Opinión / 16 de mayo de 2014

El fin de la tregua entre Cristina y Francisco

IGLESIA. El ataque de la Presidenta a la curia argentina puede repercutir en su relación con el Papa Francisco.

Néstor Kirchner llamaba al arzobispo Jorge Bergoglio “el jefe de la oposición”. Si bien Cristina compartía la opinión de su marido sobre la militancia imputada al prelado y por tanto se sintió sumamente indignada cuando los cardenales lo eligieron Papa, para disgusto de los kirchneristas más combativos optó por perdonarle sus muchos pecados políticos.

No le fue fácil. Tampoco le ha sido fácil tratar de reconciliarse con las instituciones eclesiásticas locales. Aunque por motivos que podrían calificarse de estratégicos Francisco –no quiere que su país de origen recaiga en el caos– la ha tratado con amabilidad, parecería que Cristina sigue viendo la Iglesia Católica como una organización burguesa reaccionaria que colaboró con la dictadura militar, de ahí su alusión al presunto deseo de los obispos de “reeditar viejos enfrentamientos”. A su entender, rige una especie de pacto de no agresión entre el Gobierno y la Iglesia que esta acaba de romper al difundir la Conferencia Episcopal un documento en que se relacionó el delito con la corrupción y con “una dialéctica que alienta las divisiones”.

Desde que se reinventó como una partidaria tardía, pero entusiasta, de los guerrilleros de cuarenta años atrás, Cristina ha hecho suya la hostilidad que sienten hacia el establishment clerical muchos sobrevivientes y sus allegados. Por cierto, no discrepará con la líder de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que criticó al Episcopado con su vehemencia habitual por preocuparse más por el delito actual que por los crímenes políticos de otros tiempos: dijo que la Iglesia “no habló cuando la dictadura secuestraba tantísima gente, pero ahora se asusta porque hay violencia”.

Que la rama argentina de la Iglesia Católica haya asumido una postura netamente opositora al gobierno kirchnerista no debería ocasionarle sorpresa. Todos los gobiernos de los años últimos han sido blancos de amonestaciones similares; también lo serán los próximos. Aun cuando la realidad del país fuera la prevista por “el relato” de Cristina, los obispos encontrarían motivos para quejarse, ya que ninguna sociedad existente se aproxima a la utopía que reivindican.

Fuera del minúsculo “Estado de la Ciudad del Vaticano”, los clérigos raramente se ven constreñidos a emprender la tarea ingrata de gobernar. En común con los pequeños partidos testimoniales, pueden criticar el desempeño ajeno sin correr el riesgo de que otros contesten refiriéndose a sus propios fracasos. Se trata de una ventaja que no están por abandonar: con firmeza, los voceros de la Iglesia nos recuerden que no les corresponde formular propuestas concretas.

De todas maneras, a esta altura es penosamente evidente que la Argentina de la década ganada no se parece para nada ni al inalcanzable ideal eclesiástico, ni, lo que es un tanto más importante, al país en que todo marcha bien de la retórica kirchnerista. No fue necesario que los obispos y otros dignatarios señalaran que entre la cuarta y la tercera parte de la población vive por debajo de una línea de pobreza apropiada para el norte de África, que la violencia “cada vez más feroz y despiadada” se ha hecho rutinaria, que la droga se ha erigido en una industria nacional más y que la corrupción funciona como un ácido que debilita todos los vínculos sociales; los de la policía con los ciudadanos honestos y, huelga decirlo, los de la clase política en su conjunto con los demás.

Con todo, sería injusto suponer que Néstor, Cristina y sus adherentes sean los responsables principales de la situación calamitosa denunciada por el Episcopado. Ellos también son productos de una sociedad que perdió el rumbo hace muchísimos años. De no haber sido por la actitud complaciente del grueso del electorado, y por la voluntad de tantos políticos de apoyarlos sin chistar a pesar de las barbaridades que cometían, hubieran tenido que acatar las reglas constitucionales.