El gobierno vive la pesadilla del gas

¿De dónde habrá salido la estimación de que ciertos segmentos de la población o de determinadas regiones geográficas del país pueden pagar tarifas de gas con aumentos de entre 1.200% y 2.000% con ingresos per cápita inferiores a los 9.000 dólres anuales? ¿Qué funcionario del gobierno creyó -antes del tarifazo- que la tolerancia social daba como para encender la mecha y desviar enseguida la atención desde la impotencia de no poder pagar las nuevas facturas hacia el constructivo hábito del ahorro energético? ¿Puede imaginarse sensatamente que una economía familiar sostenga el descalce de las grandes petroleras internacionales afectadas por la caída de los precios globales y la consiguiente suba de los costos de extracción del combustible?

Aparentemente, el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay no fue ni imaginó semejantes despropósitos. Al menos lo dio a entender: “Quizás nos equivocamos en la identificación de quiénes son los que pueden pagar la tarifa plena y eso es lo que estamos tratando de corregir”, reconoció. “La decisión cautelar de la justicia de volver al anterior cuadro tarifario no solo perjudica nuestro plan económico sino que además plantea un esquema agresivo que elimina la tarifa social y se le quita el subsidio a los más vulnerables”, criticó de paso los nuevos topes correctivos. “Ahora modificamos el cuadro tarifario tomando los reclamos. Hubiéramos querido evitar las decisiones que tomamos en el plano tarifario, pero no había más remedio porque nos estamos quedando sin gas. Igual -volvió a reconocer y hasta ironizar-, no afecta nuestro objetivo fiscal de este año de bajar el déficit al 4,8% del PBI, pese a que no preveíamos aumentos de tarifa de gas superiores al 400% y en algunos casos al 1.000%”.

Según los cálculos del ministro, siempre optimistas, el gobierno ahorrará este año unos 78.000 millones de pesos en subsidios a la energía, el transporte y el agua, las principales fuentes del déficit fiscal. Ese “gasto” bajaría de los 4,5% del PBI de la gestión kirchnerista al proyectado 3,3% del primer año de Cambiemos. Pero en vez de aplicar el tarifazo original de abril, en el que la demanda (los usuarios) pagarían en un 90% el costo del gas, ahora, con el tope del 400%, se cubrirá con tarifas solo un 70% de los costos en comparación con el mismo periodo del año pasado. El gobierno resignaría así entre 11.000 y 13.000 millones de pesos que ya daba por “ahorrados” en subsidios. Pero pese a lo que se dijo, no hay diferencias en el entorno de Macri sobre esos cálculos numéricos: Prat-Gay, aún con sus diferencias -más o menos explícitas- con el ministro Juan José Aranguren, coincide con la postura tanto del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de sus asesores claves, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Fueron los que “bancaron” a Macri cuando el Presidente ordenó, para darse fuerza: “Que el mal venga todo junto”. Aranguren, por entonces, estaba a punto de anunciar el primer tarifazo que regiría desde el 1°de abril y dudaba sobre si debía aplicarse en cuotas o de una sola vez, de golpe. Macri desempataba: en todo caso, el ministro de Energía no era el más “salvaje” abanderado del ajuste gasífero. Algún vocero, comedido, de la Casa Rosada, adornó aquella crucial decisión del Presidente con algún supuesto “consejo” personal de Barack Obama, una circunstancia incomprobable.

Lo que nunca se explicó. La hipótesis oficialista es desdramatizar las consecuencias del peor error cometido por la nueva gestión: en definitiva, la Justicia no frenará este año los aumentos. Con la presentación de un recurso extraordinario ante la Sala II de la Cámara Federal de La Plata -que suspendió los aumentos en todo el país-, ganó tiempo hasta que la cuestión sea resuelta por la Corte Suprema. Salvo una denegación lisa y llana de las decisiones del Ejecutivo -del tarifazo y de los posteriores topes del 400 y 500%-, nada impediría aplicar el nuevo cuadro tarifario en el corto plazo (¿septiembre?, ¿octubre?).

Pero los jueces del máximo tribunal le pidieron explicaciones que ni Aranguren ni Macri ni ningún otro funcionario del gobierno dieron a la población:

• Cómo operarán los topes (400/500%) sobre las nuevas tarifas, sobre qué importes se aplicará y qué incidencia tendrán sobre el monto final de la factura a pagar por el usuario.

• Cuáles son los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social (y si su aplicación implica modificar la cantidad de beneficiarios), y con qué criterios se orientará su aplicación, o no aplicación, para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, en particular las vinculadas a las economías regionales.

• Si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los centros de producción, transporte y distribución y si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias o segmentaciones según los ingresos del usuario y demás miembros del grupo familiar.

Topes y papelón. El gobierno había dado otro paso en falso. El tope de 400% a usuarios residenciales y de 500% a comercios “sobre el valor total de la factura” fue acordado el 2 de junio con los gobernadores y para todo el país. Pero las facturas igual se dispararon muy por encima de esos topes. Y se extendió la judicialización. Resultado: el mayor frío había multiplicado la cantidad de metros cúbicos consumidos (y ya aumentados), que a su vez eran 400% más caros que el año pasado. Frigerio y Aranguren tuvieron que aclarar: “Los topes se aplican sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario anterior, y siempre considerando un mismo nivel de consumo”. Un papelón. Pero aún quedaba otro agujero sin cubrir: al mantenerse las tarifas altas pero con tope de facturación, muchos usuarios podrían consumir de más y ser protegidos por ese tope. Por eso empezó la sobreactuada campaña del ahorro energético. A lo largo de 90 días, los comunicadores oficialistas no pudieron ofrecer explicaciones técnicas consistentes. Tampoco supieron crear un blindaje político adecuado a una medida, en principio, ferozmente inflacionaria. Se vio incluso a los funcionarios improvisar en el cálculo de los días y los grados de calefacción normales con respecto a los picos de incidencia tarifaria de este año atípico (más frío, más consumo). Y no pudieron demostrar siquiera que éste haya sido el invierno más frío de los últimos 60 años, como aseveró Peña. En realidad, el otoño del 2016, de acuerdo con la temperatura media que calcula el Servicio Meteorológico Nacional, fue el sexto más frío en 55 años (Chequeado). El propio Macri manejó un dato falso: “Hoy consumimos más que el doble (de energía) de lo que consume un hermano del Uruguay o de Chile”. En cambio, según el Banco Mundial, Chile consume más que la Argentina y Uruguay un 30% menos. En cuanto al consumo residencial, si bien los hogares argentinos consumen más, no llegan a duplicar los valores de los países vecinos.

Pero son detalles casi insignificantes. Ante las críticas generalizadas -que no incluyen por lo general un cuestionamiento a la imperiosa necesidad de fondo de revisar las tarifas irracionalmente congeladas por más de una década-, el gobierno cambió el foco y fue del debate sobre el precio de una unidad de consumo a la discusión sobre el valor total de la factura. Pese a que si la factura actual no puede superar más de cinco veces la factura de un año atrás -según la corrección oficial-, sin importar los metros cúbicos consumidos, ¿no sería lógico suponer que el costo marginal vaya decreciendo y hasta podría llegar a cero? La verdad es que, más allá de los errores económicos y del costo fiscal, las decisiones técnicas sobre el costo de las tarifas, en los países más serios, parten de la base y se vinculan obligadamente con el consumo. El principio: cada usuario debe poder paga lo que consume por el servicio. O sea, para determinar el costo de la tarifa -además de la cantidad de metros cúbicos consumida- se arranca por el estudio del nivel de ingresos de los usuarios. Costos vs. ingresos: elemental. ¿Por qué no se preparó Cambiemos para hacer las cosas bien? En la Argentina, el Estado cuenta en su base de datos con toda la información necesaria: los ingresos que tiene cada persona y lo que consume por cada servicio público recibido. La AFIP sabe lo que cobran los empleados en relación de dependencia y lo que perciben autónomos, monotributistas y cada individuo que trabaja en la economía formal. La ANSES reúne todos los datos de lo que cobran los jubilados y los beneficiarios de los diferentes planes sociales. ¿Tan difícil era suponer que la tarifa propuesta resultaría impagable?