Antes de ser presidente en funciones, Mauricio Macri demandó que se le aplicara la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela. Poco tiempo después dio marcha atrás, aduciendo que el proceso electoral que logró romper con 10 años de hegemonía chavista en la Asamblea Nacional se dio con normalidad. Sin embargo, hasta el momento han sido escasamente discutidas tanto las razones que motivaron el accionar argentino como los escenarios posibles, en caso de que los problemas por los que atraviesa la administración de Nicolás Maduro se profundizaran a futuro.
Al respecto, consideramos que la exclusión de Venezuela del Mercosur sería enormemente perjudicial para aquel país, para Argentina y para el resto del bloque. Reflexionar brevemente sobre la actitud de la gestión de Macri y analizar alternativas de políticas regionales comunes ayudarán a justificar aquella afirmación.
Comencemos por la actitud, concentrándonos en tres factores: la estrategia aplicada, los instrumentos elegidos y los resultados deseados. Respecto de la estrategia, si el objetivo de promover la aplicación de la cláusula era cumplir una promesa electoral y denunciar públicamente al gobierno de Maduro para potenciar el empoderamiento de los sectores opositores, podría decirse que logró su cometido. Pero si lo que pretendía era efectivamente aplicar la cláusula, debería haber generado consensos mínimos previos a la reunión de Asunción, porque el Mercosur prioriza la soberanía y la no-intervención como principios fundamentales, lo cual conlleva que todas las decisiones –incluyendo la aplicación de la cláusula- se deban tomar por unanimidad. Por supuesto, en estos casos el país en cuestión no es considerado parte de ese consenso.
Lo anterior va de la mano con la elección del instrumento. Se decidió demandar la aplicación del Protocolo de Ushuaia (1998), diagramado para casos de ruptura democrática. Esto porque, paradójicamente, al Protocolo de Ushuaia II (2011) -que amplía los casos que podrían alterar el orden democrático e incorpora conceptos como “amenaza” o “violación” al orden constitucional- sólo lo ha ratificado Venezuela entre los miembros plenos del bloque. Siendo una autocracia competitiva, el actual régimen venezolano resulta esquivo para las definiciones normativas de democracia, así como para los mecanismos destinados a protegerla.
Finalmente, la aplicación de la “sanción democrática” puede haber sido demandada con el propósito de erosionar al régimen vigente y legitimar a ciertos sectores opositores. No obstante ello, este tipo de acciones suelen generar efectos no deseados, como la radicalización del discurso oficial y el incremento de los niveles de represión interna para sobrevivir. Dicho esto, asumimos que una estrategia que apoye la consolidación de instituciones democráticas inclusivas en Venezuela debería focalizarse en la generación de incentivos adecuados al tipo de demandas que allí emergen y que tenga en cuenta los clivajes y la estructura de oportunidad presentes, sin dobles estándares.
Una política efectiva de Argentina en favor de la democracia venezolana pasa por asumir el liderazgo dentro del Mercosur en procura de incluir a Venezuela en lugar de marginarla. De lo contrario se perdería la posibilidad de monitorear el respeto por los derechos humanos y por la autonomía de poderes en un momento crítico en el que su oposición requiere el mayor apoyo institucional posible desde la región. Esto no sólo permitiría levantar el perfil de un Mercosur alicaído, sino que además serviría para delinear una nueva política exterior argentina hacia América Latina, recuperando parte del liderazgo regional que fue en gran medida absorbido por Brasil, una potencia hoy ensimismada y en crisis.
En suma, la democracia y estado de derecho venezolanos, la institucionalidad del Mercosur, y el estatus internacional de Argentina, ganan más con Venezuela dentro del bloque que forzándola a salir. Con una economía no productiva, un barril de crudo por debajo de los 25 dólares, y con un tercio de los ministerios en manos de militares, Venezuela se encuentra en una coyuntura en que la marginación internacional podría radicalizar a su gobierno, hundir aún más a su economía y convertirla en una amenaza para la estabilidad regional. Una política exterior realista desde Buenos Aires, y que a su vez predique con el ejemplo, podría ser la piedra angular en la promoción de cambios pacíficos en la región.
* Nicolás Comini es director de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador. Víctor M. Mijares es profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
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