Padres que no pueden ver a sus hijos, un problema que aún es tabú

El testimonio de Martín Sarachaga en el programa "Lanata sin filtro" de Radio Mitre, volvió a poner la lupa sobre un problema que aún resulta tabú en la sociedad argentina: los padres que se ven impedidos de ver a sus hijos.

Sarachaga, rematador de obras de arte, relató a Jorge Lanata la odisea judicial que atraviesa para conseguir restablecer el vínculo parental-filial y las trabas con las que se encuentra en el Poder Judicial, en el cual trabaja su ex esposa.

El caso de Sarachaga es uno más de los cientos de casos que empezaron a conocerse en los últimos años, entre los que se encuentran los cinco testimonios recogidos en el documental "Borrando a Papá", el cual despertó una polémica inaudita.

El documental que fue financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa), el cual a su vez lo calificó como “apto para todo público”. Sin embargo, organizaciones como Salud Activa y Comunicar Igualdad, pidieron que la película no se exhiba porque fue realizado desde la perspectiva del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un trastorno que no es reconocido por casi ninguna sociedad psicológica o psiquiátrica de occidente. Asimismo, criticaron a los profesionales que aparecían en el documental por carecer de "referencia alguna", aunque se trataba de Glenda Cryan, psicóloga del Conicet, y Julián Díaz Bardelli , Director de Asistencia a la Víctima dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación. Por otro lado, en ningún momento de la película se hizo mención SAP, sino que se contaron historias de hombres que no podían ver a sus hijos (uno de ellos, inmigrante ruso, bajo la acusación de "hablarle a su hijo en ruso) y registraron fílmicamente el destrato recibido en las distintas sedes judiciales donde recurrían para pedir ayuda. O sea: se pidió censura previa para una película que no vieron.

Con el revuelo armado, el Colegio de Abogados se dispuso a exhibir el documental para los matriculados. Sin embargo, una carta firmada por la diputada nacional por el PRO Gladys González y la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, volvió a suspender su estreno. Finalmente, consiguieron hacerlo, pero en una sala del Incaa en Constitución, y en otra de un pueblo de Jujuy.

Cuestión de familia. Las denuncias de impedimento de contacto se multiplican en las comisarías y fiscalías de todo el país en paralelo a las denuncias por incumplimiento de cuota alimentaria. Al colapso de los distintos poderes judiciales del país se suma un factor que no es menor: los tribunales de familia, donde se definen los regímenes de visitas, no tienen poder de policía: o sea, pueden ordenar que se cumpla con el régimen de visitas, pero no pueden imponer ninguna sanción en caso de que ello no ocurra. Para ello, está el fuero correccional y/o penal, donde se acumulan las denuncias y pueden llegar a registrarse demoras de hasta seis meses para que sea citado un denunciante a ratificar lo manifestado en sede policial. Según manifestaron diversos padres en esta situación, en la inmensa mayoría de los casos, los expedientes son archivados sin efectuarse ningún tipo de medida, ni siquiera para corroborar la veracidad de la denuncia o para certificar que los menores aún residan en el domicilio materno.

Por si fuera poco, las disputas judiciales se extienden en el tiempo por años, algo que afecta aún más la relación entre padres e hijos, en virtud del paso del tiempo: cuatro o cinco años de trámites, es más de la mitad de la vida de un niño de 10 años de edad.

Respecto de las problemáticas jurídicas, Julián Díaz Bardelli sostiene que “en caso de separación, la tenencia de los menores de 5 años queda a cargo de la madre” por culpa de la interpretación del código civil, que “es una norma discriminatoria que partía de la idea falsa de que la mujer está en mejores condiciones y siempre es más idónea para criar a sus hijos”. Asimismo, Díaz Bardelli señala que, así las cosas, “el varón debe mostrar su idoneidad” por culpa de “una especie de automatismo en la norma que distingue sólo por el sexo”.

Colapsado el fuero penal, sin poder el fuero de familia y con problemas de interpretación en el fuero civil, la problemática de los padres que no pueden ver a sus hijos, está lejos de encontrar una salida. Si se da vuelta la ecuación, la problemática suena más fuerte: la legislación vigente está lejos de encontrar una salida a los menores de edad que no logran reestablecer el vínculo con sus padres.

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