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Mundo / 3 de febrero de 2018

Elecciones brasileñas: buscando Salieris de Lula

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La semana pasada, tres jueces de Porto Alegre convalidaron y aumentaron en segunda instancia la condena a prisión que le dictó el juez federal Sergio Moro a Luiz Inácio Lula da Silva. La primera en la historia brasileña contra un ex presidente por cargos de corrupción y de lavado de dinero. Y la acusación contra Lula por haber recibido como soborno de la constructora OAS un departamento triplex en el balneario paulista de Guarujá, a cambio de garantizarle contratos con la petrolera estatal Petrobras, no es más que la punta del iceberg. Uno de los jueces de Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto, afirmó que existen “pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, si no el principal” del sistema de corrupción creado a través de los contratos de Petrobras (petrolão). Otro de los miembros de ese tribunal, Leandro Paulsen, agregó que “Lula estaba al tanto de los acuerdos para el pago de comisiones ilegales”.

Por eso, aunque Lula marcha primero en los sondeos para las elecciones presidenciales brasileñas de octubre (32%), y promete gastar la última bala en el Tribunal Supremo, su situación es complicada y la campaña incierta. Hasta existe la posibilidad de que esté preso mucho antes de octubre: en abril o mayo, dependiendo de los tiempos de la Justicia (esta semana el magistrado Humberto Martins rechazó de manera cautelar el recurso presentado por los abogados del ex mandatario).

Un plan B

A Lula aún le quedan recursos jurídicos por delante para evitar ir a prisión y poder registrar su nombre ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Y el Partido de los Trabajadores (PT) ya dejó en claro que la estrategia es insistir con la candidatura de su máximo líder hasta el final (y alegar ante cada revés que se trata de una persecución política). Mientras tanto, la idea de los petistas y sus aliados de movimientos sociales y sindicales, es presionar con desobediencia civil y huelgas generales.

Sin embargo, hay mucho de negación en esa estrategia. Aunque el Tribunal Electoral valide su candidatura, en discrepancia con una ley promulgada por el mismo Lula que dice que un condenado no puede ser candidato (los abogados del ex presidente dicen que pedirán que esa ley sea declarada inconstitucional), podría dar marcha atrás y anularla en plena campaña ante impugnaciones opositoras, que seguramente las habrá. En cuanto a un fallo de la Corte Suprema, aún cuando varios de los jueces que la integran fueron designados por el mismo Lula, es también bastante improbable que revisen una sentencia por unanimidad en segunda instancia.

En tal caso el PT deberá plantearse la pregunta madre: ¿habrá otro candidato capaz de retener esos votos? El nombre más obvio es el del gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, prácticamente ya candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso. No sólo cuenta con sólidos antecedentes políticos (fue candidato presidencial socialdemócrata en 2006, derrotado por Lula), y vasta experiencia en gobernar el Estado más populoso y rico del país. También cuenta con el respaldo de una fuerte estructura partidaria. Sin embargo, hasta ahora, Alckmin apenas arrastra un 7% de las intenciones de voto en las encuestas.

La otra precandidata de la izquierda, es la ecologista de la Red Sustentabilidad (Rede), Marina Silva: goza de un respaldo en las encuestas del 10%. Ex ministra de Medio Ambiente de Lula, en las elecciones de 2010 y de 2014 obtuvo un considerable caudal de votos: alrededor del 20% (aunque en ambas ocasiones quedó tercera detrás de Dilma Rousseff y los candidatos del PSDB, José Serra primero y Aécio Neves).

“Aunque Marina sería una de las candidatas que más podría capitalizar una hipotética salida de Lula, su problema es que está con un partido pequeño, sin estructura de apoyo en alcaldes, y es vista como alguien ambivalente, que en los últimos tiempos estuvo apartada del debate político”, señaló Thomaz Favaro, analista en jefe para Brasil de la consultora Control Risks.

Un Lavagna

Aunque Michel Temer logró capear la crisis económica y el país parece emprender rumbo ascendente, la mayor parte del electorado desprecia al sucesor de Dilma. El presidente que apenas goza de un 7% de aprobación, zafó no una, sino dos veces (gracias a un brote presidencialista de la coalición de gobierno), de ser suspendido por el Congreso por los delitos de obstrucción de la Justicia y asociación ilícita: por primera vez en la historia brasileña, la Procuraduría General presentó denuncias penales contra un presidente en ejercicio. Por eso, y a pesar de que su partido (PMDB) cuenta con una fuerza digna (el 14 por ciento de los escaños en Diputados y el 22 en el Senado), el presidente se abstuvo de nombrar un sucesor que herede su desprestigio. Y prefirió realizar gestos público hacia los principales actores de su bloque político, para tratar de recuperar influencia en la construcción de alianzas para las elecciones generales de octubre: en los últimos días, Temer dio señales de aproximación con Alckmin, mientras que le puso restricciones a una posible candidatura de su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, artífice de la recuperación brasileña, como Roberto Lavagna en la Argentina del 2002.

“Yo la impopularidad la aproveché para hacer reformas”, dijo Temer esta semana en una entrevista. “Pero ahora Brasil necesita un presidente surgido de elecciones y con respaldo popular. Por eso, desde el punto de vista político me gustaría que Lula pudiera disputar la elección… y que sea vencido. Si no puede participar a raíz de su condena, eso tensionará al país y eso no es positivo. Hoy Brasil vive en tensión permanente”, afirmó el presidente.

Mientras tanto, la prensa brasileña daba cuentas esta semana que la idea de Temer y sus asesores era organizar una coalición única de los dos partidos que participan de la alianza del gobierno (PMDB y PSDB), que conquiste al centro del electorado. Sin embargo, los principales ministros de Temer están incómodos con la idea, minando la unidad del bloque. Insisten en privado que Temer lleva desde fines del año pasado las negociaciones con Alckmin de forma aislada, y vieron con malos ojos que el presidente, en una entrevista con el diario “O Estado de S. Paulo” esta semana, minimizara la expectativa de que Meirelles pueda llegar a disputar la presidencia con el apoyo del bloque de gobierno. “Sería un gran presidente, pero, para mí, está claro que es mucho mejor que se quede en el ministerio”, dijo Temer, asegurando como Eduardo Duhalde en el caso argentino, la continuidad del timonel económico.

Un Trump

El presidente brasileño entiende que si no hay a la vista un candidato que enamore a parte de los votantes del PT, mientras embandera al arco anti Lula, es probable que gane espacio el voto bronca contra la política. Esa porción del electorado que harto de la corrupción y la creciente criminalidad, mira para otro lado.Y apunta a la renovación con un outsider. Hoy, de los 513 diputados federales, 195 enfrentan causas judiciales, y de los que votaron a favor de la destitución de Rousseff, el 58 por ciento atraviesa circunstancias similares. El 80% de los votantes ya no cree en sus instituciones. Además, el país bate récords de asesinatos: siete por hora. Los partidarios de la venta libre de armas han crecido del 30 al 43 por ciento desde 2013 según mediciones del instituto Datafolha. El 57 por ciento de los brasileños, sobre todo jóvenes de 25 a 34 años, apoya la pena de muerte. Eso supone un aumento de 10 puntos respecto de 2008.
Esas cifras explican el crecimiento en las encuestas de Jair Messias Bolsonaro, el ex policía que en 2014 se convirtió en el diputado más votado de Río de Janeiro. Hoy lo dan como el segundo favorito para ocupar la presidencia (por detrás de Lula), con el 17% de intención de voto.

Bolsonaro, que se se presenta como un outsider del Congreso y el político de la anticorrupción, expresa el fastidio con los políticos y el miedo de los brasileños frente al alza de la criminalidad. Con su discurso antifeminista, y su apología de la tortura y la homofobia, el diputado de 62 años promete también “mano dura” y el retorno a “los valores tradicionales de la familia heterosexual”. Asegura que en su gobierno la mitad de los ministerios serían dirigidos por militares por ser “los únicos libres de corrupción”. Y defiende la pena de muerte, la castración química y el fin del estatuto de desarmamento que prohíbe tener armas en sus casas: “Tenemos que poder defendernos de los bandidos, debemos hacer como los norteamericanos”. Precisamente del país del Norte tiene a su principal referente con el que muchos lo comparan: Donald Trump.
El 60% de su electorado son jóvenes, y según el Instituto de encuestas Datafolha, su éxito reside en la fuerza que tiene en las redes y “al igual que Trump, en su actitud de rebeldía y de decir lo que le da la gana”. Sus votantes “relativizan sus declaraciones y lo ven como el único líder que puede renovar el país”.