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CIENCIA | 21-04-2015 12:07

De China a Neuquén

El convenio que instalará una estación espacial en la Patagonia preocupa a científicos y políticos. Usos militares y soberanía.

En tierras desoladas, a 6 kilómetros al oeste del kilómetro 2.134 de la ruta nacional 40, en un paraje cercano a Bajada del Agrio, se alza un proyecto bautizado como Estación Deep Space 3, de exploración de espacio lejano para monitoreo y control de las misiones chinas de exploración interplanetaria. Demandó una inversión inicial de 300 millones de pesos, y se viene trabajando en él desde hace dos años, aunque la mayoría de los argentinos se enteró de eso hace menos de seis meses.

¿El fin de la base en nuestro país? Implementar la tercera fase del Programa Chino de Exploración Lunar. Su misión será comunicarse con las naves, (en muchos casos robots no comandados por humanos) que harán distintas exploraciones en la Luna para recolectar muestras del terreno lunar a ser analizado en la Tierra, y hasta poder explorar Marte (Ver recuadro). Esta estación será la segunda de origen extranjero en nuestro país, después de la europea ubicada en Marlagüe, Mendoza. Y se convertirá en la tercer estación espacial de seguimiento china en el planeta.

El porqué de la elección de la Argentina se debe, según los expertos chinos, a la posición geográfica que tiene el país. “En el 2010 los chicos visitaron Chile y Río Negro buscando dónde emplazar esta antena. Para comunicarse necesitan la menor interferencia posible, y como la topografía del lugar que eligieron en Neuquén conforma una especie de olla, evita estas interferencias y permite tener un control del espacio interestelar durante las 24 horas del día”, afirma el ingeniero Rodolfo Lafitte, Secretario de Gestión Pública de la provincia de Neuquén por el  MPN.

El predio contará con cuatro edificios. El principal tendrá unas paredes de 70 centímetros de hormigón, con la sola función de soportar la antena parabólica de 35 metros de diámetro, que es la encargada de establecer las comunicaciones con las naves en vuelo. Equivale en altura a un edificio de cuatro pisos. Luego habrá un segundo edificio de máquinas y energía: se construirá una línea de unos 60 kilómetros de extensión y 33 kilovot de potencia desde la ciudad de Las Lajas, porque la base necesitará un mega y medio de potencia. También habrá un complejo de edificios y viviendas que alojará a los técnicos de China, además de un comedor, oficinas de trabajo y hasta un gimnasio.

Pese a las promesas, ciertos temas hicieron ruido entre la oposición y el ámbito científico. El principal de ellos es que se trata de una obra que comenzó hace dos años sin la previa autorización del Congreso, que recién el 25 de febrero de 2015 la aprobó con 133 votos a favor, contra 108. La profunda división entre el arco opositor y el oficialismo tuvo que ver con una segunda cuestión: la posibilidad de que la estación espacial pueda ser empleada con fines militares. Un tercer punto controversial fue la exención de los impuestos para el país asiático en tanto a los materiales que involucran el proyecto, contra la posibilidad de que los científicos argentinos puedan realmente operar en la estación.

La secuencia. Fue en el año 2010 cuando se produjeron los primeros acuerdos entre la Argentina y China. Hubo dos tratados. El primero fue un acuerdo bilateral de cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, firmado entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Allí se estableció por primera vez que el predio contaría con 200 hectáreas, que se haría en dicho lugar debido a sus condiciones de suelo y altura, que la CONAE podría utilizar un 10% de tiempo de la antena de espacio lejano por año, el apoyo a misiones espaciales de la Argentina a través de las estaciones terrenas de CTLC, previo firma de un tratado paralelo, y que el acuerdo tendría una duración de 50 años.

El segundo, sumaba a una tercera parte que es la provincia de Neuquén. Allí se estableció el apoyo por parte de la provincia, además de las especificaciones acerca del territorio elegido, las características del lugar, la mejora de rutas para el fácil acceso y los distintos elementos que tienen previsto instalarse allí. La etapa final de este convenio requería la aprobación de la Cámara de Diputados. Luego de un debate ausente, el 25 de febrero de 2015 se hicieron posibles, con el apoyo del oficialismo, las leyes que avalan la alianza de cooperación económica entre la Argentina y China, y la construcción de la base espacial.

Dudas y críticas. Las críticas no se hicieron esperar. “Nos molestó la forma en la que se negoció. Las obras comenzaron hace dos años y el parlamento se enteró recién a fines del 2014. Otra cuestión es que venden la idea como una revolución del próximo siglo cuando es una estrategia geopolítica. En China la misma antena está bajo órbita militar, no científica”, resume el diputado por el Frente Renovador José Ignacio de Mendiguren.

Desde la CONAE aseguran que se trata de “una antena de gran dimensión, elevada ganancia y movimientos lentos dirigida a misiones de espacio profundo, esto es, ubicadas a distancias que superen los 300.000 kilómetros de la Tierra. Por sus características, no cumple con los requisitos de uso militar, como el seguimiento y/o control de satélites militares de órbita baja, misiles y cohetería, que se mueven rápidamente y, por lo tanto requieren de antenas dotadas con mecanismos ágiles”. La oposición no opina lo mismo, y asegura tener pruebas de que la firma CTLC depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China. Para el ex titular de la ex SIDE, Miguel Ángel Toma, estaría vinculada también con el Centro Nacional de Control y Seguimiento Misilístico del Espacio de dicho país, además de que “existen fuertes indicios que confirman que el director de CLTC es jefe militar del Departamento de Armamento General del Ejército Chino”.

Toma insiste en que autoridades militares especializadas en este tipo de actividades, “afirman que la tecnología utilizada es de aplicación dual, civil-militar, y que un informe reservado de fuentes castrenses afirma que las antenas que se levantarán en la base de Bajada del Agrio son también aptas para el seguimiento y control de misiles, o sea vehículos de uso militar”.

En la misma línea, el senador Fernando "Pino" Solanas, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la que dependió el proyecto de la base espacial, sentencia que “la tecnología empleada en la estación china de CLTC admite el uso dual; civil y militar, sobre todo en materia de seguimiento satelital, telemetría y control de comunicaciones”.

A fines del año pasado se supo que el senador Miguel Pichetto del Frente para la Victoria (FpV), habría sido la cara más representativa en bajarle el pulgar al dictamen. Y aunque allegados al senador lo negaron, desde la comisión de Relaciones Exteriores del Senado admiten que “siempre existió cierto temor, lo que llevó a que el proyecto fuera tirado hacia adelante”. Por su parte, Rodolfo Laffitte afirma que esta es “otra de las tantas mentiras aparte del tema de la soberanía. La tierra se cedió a la CONAE, que es argentina. Eso lo dice el acuerdo trilateral. Esta es una antena para seguir una pequeña nave en la Luna, y sirve para operaciones de espacio lejano. Después están las de comunicaciones terrestres que utilizan satélites ubicados a 36 mil kilómetros sobre la línea del Ecuador. En cambio, para comunicaciones militares las antenas se hacen móviles con el objetivo de ser fáciles de destruir”.

Especialistas del ámbito científico puntualizan que “cualquier antena como la que se va a instalar en Neuquén sirve para funciones militares”. Y que en definitiva la CONAE “no obtendría nada a cambio” en cuanto a participación en sí en la estación china. Otro factor en contra es que las obras son realizadas por la empresa estatal China Harbour Engineering Company (CHEC), con sede en Buenos Aires, y acusada por sobornos, incumplimiento de contrato y daño ambiental en distintos países del mundo. Esta, a su vez, subcontrató a la constructora Esuco S.A. de Carlos Wagner, vicepresidente de la Cámara de la Construcción, e imputado en la causa contra Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.

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