Sociedad / 17 de octubre de 2017

En Capital también: 138 amenazas de bomba a colegios en diez días

Mientras la vista de todos está puesta en el conurbano bonaerense, la ola de intimidaciones también moja a la Ciudad Autónoma. Números, investigaciones y el factor “tomas caídas”.

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Jueves 12 de octubre, 10 grados de térmica y lluvia en una Buenos Aires a la que la primavera esquiva. Bajo el agua,  chicos de una secundaria deben evacuar el colegio al que asisten. Y los chicos de la primaria. Y los chicos de las salas de 3, 4 y 5 años. Todos caminan a la calle, en un acto que poco tiene que ver con sus rutinas y en el que participan policías, bomberos y escuadrón antiexplosivos. Total normalidad del barrio de Flores que, esa misma mañana, contó con cinco amenazas de bomba en establecimientos educativos mientras la mirada está puesta en las escuelas del conurbano.

En la Justicia Federal los números arden. Según informaron desde Comodoro Py, sólo en la semana del 9 al 13 de octubre hubo consultas policiales al juzgado por un promedio de 6 amenazas de bomba por día. Cada una de ellas cuesta dinero. Cada una de ellas debe atenderse. Cada una de ellas implica que hubo personal policial especializado abocado a la evacuación de un establecimiento educativo y a revisar el edificio para determinar la falsedad de una amenaza, procedimiento que puede llevar unas dos horas por unidad, que es lo que demora en promedio el procedimiento de protocolo.

¿Efecto contagio? La cobertura mediática se ha centrado en las escuelas del conurbano bonaerense. Lo cierto es que la realidad de la ciudad de Buenos Aires no es muy distinta y los números hablan por sí solos: en Comodoro Py han iniciado un promedio de 100 expedientes por mes. En octubre, además, se aceleró la problemática y ya llevan iniciadas 138 causas en diez días hábiles desde el 2 de octubre. 

Y este último dato tampoco reflejaría la magnitud total del problema ya que son las amenazas que derivaron en la formación de un expediente. Una amenaza ingresa directamente al número de emergencias 911 o a un establecimiento educativo que luego llama al número de emergencias. Desde la policía efectúan la consulta al juzgado en turno y se activan las directivas de protocolo, que incluyen la evacuación inmediata de la escuela y la asistencia de la brigada de explosivos.

Las amenazas están tipificadas en el Código Penal como Intimidación Pública y sus autores no han discriminado entre la educación pública y la privada, ya que muchos de los llamados han tenido por blanco a establecimientos de enseñanza privada.

En ese sentido, algunas investigaciones se encuentran avanzadas con personas identificadas. Uno de los antecedentes más recientes en la resolución penal de estos conflictos se dio hace un año, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi embargó por 70 mil pesos a un adolescente de 16 años por la maniobra delictiva que originó “un gran despliegue innecesario ante una amenaza que resultó ser una farsa”. Tuvieron que responder sus propios padres.

Ese mismo 2016 tuvo a la ciudad de Buenos Aires como el centro de las amenazas de bomba, con casos extremos como el Normal n°5 de Barracas, que tuvo que ser evacuado 40 veces en menos de cuatro meses.

Si bien este año pareciera repetirse la situación, las estadísticas muestran un incremento en este 2017 que, según perciben las autoridades, se vio disparado desde el levantamiento de las tomas de los establecimientos educativos.

Fuentes del ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron a este medio que la propia cartera se ha presentado como querellante en al menos doce causas, las cuales comprenden a las más avanzadas y a las que arrastran a varios hechos más, como la del Normal n°5 de Barracas.

Tanto las autoridades judiciales como las ministeriales han manifestado la complejidad de esta problemática. Los recursos a asignar para cada protocolo, las investigaciones de los números ingresados, los perjuicios colaterales –cortes de calle por cada evacuación, la seguridad de menores que fueron depositados por sus padres dentro de un establecimiento y tienen que estar dos horas a la intemperie, entre otros– conllevan a un cuadro que ha generado, al menos en el ámbito porteño, más horas de clases perdidas que las huelgas docentes.

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