tienen motivos de sobra para sentir miedo.

Además de procurar mantener a raya a una oposición amorfa, fragmentada y desconcertada, Cristina y sus amigos están tratando de atemorizar al tercio de la población del país que de un modo u otro depende de la largueza estatal, advirtiéndole que cualquier cambio lo privaría de sus ingresos magros que, con el propósito de subrayar lo que está en juego, acaban de aumentar. Si nos vamos, insinúan, vendrían los satánicos “neoliberales” que, como es su costumbre, enseguida pondrían en marcha un “ajuste” que dejaría a los ya muy pobres sin nada.

En un país de cultura tan clientelista como la Argentina, en que millones dan por descontado que la lealtad para con políticos determinados es lo único que sería capaz de defenderlos contra los golpes brutales de la vida, el mensaje así supuesto resulta persuasivo, sobre todo en una etapa, como la actual, en que el horizonte económico, y por lo tanto laboral, se ve cubierto de nubarrones ominosos. He aquí la razón por la que, a pesar de todo lo que ha ocurrido últimamente, Cristina aún ostenta un índice de aprobación de aproximadamente el 35 por ciento. No es suficiente como para asegurarles a los kirchneristas otro triunfo electoral aplastante, pero constituye una base que, manejada con astucia, podría permitirles impedir que sus adversarios más temibles alcancen el poder necesario para obligarlos a rendir cuentas ante la Justicia por las fechorías, de dimensiones épicas, que les han sido achacadas.