Friday 29 de March, 2024

POLíTICA | 26-05-2017 02:21

Los datos explosivos que podrían meter presa a Hebe

Desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo hubo desmanejos hasta con sus propios trabajadores.

Por comentarios de otros padres, Sergio Schoklender se enteró de que el colegio al que concurría su hijo, el Jean Piaget, –calle Rosetti al 50 de la Capital–, estaba al borde del cierre. El hombre no dudó: a través de su empresa Meldorek S.A. compró el colegio y con los materiales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo reparó el edificio. “Solo quería hacer que funcionara”, lo justificó Schoklender. La anécdota muestra el descontrol que se genera cuando desde el Estado se otorgan $750 millones sin auditorías.

Hay otro elemento importante que se desprende de la causa: los desmanejos con los propios trabajadores contratados por la Fundación y por Schoklender. Tres empleados que prestan testimonio aseguran que cada mes les descontaban 600 pesos de su sueldo. ¿Para las cargas sociales? No, porque ese dinero jamás llegó a la Anses, lo que les impidió a todos los trabajadores cobrar un seguro de desempleo cuando fueron despedidos. Este es un punto vital: la Justicia determinó que durante años la Fundación no pagó cargas sociales, y terminó con una deuda de $ 230 millones hacia el organismo estatal (que sumados a los $ 206 millones desviados, dan más de $ 400 millones faltantes).

Ese monto, bajo la órbita de la AFIP, que dependía de Ricardo Echegaray, jamás fue cobrado y ni siquiera reclamado. Aunque parezca insólito, hay un precedente similar que recuerdan desde la Justicia: las cargas impositivas que ese departamento jamás le cobró a Cristóbal López, uno de los empresarios favoritos del kirchnerismo. El tamaño de la deuda, y el tiempo durante el cual no fue pagada, hacen difícil de suponer otra cosa que no sea que esto continuó, como mínimo, con la vista gorda de Echegaray.

En junio del 2010 se inició la causa que hoy complica a Hebe. La denuncia recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que fue apartado en marzo del 2013, tras anularse el llamado a indagatoria de todos los imputados. “Hay un contraste muy fuerte entre la parálisis de la causa que tenía Oyarbide con lo que avanzó después con De Giorgi”, le dice Despouy a NOTICIAS. Todas las partes entienden que la demora del juez retirado tenía que ver con su buen trato con los K.

Martínez De Giorgi se hizo cargo del expediente y llamó a declarar a todos los involucrados entre el 4 de julio y el 28 de septiembre del 2016. El 15 de mayo rubricó el fallo: Bonafini, los Schoklender y ex funcionarios procesados por “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, un delito que oscila entre una pena de dos a seis años de prisión. Aún así, la mala noticia tuvo un aliciente para los sospechosos: es mucho mejor que la primera carátula que se había establecido sobre asociación ilícita, donde los responsables podían ser sancionados con hasta 10 años de reclusión.

por Carlos Claá, Juan Luis González

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