La Policía Bonaerense sigue dándole dolores de cabeza al gobierno provincial. La calma que parecía instalarse tras la remoción del jefe de la fuerza, Pablo Bressi, quedó en el olvido tras un nuevo escándalo que involucra a comisarios y efectivos de la seccional primera de La Plata. Una investigación de asuntos internos encontró en esta comisaría 800.000 pesos dentro de una caja fuerte y las acusaciones cruzadas entre integrantes de la fuerza y los funcionarios provinciales no tardaron en llegar. De un lado del gobierno provincial, encarnado en la figura del ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, decidió intervenir la comisaría. Del otro, los policías sancionados y compañeros que se plegaron en solidaridad, aseguran que se trata de una “caza de brujas” y que ese dinero está totalmente justificado y era para pagar lo que en la jerga policial se conoce como POLAD (horas adicionales).
La versión oficial dice que los efectivos del destacamento no pudieron justificar el origen ni el porqué de la presencia de ese dinero. Además, siguen la hipótesis de que respondería al mismo modus operandi de recaudación ilegal que tenía Patricio Masana, ex numerario en dicha comisaría que se encuentra preso tras haber entrado a robar a la casa del intendente platense, Julio Garro. Los policías se defienden y dicen que se trata de “una opereta para vender que hacen algo”, según dichos de un comisario de otra comisaría platense que se solidariza con sus colegas.
Con más de 90.000 efectivos, la Bonaerense es la fuerza de seguridad más grande del país, y también la más criticada. Cuando Cambiemos llegó al Gobierno se propuso controlarla, pero rápidamente la realidad les dio la espalda: se les fugaron los hermanos Lanatta y Schillaci, acusados por el Triple Crimen de General Rodríguez, a menos de un mes de asumir. Para hacer pie dentro de la fuerza, la gobernadora María Eugenia Vidal se está ganando algunos enemigos y muchos problemas. Pero la purga sigue. Casi 6.000 fueron apartados por distintas irregularidades en 19 meses de gestión.
Enfrentamiento. “Esta investigación llevó más de un año. Comenzó tras la detención de Masana, que prestaba servicio en la comisaría primera”, asegura a NOTICIAS el auditor general de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, Guillermo Berra. De acuerdo con el funcionario, luego de que Masana fuera detenido por el robo a Garro, se encontraron en su casa más de 300 planillas POLAD de esta comisaría. Esto permitía entender el negocio ilegal que existía por parte de efectivos de esta dependencia (sobre facturar al Gobierno horas POLAD), además del fastuoso estilo de vida que un policía del eslabón más bajo, como era Masana, podía costearse. La casa en el Country Grand Bell (uno de los más exclusivos de la capital provincial) y el Mercedes-Benz último modelo que el detenido tenía dieron la pauta a los investigadores de la enorme cantidad de dinero que este negocio ilegal generaba. “En aquel momento se exoneraron a cuatro efectivos, pero con la investigación determinamos que el sistema ilegal seguía funcionando con otros actores”, explica Berra sobre la reciente intervención en la comisaría.
Según informaron desde el Ministerio, el operativo se dispuso el 1 de septiembre (aunque se dio a conocer 11 días después) y cuando el cuerpo de auditores se presentó en la dependencia policial, durante la inspección que se extendió durante 12 horas, encontró más 800.000 pesos en la caja fuerte y documentación de interés para la causa. “No pudieron justificar el origen de esa plata. Dijeron que era dinero que faltaba pagar de horas POLAD para custodiar edificios públicos y comercios. En la lista de los efectivos a los que supuestamente se les adeudaba este dinero figuraban muchos. Ninguno de ellos reconoció su firma en las planillas de libros de cobro, muchos contaron que hacía meses que no hacían horas POLAD, había DNI de personas que no existen y legajos de personas que no son policías”, detalla Berra.
Ante esa situación, Ritondo resolvió intervenir la comisaria y designar al frente al comisario inspector Javier Martínez. Además, desafectó a siete policías de esa comisaría.
Pero la versión del Gobierno no fue bien recibida en el seno policial. “Hacen todo esto para demostrar que hacen”, dice uno de los policías apartados. Otro, va más allá y asegura que se trata de una “venganza”: “La primera tenía a su cargo la investigación del atentado al Ministerio de seguridad y Vidal pidió resultados, y como no hubo avances, Ritondo se la cobró y la intervino”, dice el uniformado sin dar la cara, para quien esta situación es una clara “marcada de territorio”.
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De acuerdo con el efectivo desplazado, “era obvio que la inspección iba a hallar el dinero en la caja fuerte si nosotros mismos le dijimos al Gobierno que queríamos bancarizar el pago de las POLAD por la cantidad de dinero que era y ellos sólo nos dejaban de a uno por mes”, asegura. Según un documento al que pudo acceder NOTICIAS, hace una semana una carta firmada por el entonces comisario de la primera, Pablo Orgoñez y el secretario de esa dependencia, Hugo Díaz, fue remitida al Ministerio de Seguridad para pedir por la bancarización del sistema, enumerando la cantidad de servicios de horas extras y el listado de lugares donde se prestaba dicho servicio.
Justicia. Mientras ambos bandos se preparan para un nuevo round de su guerra fría, la causa sigue su curso judicial. La investigación de este nuevo escandaloso caso está a cargo del fiscal Marcelo Martini y del juez de Garantías Guillermo Atencio, los mismos que entienden en la causa por los sobres hallados en la Jefatura Departamental La Plata, en abril del 2016, por la que nueve comisarios fueron detenidos (uno de ellos falleció en prisión). De hecho, según asegura el propio Berra, es probable que existan vínculos entre aquel caso y este: “La Justicia está haciendo peritajes con expertos de la Suprema Corte para analizar libros y determinar lo que en realidad ocurrió a lo largo de estos meses, ya que nosotros vimos un pequeña porción. Esto puede estar relacionado con la denominada 'Causa de los sobres', porque puede haber sido una recaudación que iba para la Departamental de La Plata”. Los policías apartados y acusados aseguran que todo está en regla.
En tanto, en los pasillos del juzgado avanzan en la investigación con poca gana. Aseguran que no quieren ser parte de “ninguna guerra interna” de la fuerza ni prestarse a “ningún juego”. Es que, aunque se trate de las fuerzas de seguridad, ya comenzó una guerra sin cuartel entre funcionarios y policías. La indómita Bonaerense contra un gobierno que quiere controlarla.
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